El 13 de septiembre, Abelardo de la Espriella anunció un protocolo para que la Policía pueda intervenir en las universidades públicas ante hechos de «violencia, vandalismo o terrorismo» . El rector de la Nacional, José Ismael Peña, dijo que la medida «no tiene ningún efecto» y que la solución es la inteligencia, pero aclaró que ante un delito la Policía puede entrar al campus «sin pedirle permiso a nadie» y pidió definir bien el protocolo. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo advirtió que el protocolo puede restringir la protesta, y la medida evoca la masacre de 1984, uno de los capítulos más sangrientos del movimiento estudiantil colombiano.
¿De dónde surgen estos ataques contra la autonomía universitaria? ¿Cómo debe responder el movimiento estudiantil?
El pretexto de la seguridad
El Gobierno justifica su intervención con problemas que existen dentro de las universidades, como el microtráfico y otras formas de delincuencia. No hay que negarlos, pero la entrada de la Policía no los va a resolver: estos van a entrar, reprimir e irse, mientras las causas siguen ahí. Una solución de fondo tiene que salir de quienes viven la universidad todos los días, organizados en un gobierno universitario que decida cómo cuidar el campus.
Pero hoy ese gobierno universitario no existe, y la Nacional llega a este ataque debilitada por el paro de este año. La universidad venía de un largo paro que empezó a inicios de año por la imposición de Peña como rector por encima de los mecanismos democráticos de la institución. El paro se suspendió bajo la promesa de una constituyente que reformaría el estatuto general y democratizaría el gobierno, y la dirigencia estudiantil, que había entrado a la movilización con dudas, no presentó una estrategia clara ni una salida real frente a esa promesa. El resultado fue un desgaste del que el movimiento no se ha repuesto: las mismas políticas que colocaron a Peña en el poder siguen intactas. Hoy el rector escoge decanos por fuera de la voluntad de las mayorías, y se mantiene en el cargo pese al rechazo de la comunidad.
Para entender por qué la táctica de haber abandonado la lucha contra Peña para defender la constituyente fue un error, debemos imaginar al gobierno universitario como un pequeño país. Así como en un país el Estado no es un ente neutral, pues responde a los intereses de la clase dominante, o sea la minoría acomodada, tampoco lo es el gobierno de la universidad. Por eso esperar que la democratización saliera de las mismas autoridades que gobiernan la universidad fue el error de fondo.
La estructura de gobierno en la universidad está compuesta por burocracias acomodadas en sus puestos, que reciben beneficios materiales de estar ahí —grandes salarios, cargos que ocupan durante años sin rendir cuentas—. Esta burocracia no tiene ningún interés en hacer más democrática la estructura universitaria, porque hacerlo pondría en riesgo su propia permanencia.
Una gestión más democrática, con participación amplia, suena bien y puede ayudar en ciertas cosas, pero no resuelve los problemas de fondo ya que deja a la misma burocracia administrando la universidad. Tener una mayor participación no cambia quiénes deciden en última instancia, y tampoco se logrará negociando con quienes construyeron estos mecanismos para evitar la decisión de las mayorías.
Si en verdad queremos que la universidad se vuelva un espacio democrático, la clase trabajadora y el estudiantado deben de administrar la universidad directamente, sin intermediarios que solo buscan enriquecerse. Esto significa construir una instancia que sea la expresión del poder universitario amplio: que no se reduzca a lo consultivo, sino que decida sobre el rumbo de la universidad, con representantes de los profesores, del estudiantado y de los trabajadores de servicios, sin privilegios salariales, con la puerta siempre abierta a la revocabilidad y sin injerencias de la política tradicional ni oportunismo. Así, quienes asuman responsabilidades tendrán que responder ante las demandas del movimiento, no ante sus propios intereses.
Como planteamos al inicio, este mismo gobierno universitario es la respuesta a los problemas de seguridad. Con estudiantes, profesores y trabajadores decidiendo, se puede organizar a personas de la misma comunidad para encargarse del cuidado del campus y de ampliar y proteger los espacios de ocio y de formación. Abrir la puerta a discutir abiertamente cómo se enfrentan los problemas sin el ingreso de actores externos. Obteniendo la prueba que permite demostrar que la comunidad puede gobernarse a sí misma.
Si la comunidad puede resolver sus propios problemas, ¿qué necesidad hay de que entre la Policía? Y si aun así insiste, queda claro que para el Gobierno el problema no es la seguridad y que sus intereses van más allá de combatir a estos supuestos actores ilegales.
¿Qué hay detrás del ataque?
