Durante su campaña, Abelardo de la Espriella prometió una serie de medidas que desharían las reformas de Petro y frenarían el crecimiento de los grupos armados ilegales en un plazo de 90 días.
Esta ofensiva reaccionaria incluía un despliegue militar para luchar contra el narcotráfico, un rescate al sistema de salud con una inyección inmediata de hasta $10 billones de pesos y el reinicio de contratos de exploración de gas y petróleo, junto con el inicio del fracking en territorio nacional. De acuerdo con la Silla Vacía, el 67 % de las decisiones del gobierno de Abelardo han sido para desmontar decisiones tomadas por gobiernos anteriores.
El cimiento de estas iniciativas es una reforma tributaria que plantea ataques a las condiciones de vida de la clase obrera en casi todos los aspectos posibles para justificar un nuevo crédito del FMI. En esencia, la clase dominante le está pasando la factura de la crisis causada por la pandemia a la clase obrera.
Estancamiento económico
La oligarquía colombiana ha visto las caídas históricas de la inversión en el país (un 15 % del PIB en el primer semestre del año) y plantea las reformas como el problema de fondo. Si bien es enteramente posible que los analistas de riesgos consideren la volatilidad del marco legal un factor a la hora de no invertir en Colombia, probablemente también consideren que la productividad del país está en el 40 % del promedio de la OCDE. Este estancamiento se ha visto en caídas en la manufactura que vaticinan una crisis industrial.
Este panorama plantea una crisis existencial para la clase dominante colombiana. Los “amos y maestros” de la cuarta economía más grande de América Latina solo pueden justificar su existencia en la medida en que puedan vender la fuerza laboral colombiana al menor precio posible en el mercado internacional. Es por esto que se preocupan tanto por la inversión.
José Manuel Restrepo y Miguel Gómez, los economistas oficiales de Abelardo, se han convertido en sus zares de la austeridad con un enfoque de dos vertientes: Por un lado, el presupuesto radicado en octubre, que recorta en un 40% los subsidios a los pobres. Por otro lado, una tributaria que plantea pasarle el costo de la crisis a la clase obrera atacando directamente la canasta familiar, con incrementos a los precios de los bienes básicos cómo el café y el azúcar.
Sin embargo, la clase dominante puede ejecutar todas las contrarreformas posibles y tal vez atraer algo de la inversión que se fue durante la presidencia de Petro. Pero la realidad es que toda la inversión que puedan traer no puede crear un mercado que absorba todas las mercancías producidas. Sólo el 33 % de la riqueza nacional va a los trabajadores formales, mientras que un 50,6 % va al capital, de acuerdo al DANE. En estas condiciones, se prepara una ola de despidos, recortes salariales y ataques a las condiciones de vida de la clase obrera para tratar de compensar el costo de producir sin vender.
Finalmente, está la cuestión de la deuda, que está en 52% del PIB y cuyos intereses cubren un 4.2% adicional del PIB. Abelardo y su clase claramente reconoce que la productividad colombiana es demasiado baja para una recuperación económica y que por eso necesita atraer inversión y préstamos del FMI. Los términos del FMI para prestar dinero requieren reformas tributarias que alivien la carga de los impuestos a la clase dominante y la privatización de empresas públicas. En ese sentido, el Estado ha usado todo el gasto comprometido para facilitar el rescate de las EPS a través de la UPC, financiar los fondos de pensiones privados y las universidades privadas.
En cada aspecto de la cuestión económica se ve el carácter sumiso de la oligarquía colombiana ante los imperialistas, con Estados Unidos como el socio mayoritario en la explotación de la clase obrera colombiana y sus recursos. El acuerdo con el FMI prepara la venta de la economía colombiana por partes y es por esto que el gobierno está tratando de implementar la mayor cantidad de recortes posibles para facilitar este préstamo.
Las elecciones de medio término en EE.UU también juegan un papel aquí. El paso del congreso a manos de los demócratas puede poner en riesgo la inversión de mil millones de dólares prometida de parte del gobierno de Estados Unidos durante la posesión de Abelardo que resulta crítica en el panorama anterior. Si bien el Escudo de las Américas probablemente mantendrá la militarización del continente a su paso, la realidad es que la clase dominante perderá un margen de maniobra abrumador sin mayor ayuda financiera de sus benefactores en Washington.
¿Seguridad para quién?
Lo que el gobierno de Abelardo no gastará en el Estado de bienestar, lo gastará en el aparato de seguridad. En su presupuesto, ellos han destinado un 11% para financiar la defensa y la Policía. Aparte, planean atraer inversión privada nacional e internacional para recuperar aeronaves fuera de servicio y construir las diez mega prisiones cotizadas en 57 millones de dólares en total. No solo eso: incluso plantean la militarización de ciudades cómo Bogotá.
Si bien el ejecutivo plantea la lucha contra el narcotráfico, la ley antiprotesta revela para quién es el mensaje: el movimiento obrero. Es claro que Abelardo reconoce que sus recortes enardeceran la furia de la clase obrera y que su camarilla planea amalgamar la lucha entre los dos, acusando a las organizaciones de la clase obrera de estar controladas por los grupos armados.
