La guerra contra el wokismo de Abelardo de la Espriella: ¿qué significa y cómo enfrentarla?
“Se acabó la perversidad de convertir la cultura en mecanismo de adoctrinamiento (…) el Estado tiene el deber moral, insoslayable y político de impedir que los espacios culturales sean captados por el social comunismo ateo y enemigo de los valores fundamentales (…) de la nación de Colombia. Desde aquí empezará esa contrarrevolución cultural. Vamos a acometer una lucha abierta, decidida y patriótica contra el wokismo”.
Esas fueron las declaraciones que dio Abelardo de la Espriella el pasado 15 de octubre, día que ordenó el retiro de 47 obras del Museo Nacional de Colombia por supuesta apología al terrorismo y adoctrinamiento político. Las obras censuradas retratan la historia de los movimientos LGBTQ+ y feministas, de la séptima papeleta junto con la Constitución de 1991, del conflicto armado, del líder del M-19 asesinado Carlos Pizarro, entre otros.
El gobierno, con la excusa de ponerle término a una supuesta historia oficialista fabricada, está generando la suya propia; está buscando borrar de la memoria nacional las luchas por la justicia, la diversidad y la igualdad de los movimientos sociales en un intento por fortalecer el poder de las clase burguesa de la que forma parte a través del afianzamiento de narrativas que promueven la familia tradicional, la propiedad privada, y la legitimidad del Estado nación.
Pero el propósito de esta guerra no se agota con la búsqueda por conquistar el significado de las palabras; la nueva derecha populista inaugurada por Donald Trump e importada a Colombia a través de Abelardo la están utilizando, sobre todo, como una burda coartada mediática que provoca indignación rápida para enterrar en esa montaña de declaraciones ridículamente ofensivas los recortes fiscales junto con la crisis económica venidera, fomentada por las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y las fuerzas reaccionarias de la burguesía.
Como marxistas, denunciamos esta censura contra las obras del Museo Nacional, que pretenden silenciar años de lucha de clases; pero también entendemos que la guerra cultural está impulsada por objetivos ulteriores que escapan a la misma valoración de la cultura como un campo de influencia política. La única forma de poner fin al borrado de la historia proletaria, de asegurar la libertad a la diversidad sexual, y de proteger la expresión artística es con una revolución socialista que quiebre totalmente con el leviatán capitalista que se alimenta de la discriminación de las minorías, instrumentalizando su opresión con el fin de causar división dentro y entre las clases explotadas, y tapar las crecientes crisis económicas que son un punto regresivo para los derechos de los trabajadores.
El término woke nace de la comunidad negra de Estados Unidos, donde la palabra significaba en un principio el permanecer atentos y conscientes a la discriminación racial y al supremacismo blanco. Es al escritor William Kelleya quien se le da el crédito por usar el término por primera vez, cuando publicó un artículo titulado “if you are woke you dig it” (si estás despierto lo entiendes) en donde denuncia la apropiación del lenguaje vernacular afroamericano por parte de los blancos en ese país. En tiempos recientes, la palabra fue popularizada por varios movimientos por los derechos de las personas negras y se volvió especialmente relevante durante las protestas de 2020 que estallaron, por el asesinato de George Floyd a manos de un policía en Minneapolis. Entre muchas otras reivindicaciones, los manifestantes reclamaban la enseñanza de la historia negra en las escuelas gringas como parte del programa escolar básico, tema que había sido en gran parte ignorado hasta ese momento.
La reacción republicana tomó la palabra «woke» de los movimientos negros para convertirla en sinónimo de todo lo que consideraran una amenaza al sistema capitalista desde la dimensión educativa y cultural. Estos líderes populistas entendieron muy bien que una gran manera de mantener al proletariado dividido era precisamente la imposición de medidas polémicas y el discurso de odio en contra de las minorías. Ejemplos notorios son el “Stop W.O.K.E Act” (la ley de “no más wokismo”), que limitó gravemente la facultad de las instituciones educativas de discutir en las aulas temas relacionados con la raza y el género; o el desmantelamiento de la CRS (Community Relations Service) en septiembre del año pasado, que se encargaba de brindar asistencia en la resolución de conflictos originados por discrimación racial.
Abelardo de la Espriella ha calcado exactamente la estrategia reaccionaria que inició con Trump en Estados Unidos. Empezando por su gabinete, se resalta la presencia de Ilva María Hoyos como ministra de educación y de Alejandro Órdoñez ministro del interior en reemplazo a Rodrigo Lara–, ambos conocidos por sus posturas conservadoras contra el derecho al aborto, y la diversidad de género.
Inmediatamente después de la posesión, Abelardo no tardó en poner en marcha la lucha contra el wokismo. En septiembre el gobierno anunció que Colombia se retiraría de la Coalición por la Igualdad de Derechos LGBTIQ+, mecanismo internacional diseñado para promover los derechos de esta minoría; y anteriormente, la directora del ICBF María Carolina Restrepo removió un mural del colectivo de niñas Resistencia Chiquita de una de las sedes de la entidad en Bogotá, denunciando un supuesto abuso, y señalando que “un niño lo único que tiene que hacer es jugar”. Aún más, durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el delegado colombiano Álvaro Ayala Mendez rechazó usar términos como racismo sistemático alegando que estos “no tienen una definición convencional precisa”, y afirmó que el gobierno únicamente entiende con el término salud menstrual “el acceso al agua, el saneamiento, la higiene, la información y la atención sanitaria”. A pesar de haber evidencia científica más allá de toda duda razonable de que el racismo es un fenómeno sistémico que segrega a sujetos basados en su color de piel, en donde se priva a la población negra de las mismas oportunidades que tienen los blancos; o que millones de mujeres hoy en el mundo no pueden permitirse comprar productos de higiene menstrual ni continuar con su vida corrientemente por esto; el gobierno de Abelardo de la Espriella –representante de los intereses de la clase dominante, la oligarquía del país– no tiene ningún interés en atender los problemas de la mayoría de la población, a los que ha renunciado irresponsablemente y con desdén. Lo que delata esto es claro: a la clase dominante no le importa pisotear los derechos de la mayoría si con ello obtiene beneficios; si hacerlo les ayuda a pasar por debajo de la mesa sus desastrosas medidas económicas y avivar el odio entre el pueblo colombiano lo harán sin titubear.
