El lunes 16 de septiembre inició la discusión de los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral al respecto de las irregularidades en la financiación de la campaña electoral de Gustavo Petro. Este caso tiene grandes implicaciones para el gobierno del Pacto Histórico ya que podría ser el caballo de troya por el que se proponga un proceso de destitución del presidente en el congreso.
El primer presidente de izquierda de Colombia ha movilizado a los sindicatos y al Pacto Histórico en respuesta a esto, con el punto álgido siendo la concentración en la Plaza de Bolívar el 19 de septiembre y una gran asamblea nacional. La asamblea, según El País, convocó a diez mil personas a la plaza de Bolivar. El ánimo de la concentración tuvo altibajos, pero fue diciente que en la medida en la que la concentración puso la posibilidad de un golpe blando en la agenda, las masas concentradas en la Plaza se mostraron dispuestas a luchar a defender el gobierno que eligieron.
Ciertamente, el caso se ha vuelto un punto de inflexión. En la asamblea del 14 y 15 de septiembre, Petro tuvo la oportunidad de hablar y declaró con contundencia que hay un complot para asesinarlo usando un carro bomba que está planeado por elementos golpistas dentro de las fuerzas armadas. El trasfondo de esta disputa es la presión de la oligarquía en contra de un gobierno que ha llegado al poder gracias a las aspiraciones de millones de campesinos, obreros y jóvenes que lucharon en las calles entre 2019 a 2021 en contra del gobierno de Iván Duque en conjunto con el hecho de que el gobierno de Petro no ha podido conquistar las transformaciones sociales que estas aspiraciones representan.
Una campaña de calumnias
La campaña presidencial de Petro de 2022 se encontró con miles de embates en el camino a la victoria. La burguesía arremetió con todo lo que tenía, culminando con la filtración de los “Petrovideos” (comunicaciones dentro de la campaña en donde los dirigentes del Pacto Histórico discutieron de manera abierta la estrategia de la campaña y como atacar a sus contrincantes).
Durante los dos años de la presidencia de Petro, la presión no se ha reducido. Todas las instituciones del empresariado, desde gremios como la ANDI hasta supuestos órganos neutrales como el Banco de la República se han pronunciado en contra de todas y cada una de las reformas propuestas y las han presentado como un posible fin a la vida en Colombia como la conocemos.
Esta campaña en contra de las reformas ha tratado de mover la opinión pública en contra del proyecto del Pacto Histórico y se ha traducido en una oposición férrea en el plano parlamentario. Efectivamente, la única reforma que Petro ha podido pasar a través de las cámaras legislativas ha sido la reforma pensional. La laboral ha sido dilatada por un año, la de la salud ha pasado dos periodos legislativos sin pasar al congreso y la agraria ha tenido que ser implementada desde arriba para evitar estos atascos, con el ejecutivo redistribuyendo tierras a través del mercado y la nacionalización con compensación.
Este es el aspecto más taimado de esta guerra sin cuartel que la burguesía colombiana ha librado en contra de las reformas. La oligarquía colombiana ha movilizado marchas de la oposición en donde partidarios del Pacto Histórico han sido asaltados y se ha declarado la necesidad de tumbar el gobierno de Petro por cualquier medio necesario. Este ánimo golpista no se ha vuelto a expresar desde la marcha de los reservistas. Esto es en gran parte debido a la respuesta contundente de la clase obrera en las marchas del primero de mayo de este año, pero es notable ya que habla del ánimo de una capa de la oligarquía y de las fuerzas en las que se está apoyando.
La corrupción en Colombia
Es innegable que el aparato estatal colombiano ha sido corrompido por el narcotráfico y que muchos funcionarios públicos y oficiales electos están íntimamente vinculados con las prácticas criminales que funcionan como uno de los sectores económicos más importantes del país. Pero la cuestión de la corrupción no se puede resumir en una simple cuestión de la voluntad de quién evita la corrupción y quién la acepta. Es cierto que este mal se expresa en Colombia de manera particular debido a las condiciones que definen a la vida aquí. Sin embargo, en última instancia, las leyes generales del capitalismo se aplican de manera contundente en este contexto..