Como ya mencionamos en nuestro artículo “Abelardo no puede huir de la crisis del capitalismo”, este Gobierno se enfrentará a una crisis nacional en distintos niveles: desde el fenómeno de El Niño hasta los impactos que tendrá en la economía nacional la guerra en Irán. Todo esto, sumado a una situación fiscal que empeora, lo lleva a buscar un colchón económico en mecanismos internacionales como el FMI. Esa supuesta ayuda económica vendrá con condiciones: reducción del Estado social y mayor libertad para las empresas extranjeras en el país.
La clase dominante no puede permitirse pérdidas en fábricas y universidades que no le proveen ganancias inmediatas. La tarea más urgente del presidente es hacer recaer todo el peso de la crisis sobre la clase trabajadora y, con ella, sobre el movimiento estudiantil y la universidad pública, uno de los sectores del país que menos apoyo le brinda.
¿Pero cómo es que atacar a la universidad pública supone una respuesta frente a la crisis económica? La Ley 30 establece que el presupuesto estatal para las universidades públicas se ajuste solo según el IPC —la inflación—, y no según el crecimiento real del número de estudiantes que éstas reciben. Esto produce un desgaste gradual: a medida que la universidad recibe más estudiantes, no recibe ingresos de forma equivalente. El resultado se traduce en problemas de infraestructura, falta de financiación y aumento en las matrículas. También en condiciones indignas para docentes y trabajadores, reducción del plantel profesoral y tercerización laboral precaria.
Todo esto trae consigo la disminución en la calidad de la educación impartida en las universidades públicas, forzando a miles de jóvenes a endeudarse en el Icetex para acceder a universidades privadas.
El ataque a la universidad pública no se queda solo en la obtención de beneficios económicos. Tiene también una justificación ideológica: estigmatizar al movimiento estudiantil y la protesta social. Saben que el estudiantado y la juventud están entre los primeros sectores que saldrán a oponerse a sus políticas. Estos movimientos siempre han sido los barómetros más sensibles del descontento social, y frecuentemente son los primeros en salir a la lucha en defensa de sus derechos. Les resulta más fácil sumarse: perciben la injusticia de forma más aguda y están menos atados por la rutina.
Este temor tiene sus bases en lo que el propio movimiento ya ha demostrado: el Gobierno conoce lo que logra el movimiento estudiantil cuando se organiza. La juventud fue protagonista del Estallido de 2021, el paro de la Universidad Nacional duró cerca de cuatro meses, que tras fuertes manifestaciones y con la intervención del Ministerio de Educación, terminó con el CSU nombrando a Múnera. Peña solo asumió efectivamente la rectoría en febrero de 2026, casi dos años después de su designación. Y hoy el 65,2 % de los jóvenes de 18 a 24 años desaprueba al presidente.
No en vano el movimiento estudiantil es uno de los más atacados en la historia de nuestro país, con 588 estudiantes universitarios asesinados entre 1962 y 2011. Por eso necesitan criminalizarlo y tener lista la fuerza de choque con la que van a responder cuando lleguen las primeras protestas. Buscan sembrar la idea de que todas las organizaciones estudiantiles, obreras y populares de izquierda están conectadas, de una forma u otra, con las FARC o el ELN. El objetivo último es reprimir la movilización obrera y popular que ha empezado a resurgir en los últimos meses.
La expresión más patente de esto la encontramos en Semana, el medio favorito de la burguesía para propagar sus mentiras. Ahí escribieron recientemente sobre un supuesto informe de inteligencia según el cual «los grupos armados ilegales se han concentrado en instrumentalizar a jóvenes con pensamientos revolucionarios (…) Ellos podrían echar mano de la campaña mundial antiimperialista, del rechazo a la intervención de Estados Unidos en diferentes países o, incluso, la supuesta violación de la autonomía universitaria» . Así, meten en el mismo saco de los grupos armados a cualquier organización revolucionaria que se pronuncie honestamente sobre las injusticias de nuestra sociedad.
Buscan implementar un programa de austeridad que socialice las pérdidas y privatice las ganancias.. Aún sienten las heridas que les dejó el Estallido Social de hace 5 años, como lo dice el mismo artículo de Semana: «la inquietud de las autoridades es la posible incitación a protestas sociales que generen un efecto como el ocurrido con el estallido de 2021» .
Frente a este ataque, esta lucha no se debe ver como movimientos separados de estudiantes, trabajadores y profesores: debemos apuntar a construir una sola lucha en defensa de la autonomía universitaria frente a los ataques de Abelardo, que busque también la salida de Peña, cuya rectoría representa la continuidad de una estructura burocrática que gobierna la universidad por encima de las mayorías que la componen. Para lograr esto debemos recoger a todos los sectores de la comunidad universitaria que se ven afectados por sus políticas, incluyendo a los trabajadores tercerizados. Y esa lucha no puede ser solo de la Nacional porque el ataque es contra todas las universidades públicas y una conquista aislada se revierte con facilidad.
