El 8 de febrero hubo manifestaciones masivas a través del país cuyo epicentro en Bogotá llegaron a tener un carácter desafiante a las instituciones del estado burgués. En su momento más crítico, las manifestaciones lograron bloquear la entrada y la salida de la Corte Constitucional. Esto ha despertado la algarabía de la pequeño-burguesía, que han convertido estos eventos en un augurio de la venida del dictador Petro.
Sin embargo, la dinámica que está ocurriendo bajo la superficie no es la dinámica de un “populista” manipulando a las masas para obedecer sus órdenes, sino la necesidad de la clase obrera, el campesinado y la juventud de irrumpir en la tarima histórica y obtener los derechos democráticos básicos que la burguesía promete constantemente sin ser capaces de concederlos.
El papel de Francisco Barbosa
La elección de una nueva fiscal ocurre en el marco de la fiscalía de Francisco Barbosa, un fiscal abiertamente opositor al gobierno de Gustavo Petro, que está involucrado en casos de corrupción y ha sido denunciado por la prensa debido a su uso de recursos estatales para su servicio personal. Para añadir insulto a la injuria, la no-elección de una nueva fiscal de la terna que propuso el presidente significó que Martha Mancera ha llegado a la oficina del fiscal.
Desde la distorsión de los logros paupérrimos de la fiscalía (que declaró que el 100% de los feminicidios en el Atlántico fueron esclarecidos pero que no llevaron a un 100% de condenas) hasta el hecho de que el 95% de los asesinatos de los firmantes del acuerdo de paz no han sido esclarecidos o llevado a cargos, la fiscalía de Barbosa ha demostrado ser una fiscalía al servicio de los intereses del ala más reaccionaria de la burguesía colombiana. Mancera, en cambio, tiene vínculos con el narcotráfico a través de la protección del ex-director del CTI Francisco Martinez envuelto en casos de narcotráfico y tráfico de armas. No solo esto, pero también se reporta que Mancera recibió mercancía incautada en Buenaventura con un valor de 17 mil millones de pesos.
Todo esto abre preguntas: ¿Qué clase de sistema es aquel en donde estos funcionarios no pueden ser retirados por la voluntad de la gente? ¿Cómo es que dos funcionarios envueltos en casos de impunidad pueden estar a cargo del ente encargado de aplicar la ley? Y demuestra realmente los límites de la democracia burguesa, en donde la mayoría de la población solo puede elegir a ciertos representantes pero no tiene ningún derecho directo a retirar a aquellos servidores públicos que demuestran no estar a la altura de las tareas que se le piden.
Semejante derecho no se puede obtener bajo la democracia burguesa, que no es nada más sino democracia para los explotadores. La patronal puede reunirse con el fiscal y asegurarse de que sus empresas mantengan su funcionamiento sin que la fiscalía se entrometa. A cambio, fiscales como Mancera y Barbosa recibirán grandes cantidades de dinero y, cuando terminen su tiempo en el cargo, podrán entrar al sector privado, usando todo el conocimiento y las conexiones de su tiempo en el sector público para enriquecerse aún más.
El allanamiento a FECODE
La lucha del Pacto Histórico para lograr las reformas ha encontrado su igual en la lucha de la oligarquía para prevenir el paso de las reformas y desacreditar a Gustavo Petro en un intentó de ponerle fin a la primera presidencia de izquierda en la historia de Colombia. Esta pugna y el papel de Barbosa y Mancera en la fiscalía explica el allanamiento de FECODE, el sindicato más militante y numeroso del país.
Según la fiscalía, FECODE donó 500 millones de pesos a Colombia Humana, quienes usaron ese dinero en la campaña de Gustavo Petro. De ser así, efectivamente la campaña se habría pasado de los topes establecidos por el consejo nacional electoral y Petro sería sujeto a cargos penales. Sin embargo, vale la pena recordar que esta no es la primera vez que un presidente recién elegido es investigado por un caso de financiación cuestionable en su campaña.
Iván Duque fue efectivamente acusado de estar vinculado con la compra de votos del Ñeñe Hernandez. El destape de la Ñeñe-politica terminó nada más con la archivación del caso por parte del Consejo Nacional Electoral sin mucha razón. ¿Que hace a Petro y a Duque tan diferentes que uno amerite atropellar los derechos democráticos de un sindicato y el otro merezca ser ignorado apenas el caso se desarrolle lo suficiente? Solo uno de ellos propone reformas que amenazan a las ganancias de la oligarquía colombiana.
El allanamiento a FECODE también representa un ataque directo a los derechos democraticos de uno de los sindicatos más importantes del país. Este es un ataque al que se tiene que responder con manifestaciones, sí, pero también con la solidaridad de todos los otros sindicatos de la clase trabajadora, huelgas y campañas de sindicalización. Semejante ataque es completamente inaceptable y el preámbulo a más ataques de parte de la oligarquía que busca usar esto como una oportunidad para atacar a los partidos organizados de la izquierda.
Los eventos del 8 de febrero
La respuesta al allanamiento de FECODE fueron las manifestaciones más concurridas en defensa del gobierno en los últimos tres meses y reflejan en última instancia que las masas que marcharon en el paro nacional y eligieron a Petro para la presidencia todavía están dispuestas a luchar por las reformas históricas que se vienen. A pesar de la convocatoria a cinco puntos de ataque, los números en la fiscalía y en el palacio de Justicia jugaron un papel importante en el punto más alto de las manifestaciones.
Si bien las manifestaciones empezaron de manera relativamente pacifica, en el momento en que se anunció que no se eligió un fiscal, las manifestaciones cobraron un carácter más militante, con manifestantes dispuestos a bloquear las entradas del palacio, declarando que si el pueblo sufre hambre también deberían pasar hambre los magistrados.