Vale la pena recordar que expresidentes como Iván Duque y Juan Manuel Santos estuvieron involucrados en casos de corrupción que afectaron directamente sus campañas. En el caso de la Ñeñepolítica, Duque recibió dinero y “servicios” (como la compra de votos) de parte de “Ñeñe” Hernández, un lavador de activos vinculado al narcotráfico colombiano. Por otro lado, el caso de Odebrecht en Colombia involucró la financiación de la campaña de Juan Manuel Santos por parte de la constructora brasileña, que estuvo en el centro de un escándalo de corrupción continental sin precedentes. A pesar de ello, ambos presidentes pudieron completar sus mandatos sin mayores contratiempos. De hecho, el caso de Duque fue archivado sin problemas, mientras que Juan Manuel Santos recibió el Premio Nobel de la Paz.Vale la pena recordar que ex-presidentes como Iván Duque y Juan Manuel Santos tuvieron casos de corrupción que involucraron directamente sus campañas. El caso de la Ñeñepolitica, en donde Duque recibió dinero y “servicios” (la compra de votos) de parte del “Ñeñe” Hernandez (lavador de activos para el narcotráfico colombiano) y el caso de Odebrecht en Colombia, que involucra la financiación de la campaña de Juan Manuel Santos de parte de la constructora brasileña envuelta en un escándalo de corrupción continental sin paralelos. Y sin embargo, ambos presidentes lograron servir sus términos sin muchos problemas. Efectivamente, el caso de Duque fue archivado sin muchos problemas mientras que Juan Manuel Santos ganó un premio nobel de paz.
Es claro que la verdadera motivación detrás de esta campaña contra Petro no es una lucha contra la corrupción, sino una lucha contra las reformas y el programa que impulsa el Pacto Histórico. Este programa es una amenaza directa a las ganancias de una oligarquía con lazos claros con el narcotráfico y el paramilitarismo. Su oposición no es una oposición “técnica”, en donde querrían estas reformas pero no están de acuerdo con los métodos, sino una oposición fundamental a la posibilidad de que los trabajadores reciban mejores salarios y un sistema de infraestructura social que mejore sus condiciones de vida a costa de sus ganancias.
¿Qué tan viable es un golpe blando?
En estos últimos dos años, los medios de comunicación han lanzado una ofensiva sin igual en donde todos los aspectos del gobierno del Pacto Histórico se han encontrado bajo ataque. Desde las calumnias al respecto de la vida personal de Petro (su relación con su hijo y el carácter de sus hijas) hasta el tipo de proyecciones que sugieren que el programa de reformas que el Pacto Histórico propone terminaría con Colombia “convirtiéndose en Venezuela”.
Sin embargo, vale la pena notar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) enfrenta numerosas trabas institucionales para lograr un golpe efectivo contra el presidente Gustavo Petro. La fecha límite para la investigación de la segunda vuelta de la campaña de Petro sería el 19 de Junio de 2025. Los siguientes nueve meses son decisivos al respecto de la posibilidad de sancionar la campaña de 2022 por corrupción. Es notable, también, que fue este mismo periodo de prescripción el que salvó la campaña de Juan Manuel Santos de ser investigada y llevó a la archivación del caso de la Ñeñepolitica. Aunque los límites legales pueden proteger al mandatario y el precedente histórico inmediato está a su favor, el hecho es que Duque y Santos eran presidentes cuyos mandatos y programas políticos favorecían a la élite de este país.
La oligarquía colombiana tiene preocupaciones apremiantes a la hora de llevar a cabo la posible destitución de Petro lo más rápido posible para prevenir las pérdidas que las reformas causarían, por no decir la inspiración que causaría la victoria de las reformas en las masas.