Este manual de estrategias es claramente propuesto por el Partido Republicano desde Washington. Desde la intensificación del bloqueo contra Cuba, Marco Rubio ha vinculado a varios movimientos dentro de Estados Unidos con el gobierno cubano en un intento claro de criminalizarlos. Es con este propósito que 300 soldados estadounidenses han viajado a Colombia para entrenar personal militar colombiano en violación de la Constitución del 91.
Ciertamente, no somos defensores de la constitución del 91. Pero la cuestión es que durante cuatro años la clase dominante lanzó una ofensiva contra Petro y el movimiento social por atreverse a sugerir que la Constitución debía ser reescrita para servir a los intereses de la clase obrera hoy. Ahora que la clase dominante necesita proteger sus intereses, la Constitución es claramente letra muerta para ellos.
Pero el mayor impacto social que tendrán estas medidas es que revelarán el dilema de la sociedad colombiana de manera contundente: libros o bombas, pan o fusiles. El Estado claramente prefiere las bombas y los fusiles porque necesita forzar a la clase obrera a aceptar salarios menores.
El terremoto
En cada terreno de la vida política es claro que la oligarquía prioriza las ganancias de unos pocos por encima del bienestar de la mayoría. Las consecuencias devastadoras de esta perspectiva se demuestran de manera más acuciante con el terremoto.
Cerca de 487 000 personas y 255 000 inmuebles destruidos o averiados han estado esperando que el «Fondo Milagro» entre en acción. Actualmente, este fondo apenas cubre el 5% de los 54 300 millones de pesos requeridos para reconstruir las viviendas e inmuebles damnificados.
Las edificaciones reportadas para demolición son setenta, pero solo dos han sido demolidas. No hay suficientes especialistas para inspeccionar las catorce mil edificaciones, así que apenas se han inspeccionado cinco mil. En particular, las familias de altos estratos han logrado reubircarse, mientras que las familias de estrato bajo están viviendo en carpas desde hace dos meses. En este ambiente, los arriendos han crecido un 26%
El terremoto demostró de manera contundente que la infraestructura de Colombia no estaba preparada para eventos como este debido a los atajos tomados por el sector de construcción, y que las pérdidas no van a ser repartidas de manera equitativa entre la sociedad. El descontento de las masas con respecto a esta situación se puede ver en la encuesta de Atlas Intel/Bloomberg de octubre que muestra que la región Pacífica registró la aprobación más baja de Abelardo en todo el país con un 26 %
El show mediático y las promesas de reconstrucción calaron en el primer mes, pero la realidad de la reconstrucción se ha reafirmado en la mente de la población afectada. En el epicentro del terremoto, San José del Palmar, el alcalde cuenta cómo las autoridades del Gobierno nacional vinieron con cámaras para irse inmediatamente. Emilse Moreno Mena relató a Semana que el aparato estatal del departamento ni siquiera podía cubrir todo el territorio y registrar a todas las víctimas. Esto se ha manifestado en abucheos y agresiones con piedras al alcalde Eder, aliado de Abelardo.
Es en este ambiente que surge la controversia alrededor de la fundación administrada por la primera dama, Ana Lucía Pineda, quien tuvo que rendir cuentas después de dos meses en los que las ayudas no entraron en efecto para el territorio. El balance del «Fondo Milagro» indica que el proyecto es para facilitar la financiación de megaproyectos con la ilusión de que estos generen empleo y vivienda en un futuro lejano. Mientras tanto, las viviendas de la gente yacen en el polvo.
Oportunidad de oro
Todos estos eventos revelan el carácter del gobierno de Abelardo. Yendo al grano: este es un gobierno de los cacaos y los banqueros que busca la venganza por el susto que les hizo pasar el estallido social y la lucha por las reformas de los últimos cinco años. Para hacerlo, la oligarquía ha afianzado su apoyo en el imperialismo estadounidense, su mayor baluarte, y prepara la fortificación del Estado y la criminalización de las organizaciones de izquierda.
Sin embargo, sería negligente de nuestra parte no explicar el otro lado de la ecuación. En los últimos cinco años ha habido una fuerte radicalización hacia la izquierda de la juventud y la clase obrera. La encuesta de AtlasIntel muestra cómo 54% de la juventud desaprueba al presidente. No sólo eso: la aprobación de Petro ha aumentado.
Esto refleja que un mayor segmento de la población entiende que la camarilla de Abelardo no puede resolver la crisis fundamental del capitalismo y ni siquiera puede castigar la corrupción como prometió. Durante sus primeros dos meses ya se encuentra en el epicentro de escándalos de corrupción.
Es por esto por lo que Abelardo tiene que lanzar amenazas contra las protestas. Él tiene muy claro que un estallido social sería el sello de su derrota y que no hay una pandemia que lo rescate como rescató (temporalmente) a Duque en 2019. Aún así, esto no ha detenido el movimiento de las masas, que han llegado a su máxima expresión con las manifestaciones de decenas de miles de personas el 14 de octubre. En cada aspecto de la vida política dónde se expresa el «Abelardismo», la clase obrera y la juventud responden.
La tarea principal de los comunistas en este periodo es usar cada oportunidad de ultraje para entrar en diálogo con los obreros y los jóvenes que quieren luchar contra Abelardo y ganárnoslos políticamente para el bando del marxismo. Estos obreros y jóvenes serán los constructores del único tipo de organización que podrá barrer con Abelardo de la Espriella y la clase que representa: un partido obrero revolucionario.
