Hace un año, el 24 de Marzo del 2020, fue el inicio de la cuarentena oficial declarada por el Presidente Ivan Duque. En ese momento, las acusaciones, el terror y la incertidumbre hacen que se obvie que la pandemia no nace por generación espontánea, sino como una falla del sistema capitalista, tanto internacional como nacional, que permitió su nacimiento, propagación y finalmente no pudo contener la situación que creo.
El virus nace de condiciones biológicas, según la misma OMS. Este sería producto de mutaciones de coronavirus encontrados en animales, cuya transmisión a humanos fue facilitada por la higiene en los mercados de animales en China, para este caso en la ciudad de Wuhan. La razón de estas condiciones es la falta de regulación, la corrupción y la búsqueda de “eficiencia” para el consumo de animales salvajes para alimento o medicina tradicional. Si a estas condiciones luego se une el intento de ocultamiento por parte de China para evitar el “pánico económico” vemos que el tema fue poner desde siempre la obtención de lucro por sobre las consideraciones sanitarias.
Y este mismo patrón se repitió a lo largo del mundo, primero con la propagación de la idea de que esto sería como el SARS o el MERS, enfermedades en “tierras lejanas” que afectarían solo a “poblaciones con bajo nivel de higiene”. Obviando la estrecha conexión de la globalización, en el mundo occidental se reducía la gravedad del tema, con titulares tales como “Demasiado temprano para determinar gravedad de virus: OMS”, u opiniones que enfatizaban que era similar a la gripe y que no debía existir una cultura de pánico, hasta que el ascenso de casos y la propagación empiezan a generar los dilemas de sanidad pública, y las primeras cuarentenas.
Desde que la OMS declaraba el estado de pandemia, muchos advertían de que si el virus llegaba a las zonas urbanas de Latinoamérica y África, se estaría a las puertas de una catástrofe, dadas las condiciones de desigualdad y pobreza. Pero, en general la respuesta de los Estados latinoamericanos desde México hasta Argentina, pasando por Brasil y Colombia fue de un estupor inicial, y la firme creencia de que esto era una simple gripe. Para el caso colombiano, durante el período de febrero a marzo 2020, cuando podían haberse iniciado medidas de preparación y protocolos, la reacción fue lenta, ni siquiera cuando se detectó el primer caso importado se dio un movimiento importante de aislamiento de este, pruebas generalizadas o rastreo. De hecho, en un movimiento que sigue causando suspicacias, el Gobierno no cerró el aeropuerto hasta dos semanas después de la confirmación, el 6 de marzo del 2020, del primer caso importado, y cuando ya la escala de contagio había crecido en forma exponencial
Este desinterés también se mostró en que, si para la primera quincena de marzo 2020 las voces de epidemiólogos abogaban por la cuarentena rápida, como ya habían iniciado en Perú y Argentina, el gobierno no quiso enfrentarse a la posibilidad de una debacle económica. El posicionamiento de los gobernantes locales, y la presión del número de contagios en un sistema de salud con limitadas capacidades llevó finalmente a la previsible cuarentena, el 25 de marzo de 2020.
La negligencia gubernamental:
El gobierno, dada la presión popular y el manejo mediático de los gobernantes locales en las principales ciudades como Bogotá, Medellín y Cali (los llamados “alternativos”) se apresuró a crear esquemas de protección decente, como el potenciamiento de subsidios y la creación del programa de Ingreso Seguro, junto con la creación del Fondo de Emergencia (FOME) y el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), este último con la idea de fondear a las pequeñas y medianas empresas. Pero a la vez, la coyuntura sirvió para tapar todos los temas polémicos (corrupción, compra de votos, el caso Uribe) así como el incumplimiento de los compromisos del Paro Nacional, que justo estaban por nuevamente estallar en marzo de 2020.
Pero toda esta respuesta no pudo ocultar la evidente debilidad del sistema de salud y una precariedad económica incapaz de dar solución a los más necesitados, como lo evidenciaron las denuncias de mal manejo en las bases de datos de Ingreso Seguro. Este primer confinamiento demostró que el Estado no logró mantener el bienestar de la mayoría de sus habitantes, sobre todo a las más desfavorecidas.
