Al momento de escribir estas líneas, ya han pasado cuatro días desde el inicio del paro de camioneros y transportadores de carga pesada, una protesta que surge como respuesta al aumento de $2.000 pesos en el precio del diésel, decretado por el Ministerio de Hacienda el 30 de agosto. Este ajuste busca elevar el precio del diésel a $6.000 pesos y cerrar el déficit fiscal generado por el Fondo de Estabilización para los Precios de los Combustibles (Fepc), un mecanismo destinado a subsidiar los precios de los combustibles en Colombia. El déficit del Fepc, acumulado durante el gobierno de Iván Duque debido a la decisión de no incrementar los precios del combustible durante la pandemia, asciende a $12,8 billones. Esta medida es crucial para el gobierno actual, pues le ayuda a cerrar el déficit de su presupuesto para el próximo año.
Esta no debería ser la posición de un gobierno que dice estar con la clase trabajadora. Pero ya sabemos los límites del reformismo. Un verdadero gobierno de la clase trabajadora, uno comunista, rompería con la clase dominante, cerraría la brecha a través de la expropiación de sus riquezas y la nacionalización del petróleo y el ACPM que por medio de una economía planificada controlaría los precios.
División en el Sector Transporte
El sector de transporte de carga en Colombia muestra una notable división en cuanto al paro actual. Aunque el sector mueve entre 130 y 140 millones de toneladas anuales y cuenta con aproximadamente 250.000 propietarios de vehículos, no todos han respaldado las movilizaciones.
La Federación Colombiana de Transporte de Carga por Carretera (Colfecar), la principal federación del sector, que incluye más de 250 empresas como Coordinadora y Servientrega, decidió no unirse al paro. Su presidenta, Nidia Hernández, declaró que bloquear vías es ilegal y criticó al gobierno por no aceptar una propuesta para un precio de diésel más bajo. El Consejo Gremial Nacional, que incluye a Colfecar, también ha rechazado los bloqueos.
De manera similar, la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) ha optado por no participar en los bloqueos, aunque ha llevado a cabo protestas pacíficas. La ACC critica al gobierno por no considerar alternativas para ajustar el precio del diésel basándose en la producción nacional. En contraste, Fedetranscarga, un sindicato formado durante el paro camionero de 2016, ha decidido apoyar las movilizaciones, pidiendo al gobierno que reconsidere su política de precios del combustible. El apoyo de los senadores Jennifer Pedraza y Jorge Enrique Robledo, antiguos miembros del MOIR y del Polo Democrático, y actualmente parte de Dignidad y Compromiso, revela la naturaleza reactiva y pequeñoburguesa del movimiento, que en lugar de buscar soluciones, parece fomentar la conflictividad y se alinea con la oposición.
Aún así las demandas de los camioneros no son infundadas. Algunos han señalado en entrevistas a medios que el aumento en el precio del diésel podría significar un incremento de hasta $1 millón en sus costos operativos. Este aumento afectará a los pequeños y medianos propietarios de vehículos y también llevará a un incremento en los costos de transporte y alimentos, lo que podría empujar aún más la inflación que el gobierno busca controlar mediante la eliminación del subsidio. La situación parece un callejón sin salida.
Oportunismo Político y Respuesta del Gobierno
El conflicto ha atraído a diversos oportunistas políticos. Además de algunos sectores de centro, muchos políticos de derecha han empezado a amplificar la movilización. Políticos como Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, se han sumado a la movilización de manera indirecta, pidiendo a colegios y empleados públicos que no salgan y dificultando el transporte público para generar una sensación de alarma.
La respuesta del gobierno ha sido firme, dado que necesita el dinero recaudado. Su propuesta de congelar el precio del diésel hasta llegar a una negociación y de establecer mesas de diálogo en lugar de utilizar la fuerza policial ha sido desoída, lo que ha intensificado las movilizaciones.