Pero esto no debe quedarse ahí: debemos saber proyectar la lucha más allá de los límites de la universidad. El conflicto que estamos viviendo hace parte de una lucha más amplia en contra de la oligarquía colombiana y el sistema que la sostiene. Como vimos, el ataque a la universidad pública hace parte del mismo plan de ajuste que el Gobierno prepara contra toda la clase trabajadora: ha anunciado que busca recortar cerca de 60 billones de pesos del presupuesto, y la universidad es apenas el primer lugar donde espera resistencia. La relación va en dos direcciones, por un lado están quienes sostienen la universidad todos los días, desde los empleados tercerizados hasta los profesores, y por otro están los estudiantes de hoy, que serán la clase trabajadora de mañana. Una derrota del movimiento estudiantil le abrirá camino al gobierno para golpear con más fuerza a los trabajadores.
¿Qué hacer?
Los estudiantes, por sí solos, tienen un poder limitado frente al capital. Un paro estudiantil puede ser una explosión de indignación juvenil, pero no afecta directamente la capacidad de los capitalistas para explotar y seguir generando ganancias. Por eso la tarea no puede quedarse en la universidad: hay que dialogar con los trabajadores, dentro y fuera de ella, ganarse su solidaridad y llamarlos a sumarse a una lucha más amplia contra la austeridad.
La oligarquía tiene especial interés en la Universidad Nacional por ser la más grande y combativa del país y porque, para ellos representa un negocio sumamente lucrativo. Ese negocio lo sostienen debilitando a todas las universidades públicas, y no solo a la Nacional. Hay que actuar en apoyo a las otras universidades que han salido a manifestarse en este periodo: la UPTC, la de Antioquia y la UIS ya han dado las primeras muestras de lucha. Se debe articular el movimiento del estudiantado de las universidades públicas bajo una misma bandera, y empujar desde las bases de la Universidad Nacional a los líderes de los movimientos para sacarlos de su letargo o, si es necesario, reemplazarlos, y así empezar la defensa de la autonomía universitaria.
Es correcto el llamado a participar en el paro nacional de noviembre, y eso debe ir sumado a recoger a los trabajadores precarizados de la universidad y sus luchas por una contratación directa y por asegurar los recursos para lograr esto. Esos recursos no se van a conseguir solo con una lucha interna. Faltan porque el Estado desfinancia a varios sectores a la vez, y la crisis del capital lo empuja a recortar aún más; conseguirlos exige una lucha nacional que cubra a desempleados, maestros y trabajadores de todas partes.
Además esos recursos sí pueden aportar a mejorar la seguridad y debilitar posibles grupos armados allí infiltrados. Pero no con represión, como ya se dijo, sino solucionando de raíz los verdaderos problemas de la universidad por los que muchos jóvenes, desesperados, toman las vías del ultraizquierdismo.
Esa misma lucha nacional es también lo único que puede impedir que se le dé vía libre a la Policía para entrar a los campus. Al Gobierno le resulta fácil imponerse a una comunidad dividida, pero no a universidades públicas organizadas y respaldadas por la clase trabajadora.
Y esta no es una lucha que se limite solo a Colombia. Podemos ver al movimiento estudiantil francés, que empezó con estudiantes de secundaria y se ha extendido a las universidades; con esto ya ha sacado a las calles a cientos de miles de jóvenes contra el ataque a la educación. El Gobierno francés ha respondido con represión, incluso con la entrada de la Policía a una universidad en París, pero lejos de frenarlo, esa represión generó indignación y solidaridad, y el movimiento rechazó las concesiones simbólicas que se le ofrecieron. Su éxito dependerá de que se organice en asambleas y se una a los trabajadores, el mismo camino que planteamos aquí. Allá y acá, la crisis del capitalismo se descarga sobre la juventud y los trabajadores, y la respuesta es la misma: la lucha es internacional.
Por eso, la única herramienta que nos queda es la fuerza de las mayorías en protesta y organizadas; así lo han mostrado las luchas obreras y lo muestran hoy los estudiantes franceses. Este es el único camino para derrotar a Abelardo y a la oligarquía colombiana. Nuestra tarea es llevar la lucha hasta las últimas consecuencias, unificando las luchas de las distintas organizaciones y movilizaciones obreras y estudiantiles en torno a un programa socialista que logre vincular la lucha por las reivindicaciones y necesidades más inmediatas de las masas con la necesidad de transformar la sociedad.
¡No a la caza de brujas en las universidades públicas!
¡Retirada inmediata del protocolo que permite al Gobierno entrar a las universidades y perseguir a estudiantes y profesores!
¡Basta de criminalización y persecución contra el movimiento estudiantil en Colombia!
¡Fuera Abelardo y su mascota Peña de la universidad!
