El 8 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella firmó un decreto que levanta la suspensión general de los permisos de porte de armas, cumpliendo su promesa de campaña.
Esta noticia ha revivido un viejo debate sobre el prohibicionismo y el control de las armas. El miedo es legítimo, pues Colombia es un país violento donde las masacres, la persecución política y la eliminación selectiva ha sido el pan de cada día.
Quienes están a favor del porte de armas argumentan que menos del 1 % de los delitos se cometen con armas legales, y que el uso de armas para la defensa personal es un buen método para proveer seguridad al “ciudadano de bien”; mientras que quienes se oponen argumentan la peligrosidad, la necesidad del monopolio de las armas por parte del Estado y la ineficacia del porte para la seguridad. Ninguna de estas posiciones representa los intereses de la clase obrera.
Falsa seguridad
La realidad es que la adquisición de más armas no va a llevar a mayor seguridad. La situación de Estados Unidos es un ejemplo muy útil. La Corporación RAND (para nada un grupo marxista) ha llevado a cabo un estudio a través de diez años sobre la implementación de políticas que liberalizan el porte de armas a través de medidas que reducen la edad para comprar armas, remueven revisión de historial para compradores, etc. Los resultados apuntan a que las leyes que facilitan el porte legal de armas están asociadas con incrementos en los homicidios totales y los asaltos.
Es claro que Abelardo quiere apoyarse en un movimiento civil más allá del Estado. Esto es lo que impulsa su propuesta de un Bloque de Defensa de la Seguridad Urbana cuyo antecedente (las Convivir) fueron la semilla del paramilitarismo en el país. Por no mencionar que es igual de evidente que hay un sector de la burguesía que planea proveer suministro a la demanda de armas que esta ley facilitaría.
Se cree que hay un estimado de 800 000 armas legalmente registradas que se dividen en un 30 % para personas jurídicas (empresas) y en un 70 % para personas naturales (individuos), mientras que se estima un número superior a las 4 000 000 de armas ilegales. De estas nada más se incautaron 21000 armas ilegales al año. Ciertamente no es mucho, pero los costos de traficar armas ilegales serían reducidos con la legalización de su compra.
El prohibicionismo tampoco elimina el crimen
La posición pacifista de desarme respecto a que los ciudadanos porten armas, suena bien en teoría, pero no es real en la práctica.
La restricción de las armas no evita que los delincuentes las posean; la emisión de nuevos permisos de salvoconducto de armas estaba parcialmente suspendido por casi 11 años. Esto no causó la disminución de la delincuencia. De hecho, según datos del Laboratorio de Justicia y Política Criminal, el uso de armas de fuego aumentó pese a que la suspensión de armas estaba vigente. Aunque se vió una disminución de la violencia ejercida con armas de fuego en general del 2015 al 2020, eso fue a causa del acuerdo de paz y la entrega de armas de las FARC, y no de la suspensión de los salvoconductos. La realidad es que el 76% de los homicidios ocurren, al día de hoy, con armas ilegales.
El dilema de las armas y su prohibicionismo es similar al de la droga: prohibir no evita la adicción o la delincuencia; despenalizar o regular tampoco evita la adicción o el crimen. Tanto el consumo de drogas cómo la violencia armada son el producto de una sociedad enferma en dónde la pobreza y la desigualdad reinan. La única solución para el problema es acabar con el sistema que genera estos horrores y lleva a cientos de miles de personas a la desesperación de tomar los medios más violentos posibles para tratar de sobrevivir.
El monopolio de la fuerza
El otro lado que los prohibicionistas defienden es el del monopolio de la fuerza de parte del Estado. Sin embargo, el Estado colombiano no existe principalmente para combatir al crimen sino para reprimir a la clase obrera. En muchos casos, el estado está ligado por miles de hilos al narcotráfico y a los grandes carteles, que juegan un papel importante en la economía.
Si bien, este arremete contra ciertas esferas de este o aquel cartel de vez en cuando, no tiene problema en defender al entramado capitalista en general en el cuál participan los narcotraficantes. La decisión de cuál cartel descabezar se basa, ante todo, en tratar de mantener la imagen legítima del Estado. La protección de figuras cómo el Ñeñe Hernandez lo demuestran.
Por otro lado, el asesinato de Donovan Balanta Paz por parte de la policía en Ciudad Bolivar el 20 de septiembre, el de Ricardo Andrés Martinez Rodriguez el pasado 21 del mismo mes en un operativo contra las ACS en una vereda cerca a Santa Marta, o el despliegue del ESMAD contra los manifestantes durante el Estallido Social del 2021 demuestran que la mayor preocupación del Estado es el de reprimir a la clase obrera cuando ésta decide expresar su inconformismo o cuando le sirve como un número más para contar en sus metas.
En ese orden de ideas, los comunistas no confiamos en el aparato estatal para garantizar la seguridad de la clase obrera. Lenin describe la naturaleza de este aparato burgués en su libro El Estado y la Revolución: «el Estado se compone de grupos de hombres armados en defensa de la propiedad». Los cuerpos de hombres armados (Policía, Ejército, paramilitares) sirven, ante todo, para asegurar la propiedad privada, la producción y, en general, los intereses de la burguesía.
En defensa de la propiedad privada y de los intereses inmediatos de la burguesía, están dispuestos a torturar y atacar a los obreros sin ningún remordimiento.
La posición de los marxistas
Nuestra política es guiada por un completo repudio a la naturaleza del estado burgués y luchamos por su abolición a través de una revolución socialista. Creemos que la clase obrera tiene el derecho de defenderse de los ataques de la burguesía con armas si se requiere.
Sin embargo, también repudiamos cualquier tipo de aventurismo que plantee la necesidad de adquirir armas de manera individual para luchar contra el Estado. Grupos pequeños de obreros armados no podrán cambiar la ecuación de la lucha contra todas las instituciones que componen el aparato estatal.
La victoria de la clase obrera en la lucha de clases requiere la participación activa del proletariado cómo clase. Es decir, la construcción de cuerpos armados masivos sujetos a la democracia propia de la clase, en dónde su curso de acción y disciplina sean constantemente inspeccionados por sus propias organizaciones de acción amplia.
En ese sentido, la legalización del porte de armas no es una medida que beneficie a la clase obrera en ninguna manera. Al contrario, acelerará los problemas de inseguridad y fortalecerá a las bandas criminales que, en última instancia, explotan y reprimen a la clase obrera para enriquecerse.
Sin embargo, tampoco aceptamos que la solución esté en las manos del mismo Estado burgués que empuña las armas para reprimirnos. Más bien, explicamos que mientras exista el sistema capitalista, habrán crímenes y ataques contra nuestra clase siempre.
En una sociedad en dónde la riqueza que producimos sea puesta al servicio de las mayorías oprimidas, los criminales no podrán aprovecharse de la necesidad de los jóvenes para sostener a sus familias, pues esas necesidades estarán cubiertas y el Estado, atado por miles de hilos, a la supervisión férrea de la clase obrera, destituría a cualquier oficial que abuse de su posición. En semejante sociedad, el crimen sería nada más una pesadilla de la que toda nuestra población habría despertado para vivir una vida digna.