La adhesión de otros gremios, como motociclistas y taxistas, ha aumentado la complejidad del conflicto. Esto ha alarmado a la izquierda pro-Petro, que ha comenzado a acusar a los camioneros de ser uribistas y cómplices de un intento de golpe de Estado. De hecho, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, ha convocado a una nueva manifestación para el 19 de septiembre de 2024 en defensa del gobierno, calificando el paro camionero como una tentativa de golpe de Estado. La CUT, la CGT y la Confederación de Pensionados han considerado el paro como innecesario y sin relación con las necesidades reales del país. A este llamado también ha respondido FECODE, el principal sindicato de maestros y el presidente Petro.
Reforma o Revolución
Las declaraciones de estos dirigentes sindicales muestran dos aspectos importantes: en primer lugar, el sentido de urgencia del dirigente sindical parece flexible, ya que prefiere tomarse un tiempo antes de convocar a las calles; en segundo lugar, su análisis de la situación es bastante lineal y reduccionista respecto a los intereses de los realmente afectados por el tema.
Una verdadera dirigencia sindical revolucionaría debería explicar que la riqueza para los programas sociales de Petro y las grandes reformas existe pero no puede generarse a través de impuestos sino a través de la riqueza que se genera en la sociedad y que el empresariado colombiano acumula y esconde en cuentas en el extranjero
Este conflicto ilustra la crisis orgánica del capitalismo en la actualidad. La necesidad de ajustar los precios del combustible a niveles internacionales ha puesto al gobierno en una posición difícil, enfrentando la tarea de equilibrar las demandas del mercado con las necesidades de la población. El reformismo, en bancarrota, no parece tener mucho que ofrecer frente a los problemas actuales, que están llevando a economías como la de EE.UU. y China al borde de la recesión. Esto demuestra que el reformismo eventualmente tendrá que decidir entre apoyar los intereses de las mayorías o los del gran capital.
La encrucijada actual es una consecuencia del rechazo a la Reforma Tributaria de 2022 y de las múltiples concesiones realizadas. La pérdida de base social del gobierno también se debe a estos errores y a la introducción de elementos de derecha en su administración, además de los escándalos de corrupción. Es evidente que jugar en el tablero del capital solo trae problemas, ya que el objetivo final es siempre proteger los intereses del capital.
Más allá de esto, el paro es otro golpe a la ya deteriorada credibilidad del gobierno y un intento de la oposición de aprovecharse de la situación de la pequeña burguesía. Es claro que a los oportunistas, ya sean de derecha o de centro, no les importan los pequeños propietarios de transporte, la educación, los estudiantes o la clase trabajadora. Solo buscan recuperar el poder para beneficiarse del erario y controlar el agro, la extracción de minerales y las finanzas del Estado. La magnitud de la presión que pueda ejercer la derecha aún está por verse, pero todo indica que será intensa. Sin embargo, es incierto hasta dónde llegará esta presión y se debe tener en cuenta que esta es una facción gastada que aún no conecta con la gente y que no convoca. Es seguro que un Golpe de Estado no tendría un aomplio apoyo popular.
Lo que es evidente es que, en caso de un gobierno de derecha, el impuesto sobre el diésel también se eliminaría, tarde o temprano, y cualquier movilización contra esa medida sería reprimida con dureza, como se hizo en 2016. Por lo tanto, las movilizaciones sociales siguen siendo relevantes y necesarias.
La situación actual demuestra que ni el reformismo ni el capitalismo pueden resolver los problemas derivados de la crisis mundial, como el cambio climático, la crisis financiera o la crisis social. Después del Paro Nacional de 2021, las condiciones siguen siendo similares, y la demanda de cambio persiste. La juventud es testigo de las guerras imperialistas, de las enfermedades y de la incapacidad de los gobiernos de izquierda, que solo ofrecen promesas vacías. Solo una organización de la clase trabajadora que encabece las demandas de la pequeña burguesía urbana y rural, al igual que los bolcheviques en octubre de 1917, podrá superar el atraso de la clase dominante y del sistema que la respalda. Es hora de plantearse: socialismo o barbarie.