En las ciudades, el hambre se mostraba a través del izamiento de banderas rojas en las zonas más humildes de diversas ciudades y municipios, hecho reportado ampliamente tanto a nivel nacional como internacional, con el dilema de hambre o contagio desatándose entre la población que depende del trabajo informal (vendedores ambulantes) e incluso formal como el sector de la construcción, el turismo y los restaurantes derivado de la incertidumbre, al tiempo que muchas PYMES entraban en insolvencia aumentando el desempleo. Ello llevó a que miembros de los barrios iniciarán protestas que fueron rápidamente reprimidas, adicionando a esto el que las zonas rurales quedaron en el abandono habitual, como lo mostró el esparcimiento del virus en el departamento de Amazonas y la nula respuesta institucional exhibiendo nuevamente los problemas de la falta de presencia estatal.
Finalmente, la recta final de este primer pico inicia con movimientos apresurados por abrir la economía, como el día sin IVA, bajo la premisa de que una ligera baja en el pico de contagios permitía una moderada actividad económica. Precisamente esta acción provocó que el pico se mantuviera más tiempo del esperado, ya que termina alargando esta primera fase de aislamiento obligatorio. Así, el 4 de mayo el Gobierno nuevamente, pero con más cautela inicia el proceso de apertura de la economía, bajo modalidades de turnos rotativos y restricciones para ciertas ocupaciones.
La economía se abre nuevamente en su totalidad el 1 de septiembre de 2020, entrando a una fase de vigilancia epidemiológica. Para entonces, las cifras de desempleo habían llegado a una tasa de 20.4%, un retroceso general en los indicadores sociales que prácticamente borró los “avances” derivados de la inversión social emprendida desde 2010, y una tensa calma.
Una olla express a punto de explotar:
Esa tensa calma, producto del adormecimiento de la movilización social, era sin embargo un espejismo. Las demandas sociales que habían inspirado el paro nacional de 2019 estaban siendo agravadas por los efectos de la pandemia, y era necesario una chispa que encendiera nuevamente los movimientos. Esto se dio por el cauce menos esperado, el 9 de septiembre (irónicamente el Día de los Derechos Humanos) en Bogotá, el ciudadano Javier Ordoñez fue inmovilizado por elementos policiales, con imágenes mostrando sus ruegos para que los agentes pararán de usar su equipamiento de tásers. Posteriormente es trasladado al CAI de la localidad de Villa Luz, de donde es enviado a hospitalización y declarado muerto. Posteriores investigaciones detallan que fue en el CAI donde fue brutalmente golpeado, lo que provocó su muerte.
Rápidamente se inician movilizaciones en Bogotá, en el CAI de Villa Luz, que inicialmente pacíficas se tornan en asonadas que reflejan la indignación popular, ya que este caso no era sino el último de una seguidilla de vejámenes de la Policía. La vigilia pacífica da paso a manifestaciones en CAI’s de muchas zonas populares (Bosa, Park Way, La Gaitana, Verbena) en los que varios son incendiados y otros “recuperados” como espacios populares. La Policía reprime esto, iniciando una particular noche de terror ejecutada por la Policía Nacional, que deja un saldo de 13 muertos, derivados de disparos indiscriminados por los agentes policiales y el más trágico el de un domiciliario que fue prácticamente ejecutado por agentes.. Lo que demostró esto fue que el hartazgo popular, y en particular el de la población juvenil, está lejos de disminuir, siendo que se atacó a un elemento particularmente fundamental del Estado burgués como lo es la Policía. Esto nos demuestra la capacidad y voluntad por un cambio, el cual está por verse cómo se expresará.
Y esto porque no es imposible descartar nuevos levantamientos. La pandemia continúa, y la crisis económica, aunque menos acentuada, sigue dejando consecuencias atroces en la clase trabajadora. Sigue el impago a trabajadores de la salud, y el desempleo disminuyó raquíticamente a 17.3%, con el agravante de una brecha del 70 % entre hombres y mujeres.