En este sentido es importante explicar que el CNE no es un actor neutro, a pesar de su composición como un consejo donde cada partido tiene un magistrado. Es claro que cada uno de los miembros dentro del CNE que se oponen a Petro reconocen esto como una oportunidad perfecta para atacar al presidente. Sin embargo, la realidad es que semejante maniobra expondría el verdadero carácter del estado como un órgano que gestiona los intereses de la clase dominante. Es muy poco probable que el ala “bienpensante” de la clase dominante se atreva a llevar a cabo un golpe blando (o duro) que destituya a Petro sin preparar el camino para justificarlo de manera política ante las masas.
De hecho, la mayoría de los opositores más acérrimos del gobierno han dicho que al presidente hay que dejarlo terminar su período y que lo quieren derrotar en las urnas. Al mismo tiempo, no pierden la oportunidad de usar la posibilidad de financiación ilegal de la campaña del 2022 como un arma para debilitar al gobierno. Por supuesto, no podemos caer en la inocencia de creer que todo lo que escupen estas víboras por la boca es verdad, pero sin duda su tono y estrategia no son las del ataque directo. En este caso, como dice el refrán: perro que ladra no muerde.
No obstante, lo que sí puede lograr el CNE es una arremetida a la credibilidad del Pacto Histórico e incluso remover la personería jurídica del partido político de Colombia Humana, pues está bajo su jurisdicción institucional. Esto, a largo plazo, le permitiría a la oligarquía política volver al timón después de haber pasado cuatro años luchando constantemente contra un gobierno reformista para bloquear y mitigar el daño que las reformas le harían a sus ganancias.
Si bien esta parece ser la perspectiva de una parte de la élite colombiana, hay que tener en cuenta que ellos no controlan totalmente las fuerzas que han movilizado. La posibilidad de un magnicidio en un país que ha visto a cuatro candidatos presidenciales ser asesinados a través del siglo XX (por no mencionar a figuras como Jaime Garzón) no está exactamente fuera de lugar. La clase dominante colombiana es muy particular, debido a sus conexiones con el narcotráfico y el paramilitarismo. Esto le ha dado un carácter violento que lleva al asesinato y la persecución de sindicalistas y militantes.
¿Cómo luchar contra el golpe blando?
Es claro que la elite colombiana no se va a detener ante nada hasta que haya una respuesta contundente de la clase obrera, el campesinado y la juventud que ha luchado por estas reformas. La historia de América Latina está llena de golpes de estado. Muchos de ellos han sido exitosos y le han permitido a las burguesías de cada uno de sus países presionar sus botas en los cuellos de la clase obrera. Es importante absorber esta historia con sus lecciones para prepararnos a los eventos por venir.
Vale la pena recordar la caída de Pedro Castillo en todo esto. La presidencia de Castillo tuvo un carácter histórico similar al de Petro: la elección de un presidente de izquierda en un país dominado por una oligarquía que no tenía medio para implementar las peores medidas de represión. Sin embargo, el gobierno de Castillo fue derrocado por la misma oligarquía peruana en un golpe de estado que culminó con 50 muertos y 1400 heridos, dirigidos por la usurpadora Dina Boluarte.
El camino a ese golpe fue similar a la situación en Colombia: la presión mediática y política de la oligarquía se tradujo en la mitigación del programa de reformas. Esta mitigación desmoralizó a los obreros y los campesinos e incluso, en algunos casos, le permitió a la oligarquía movilizar a ciertos sectores de la clase obrera y el campesinado contra el gobierno bajo falsas premisas, como vimos en el paro patronal de camioneros en Colombia y las protestas en contra de la inflación contra Castillo. Las concesiones de los reformistas a la oligarquía, tanto en Perú como en Colombia, no apaciguan al enemigo. Por el contrario, cada concesión valida sus métodos y les invita a aumentar la presión.
No obstante, vale la pena señalar que a través de episodios como la “crisis institucional” de Febrero, las manifestaciones del día internacional de la mujer en Marzo y un primero de Mayo que rompió con todos los esquemas tradicionales se demuestra que hay una capa de la clase obrera y la juventud, en particular, que está dispuesta a luchar en defensa de las reformas y contra la oligarquía que amenaza su implementación. La mitigación de estas es de gran importancia para ellos, sí, pero también reconocen correctamente el carácter retrógrada de la oligarquía que mantendría condiciones de austeridad y represión amplia en medio de la crisis mundial del capitalismo.