La algarabía de la pequeño-burguesía
El comunicado de la corte constitucional y el reportaje alrededor de las manifestaciones ha demostrado que la pequeño-burguesía está mucho más interesada en mantener a las masas lo más alejada de la política de lo posible antes que mantener los derechos democráticos básicos que las masas demandan y que el sistema supuestamente ofrece. Vale la pena leer la reciente columna de Semana de parte de Luis Carlos Velez, que argumenta que esta terna es completamente inaceptable debido al hecho de que la corte constitucional ha sido presionada a votar y al hecho de que Petro se encuentra bajo investigación debido al caso de FECODE
Ignoremos por un momento que la fiscal actual y su predecesor son igual de inaceptables debido a casos interconectados de corrupción. Es importante entender por qué están atacando estas manifestaciones. En última instancia la razón detrás de artículos como estos es el hecho de que la movilización de las masas asustó a varios elementos de la pequeño-burguesía. No solo a los pensadores reaccionarios y defensores del Uribismo como Semana sino también a aquellos elementos como la Silla Vacía y periodistas como María Jimena Duzán que apoyaron de manera tácita o explícita a Petro en las elecciones del 2022.
Para ellos, la cuestión del “cambio” (en otras palabras, la transformación de Colombia de un país en donde los rezagos del feudalismo han causado pobreza y guerras en un país en donde se implementen los derechos democráticos básicos que han sido destruidos por la oligarquía de este país con masacres y despojos de tierras) es una cuestión que solo se puede lograr desde arriba, con la implementación de un estado burgués dirigido por reyes filósofos y limpio de la participación de las masas sucias a quienes inherentemente desprecian.
La naturaleza del estado burgués
Sin embargo, nada se logra con peticiones y votos. Son las manifestaciones y las organizaciones las que hacen la diferencia. La tarea de los comunistas en un momento como este es luchar al lado de la clase trabajadora en este momento crítico y elevar las perspectivas de la clase trabajadora. En este momento, Petro ha apelado a instituciones como la CIDH y a toda la comunidad internacional para luchar contra un supuesto golpe blando.
Sin embargo, las instituciones burguesas del derecho internacional no son nada más que una cocina de ladrones, como Lenin declaró al respecto de la Liga de las Naciones (el antecesor a las Naciones Unidas). El interés de estás organizaciones es simplemente la estabilidad social. En este sentido, critican los excesos del ala de la oligarquía colombiana inclinada hacia la represión y medidas de austeridad ya que ellos entienden que estás pueden causar explosiones sociales a largo plazo.
Es por esto que apuntan nada más a la implementación de balances que permitan que el estado burgués funcione de manera justa y democrática y neutra. En otras palabras, que el estado sirva a los intereses de todos. Sin embargo la realidad es que el estado solo sirve a los intereses de la oligarquía y está conectado por Miles de hilos a la clase dominante colombiana.
Las tareas de los comunistas en esta coyuntura con concretas: hay que ayudar a la clase obrera en la lucha por un nuevo fiscal y destituir a los fiscales que están involucrados en casos de corrupción. Pero la realidad es que una nueva fiscal no puede cambiar la realidad de la fiscalía: está es una institución cuya tarea principal es reprimir y acosar a la clase obrera mientras que protege los intereses de la clase dominante.
No podemos fomentar ilusiones en las instituciones del estado burgués mientras ayudamos a los trabajadores en esta lucha. Más bien debemos elevar su perspectiva a la posibilidad que un estado socialista ofrecería al respecto: la participación directa de la clase obrera en la gestión del estado y la sociedad, en dónde un personaje abiertamente al servicio de un puñado de ricos como Barbosa sería imposible.
El papel de los comunistas
Para lograr esto, los comunistas tienen que ser el elemento dispuesto a organizar movilizaciones, huelgas y discusiones abiertas que presionen a la corte constitucional a elegir a una fiscal. Este resultado por sí solo no conducirá al comunismo, ni mucho menos, pero el proceso por el que pasarán los mejores elementos de la clase los fortalecerán y los preparan para los eventos por venir.
La realidad es que está “crisis institucional” es solo el preámbulo de los eventos por venir. Los siguientes años verán al estado burgués colombiano atascado e incapaz de funcionar como ha funcionado anteriormente. El intento del Pacto Histórico de lavarle la cara a las instituciones burguesas y al estado solo se encontrará con más obstáculos de parte de la misma burguesía que no le interesa perder ni un solo peso de ganancias y usará a las instituciones del estado para bloquear las reformas y atacar directamente a las organizaciones sociales.
Esta es la contradicción central detrás de las manifestaciones del 8F: Mientras que los dirigentes del Pacto Histórico plantean que es necesario adueñarse de las instituciones estatales que oprimen a las masas, los obreros y jóvenes que los pusieron en el poder quieren transformar la sociedad desde la raíz. Estas bases tristemente no tienen un programa con el que responder al programa del Pacto Histórico y por consiguiente siguen la estrategia delineada de luchar por las reformas en protestas dispersas e irregulares.
Los comunistas tienen que entrar a la lucha fungiendo un programa revolucionario de transición como su máxima arma que le permita conectar las ansias de las masas por un estado libre de corrupción con la necesidad concreta de un estado socialista controlado por la clase trabajadora, en donde ningún funcionario tenga un salario mayor al del trabajador promedio y pueda ser retirado prontamente y de manera democrátic cuando sea demostrado que es incapaz de cumplir sus deberes. Solo un estado de la clase trabajadora puede resolver el problema de la corrupción y remover a elementos como Barbosa y Mancera de una vez por todas.