Y aún el esfuerzo insuficiente del Estado tiene consecuencias. Dado el aumento del déficit, y la perspectiva negativa que las calificadoras de riesgo tienen de la situación fiscal, una nueva Reforma Tributaria se vislumbra, con ajustes que tienen el potencial de empeorar aún más la situación de la clase trabajadora a futuro, con medidas como aumentar la “base” para el pago de impuesto a la renta y gravar más productos de la canasta básica con IVA. Asimismo, la situación en salud sigue siendo precaria, con contagios aún oscilando entre 1,500 a 3,000 diarios (al momento de escribir estas líneas el total de casos diarios era de 6,000) y un nuevo pico a la vista.
Finalmente, todo lo anterior se une al descrédito de las fuerzas de seguridad, encuestas en octubre de 2020 mostraban que el 51% de colombianos confía en la Policía, y 56% en el Ejército. No es difícil ver las razones para esto, pues la Policía Nacional está mancillada por las protestas de septiembre de 2020, y el rol del ESMAD en las protestas populares, mientras el Ejército se tambalea con los informes de la JEP de los mal llamados “falsos positivos” y la miopía en la lucha contra las disidencias y el narcotráfico, como lo demuestra un nuevo bombardeo indiscriminado en Guaviare donde potencialmente habian menores de edad.
La vacunación
En este panorama, entra en juego la esperanza de la vacunación para retomar los canales de socialización habituales. Y, sin embargo, en esta variable también juega en contra el papel reaccionario del Estado colombiano. Derivado de una “cautela” inexplicable hacia otros proveedores de vacunas, Colombia a diferencia de Chile, México, Argentina y Brasil no entró en negociaciones con los fabricantes de vacunas aparte de Pfizer, a la vez que ponía demasiadas esperanzas en el mecanismo COVAX como plan B.
Esto dejó en desventaja al país, y como consecuencia se encuentra a la zaga en el ranking de vacunación en América, con cifras de vacunación diarias de 50 mil dosis frente a las 200 mil que esperaba el Gobierno y con dos dosis por cada 100 mil habitantes, así Colombia sigue por debajo de México (3,84), Costa Rica (4,87), Brasil (6,12), Panamá (6,17), Argentina (6,21) y Chile (42,46).
A esto se sumó la idea del espectáculo para alentar la esperanza ante la recepción de las vacunas, contradiciendo por completo el discurso oficial de “no politizar” el plan de vacunación. El ridículo desde el Gobierno Central pasando por autoridades regionales y la sospechosa puesta en escena de la primera vacuna en Sincelejo, (donde gobiernan aliados del partido gobernante) indicó que la corrupción y una estrategia que enfrenta enormes riesgos de logística y distribución crea en un escenario bastante oscuro frente a la vacunación. Un ejemplo de lo anterior fue el “error” cometido con el envío de vacunas al Amazonas, cuando esta es una zona vital para contener la entrada de la variante brasileña más agresiva del virus.
Aún este precario plan de vacunación ha alentado el tentar un pico más agresivo, al asumir nuevas estrategias de bioseguridad. La presión para hacer reapertura en todas partes, incluidos colegios, sin actualización de sistemas ni infraestructuras seguras, muestra por una parte la sensación de desesperación por la “normalidad”, siguiendo de cerca lo que ocurre en países como EE. UU., donde sucede algo similar. Lo anterior nos demuestra que la clase capitalista esta totalmente dispuesta a sacrificar la clase trabajadora por mantener el ritmo de las utilidades, en perjuicio de la prudencia necesaria para lograr mejorar el ritmo de vacunación o al menos que este siga una tendencia ordenada. Asimismo, la vacunación ha tenido tantos problemas por el enfoque lucrativo que las farmacéuticas tienen de la misma como demostró el problema logístico en Europa y el acaparamiento de vacunas por países desarrollados. Aún más cínicamente son las recientes declaraciones del CEO de Pfizer de “pensar en subir el precio” aunque rápidamente afirmó que esto era aún una “idea”, demostrando que en aras del lucro cualquier cosa es justificable.