Está conexión se tiene que expandir a un frente único que permita a las organizaciones de la clase obrera trabajar de manera mancomunada en defensa de un gobierno elegido por los obreros, los campesinos y la juventud y que representa a los paros nacionales del 2019 y del 2021. Semejante frente unido tiene que aclarar que la posibilidad de una destitución (institucional o violenta) de Petro debe ser respondida con bloqueos, manifestaciones, huelgas y ocupaciones en defensa de los derechos democráticos más básicos y proponiendo ir más allá de los límites del reformismo.
La única manera de sobrellevar la reticencia de las masas, sin embargo, es ayudando a que las capas avanzadas que están en pie de lucha por las reformas conecten con la clase trabajadora y se atrevan a proponer reformas que de verdad resuelvan los problemas de las masas. A pesar de la base de apoyo del presidente, es claro que Petro ha mitigado su programa ante la presión de la clase dominante. Esto, en conjunto con las constantes negociaciones, genera una desconexión entre la fraseología radical del presidente y sus acciones.
Es claro que el camino legislativo ha llegado a un atolladero. Las reformas del Pacto Histórico se encuentran atoradas en una rama legislativa que está conectada por miles de hilos al control de los clanes políticos y las grandes empresas como el Grupo AVAL, la organización Ardila Lule, el grupo Santo Domingo, entre muchos otros. El Pacto Histórico ha intentado salir de este callejón sin salida a través de negociaciones constantes con la oligarquía, ofreciéndoles un acuerdo nacional y la posibilidad de gobernar en conjunto, pero la clase dominante se rehúsa a ceder un ápice. Ante esta impasibilidad, el Pacto Histórico ha pasado de ofrecer un sistema de salud de un solo pagador a un sistema mixto. Lo mismo con las pensiones. Pero el gran empresariado colombiano no quiere aceptar ninguna reforma que afecte el balance final de sus cuentas.
Al mismo tiempo, está claro que la clase dirigente está preparando acciones extraparlamentarias contra el gobierno. El Pacto Histórico debe estar atento. Ante esta situación, lo que proponemos es que el Pacto Histórico tiene que romper enteramente estas “negociaciones” con la burguesía y apoyarse en las masas a las que llama constantemente a las calles para ir más allá de las manifestaciones y los bloqueos.
Días de acciones y protestas son importantes, pero sin la acción colectiva de los obreros y los campesinos en el punto de producción, que es exactamente la base del poder del empresariado, solo pueden ir hasta cierto punto. Cuando dicen que es imposible nacionalizar el sistema de salud, tenemos que explicar que solo es imposible si se quiere preservar a las más de 100 clínicas que facturaban subsidios sin operar, por ejemplo.
Creemos que el Pacto Histórico tiene un deber con los once millones de obreros, jóvenes y campesinos que lucharon por él en el 2021 y lo llevaron al poder en el 2022. Esa responsabilidad requiere el máximo nível de intransigencia contra la oligarquía que busca ahogar las reformas en su cuna. Es claro que Petro está dispuesto a luchar por estas reformas, solo hasta el punto en que pueda mantener la estabilidad dentro del capitalismo. Pero los comunistas entendemos que todas las medidas de estabilización implementadas solo preparan una nueva crisis a largo plazo.
Cada manifestación y cada discurso demuestra un carácter combativo. Pero las masas que apoyan al Pacto Histórico no pueden depender nada más de la crítica a la oligarquía responsable por las muertes y la explotación de los obreros y el campesinado colombiano.
Es necesario mostrar el camino para romper la resistencia de los jefes. Está claro que esta lucha debe comenzar en la calle, pero debe terminar desmantelando todas las instituciones corruptas del capitalismo colombiano y comenzando la transformación socialista de la sociedad.
¡Adelante!