En esa misma línea el gobierno está tramitando una nueva ley en el congreso, el “Estatuto Antiterrorista” que pretende brindarle aún más poder al ejecutivo, que bajo la norma podría tachar a su arbitrio de terrorista o colaborador de terrorismo a todas las organizaciones que le desagrade, incautar sus bienes y cancelar contratos sin mediación de un juez. Esto es relevante en el marco de la declaración que dió de Abelardo sobre obras que fueron removidas del Museo Nacional: “Le dí instrucciones (…) a la ministra, para que toda esa oda al terrorismo en la que aparece Pizarro, y demás terroristas, sea desaparecido de los lugares públicos”.
Calificar de terrorista líderes que aspiraban genuinamente a representar los intereses de las clases populares en el país, a la vez que se está empujando una ley que amplía la definición de terrorismo, revela la intención del gobierno de criminalizar a los movimientos sociales; intención que si no es detenida, podría potencialmente terminar por proscribir a organizaciones políticas de oposición como el pacto histórico y el partido comunista. Esta preocupación no es descabellada, es perfectamente plausible si estudiamos la historia de Colombia. Después de todo, los mismos Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro que hoy el gobierno quiere olvidar fueron asesinados por el Estado, por personas vinculadas al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Ambos líderes fueron asesinados mientras eran candidatos presidenciales para las elecciones de 1990; por la Unión Patriótica y la Alianza Democrática M-19, respectivamente, partidos nacidos de los acuerdos de cese al fuego entre las guerrillas armadas con el gobierno. Estos partidos de izquierda representaban una amenaza para las élites nacionales, que temían el surgimiento de un movimiento de masas que las derrocara del poder; la UP por ejemplo, al año siguiente de su creación alcanzó cerca de 330 mil votos para las elecciones presidenciales de 1986, el mejor desempeño de un partido de izquierda hasta ese momento en la historia de Colombia. Por eso los asesinatos no fueron ninguna coincidencia, el paramilitarismo y el DAS actuaron en defensa de la oligarquía colombiana, la misma que hoy en día tiene a su representante máximo a Abelardo de la Espriella.
¿Cómo combatir en la batalla cultural?
Apenas han pasado tres meses desde el inicio de su periodo presidencial y no cabe duda de que la batalla cultural ha llegado a Colombia. Abelardo, como Trump, está utilizando la guerra cultural como una forma de dividir a los trabajadores, asegurar capital político aprovechando las desigualdades estructurales de la sociedad en contra de los grupos minoritarios, y borrar del ecosistema cultural e histórico cualquier idea que lo desafíe.
La batalla cultural es una estrategia poderosa en manos de los populismos de derecha porque ellos son conscientes del poder que tienen las ideas de desorganizar a las clases explotadas, quienes únicamente bajo un esfuerzo y dirección conjunto reunirán el suficiente poder para derrocar de una vez por todas tanto el Estado como el capitalismo, instaurar una verdadera democracia obrera, y fundar una sociedad verdaderamente participativa en donde el diálogo popular conduzca hacia la extinción de las clases, de la desigualdad.
Lo que Abelardo busca es precisamente desgastar en la guerra cultural mientras pasa desapercibido un periodo retrógrado para los derechos de la clase obrera en el país. Sin embargo, esta táctica está destinada a fallar. El problema principal para el gobierno es la crisis económica gestándose debajo de la superficie. La necesidad pronta de implementar recortes al estado de bienestar sin la posibilidad de generar trabajos e incrementar salarios significa que estos ataques serán vistos correctamente cómo la criminalización de cualquier intentó de conquistar mejores condiciones de vida.
La tarea principal que debemos asumir es desenmascarar los intentos de la oligarquía de encubrir la lucha de clases que ellos están librando contra los obreros y campesinos con “la guerra cultural”. El gobierno de Abelardo intenta usar la guerra cultural para presentarse cómo un gobierno de los de nunca. Sin embargo, es claro que él representa a la oligarquía de este país con orgullo. Para derrocarlo, se requiere atacar exactamente dónde le duele a sus patrones: en el bolsillo.
Como comunistas estamos a favor de la lucha por la liberación de las comunidades oprimidas, explicando que esta lucha sólo se puede llevar a cabo con una estrategia de lucha de clases. La clase dominante usa estos bulos para esconder el hecho de que explotan a la amplia mayoría de la población y la despojan de sus recursos.
Entendemos que la cultura por naturaleza siempre ha florecido en periodos históricos de alta socialización y esparcimiento, en el transcurso de replanteamientos colectivos acerca de quiénes somos, a qué lugar queremos ir, qué es el mundo y cúal es nuestro lugar en él. La instauración de nuevas relaciones de producción, a las que le precede la revolución no solamente son el arma destinada a fulminar las enredaderas podridas del capitalismo, también resulta ser el suelo más fecundo para enaltecer y provocar una verdadera explosión cultural que incluya a todas las comunidades a quienes la expresión cultural se les ha negado a través de los siglos.