El futuro
La pandemia ha desatado efectos destructivos, y aunque la vacunación avance en realidad no podemos hablar de una “normalidad”. La crisis económica, donde el sistema capitalista nuevamente tuvo que recurrir al auxilio estatal es un nuevo clavo en el ataúd del discurso de reducción del Estado. Muchos enaltecen las bondades de un “Estado de Bienestar” y que esto es un punto de partida para regresar a una “mejor” normalidad. Pero para los marxistas, esto es una idealización. La “normalidad” de la que se habla no es mejor, era una donde ya los analistas y políticos advertían de nuevas crisis, y en Colombia se organizaba el paro nacional del 21N. La situación ahora se agrava pues junto a la pandemia, el lento avance del Acuerdo de Paz, una nueva ola de violencia y el cercano proceso electoral deja a Colombia como “un polvorín”.
La pandemia entonces solo fue un catalizador para que esto se desatara y mostrara las verdaderas caras del capitalismo, de la clase capitalista y del Estado burgués. Uno en donde las élites estaban tranquilamente dispuestas a sacrificar a la clase trabajadora, como pudo verse en Italia, Estados Unidos, España y Colombia. Al mismo tiempo que pregonaban “estar en el mismo barco”, los grandes empresarios y emporios corporativos aumentaron su riqueza, mientras la mayoría se precariza y enfrenta el desempleo, la pérdida de vivienda y el hambre. Por lo mismo, en todo el mundo, y en Colombia en particular, se muestra nuevamente que hay un terreno fértil para generar fuerzas de cambio. Como marxistas, buscamos que este cambio pueda orientarse hacia el bienestar de la clase trabajadora a través del socialismo y la abolición del sistema capitalista.
Por tanto, a continuación, se presenta el programa de choque contra la situación actual de salud pública, según los postulados expresados en nuestro Programa.
- Mayor Inversión en el sistema de salud que debe ser enteramente público para cubrir todas las demandas materiales como el aumento en cuidados intensivos de camas hospitalarias, respiradores e insumos
- Exigencia de la expropiación de la EPS (Entidades Promotoras de Salud) e IPS (Institutos Prestadores de Salud)
- Estímulos al avance en investigación y mejora de los medios de producción.
- Contratación de todo el personal sanitario disponible y la protección del derecho de trabajo de quienes lo tienen.
- Aumentar los ingresos del personal sanitario.
- Amparo a los derechos de todos los miembros de la salud y protección de su integridad física con toda la dotación, dentro y fuera de hospitales.
- Fabricación masiva de insumos y productos básicos de la canasta familiar siguiendo las debidas normas sanitarias.
- Restablecimiento de la cuarentena total, asegurando el pago de un salario para los afectados y reforzando la seguridad laboral de toda la población.
- Puesta en marcha de un verdadero plan de vacunación que cubra a toda la población.
- ¡No a los despidos masivos ilegales, tanto dentro de las entidades estatales como desde el sector privado! Si la clase trabajadora no tiene trabajo la crisis será mayor.
- Condonación del pago de deudas, renta, hipotecas y facturas de energía durante la duración de la pandemia.
- Impuesto a las grandes fortunas. Empresa que se declare en quiebra deberá presentar las debidas evidencias y ponerse bajo el control efectivo de sus trabajadores.
- Impulsar el no pago de la deuda externa, de manera que esos recursos se dirijan al desarrollo del país.
Referencias:
The Wuhan virus is the last thing China’s economy needs right now
Un virus similar al SARS, responsable de la misteriosa neumonía china
Opinion: Coronavirus paranoia is outpacing its actual danger | Opinion
Reporte COVID MinSalud Colombia
Reforma fiscal diluida o riesgos por pandemia podrían bajar la calificación nacional
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