2023 es el año crucial para las reformas de largo plazo impulsadas por el gobierno del Pacto Histórico. Inscritas dentro de la visión “socialdemócrata” y “desarrollista”, es decir de reforma al capitalismo, se plantean reformas de largo alcance a los sistemas de salud, regulación laboral y la reforma pensional.
En un país en el cual nada más un 3% de la población total alcanza a cotizar en Colpensiones, muchos que no alcanzan a pensionarse son fomentados a trabajar y los pocos que cotizan pueden terminar en la pobreza, es claro que que el capitalismo colombiano actualmente no tiene una manera en que pueda ayudar a la clase obrera a obtener una vida digna después de décadas de trabajo.
El debate sobre las pensiones manifiesta los intereses de la clase obrera y la oligarquía mientras demuestra su irreconciabilidad. Para la clase dominante es claro que es necesario obtener toda la productividad posible de la clase obrera, sin importar su edad o su estado de salud. Mientras que el obrero sacrifica una gran parte de su vida para tratar de mejorar sus condiciones de vida fuera del trabajo, pero encuentra que, en la medida que el capitalismo entra en declive, es menos y menos probable que encuentre una vida por fuera del trabajo.
Vivir más, pero en peores condiciones
El tema de la vejez y el retiro es una de las primeras banderas del movimiento obrero. En la medida en que la clase obrera tomó músculo durante el principio del siglo XX, la clase dominante internacional implementó reformas desde arriba para prevenir revoluciones desde abajo.Esto lo vemos con los primeros esquemas de seguridad social en la Alemania de Bismarck, el cual sería el modelo para los Estados de bienestar que surgen durante el periodo después de la Segunda Guerra Mundial. En esencia, son modelos contributivos en donde empleador y trabajador “contribuyen” para mantener una base financiera que permita el retiro de los trabajadores, y manteniéndose conforme nuevos integrantes de la fuerza de trabajo empiecen a desarrollar su vida laboral.
Este esquema “armónico” sin embargo nunca ha sido del agrado del sistema, pues no tiene rentabilidad. Tampoco es totalmente satisfactorio para los trabajadores, en tanto la protección de este seguro depende de que la relación laboral se mantenga “formalizada” lo cual va en contravía con la mano de obra barata en países en desarrollo. Sin embargo, en medio de estas contradicciones, los sistemas de seguridad social (aún siendo imperfectos) contribuyeron a que la clase trabajadora gozara de parte de la prosperidad creada en el ciclo económico.
Sin embargo, la crisis del capitalismo se encargó de generar un retroceso, iniciando en la década de 1980 con la búsqueda de rentabilidad con los fondos de los seguros sociales. Es entonces cuando entra en auge el modelo de contribución a fondos privados, basado en la premisa de buscar mayores rentabilidades que hicieran crecer más los fondos de los trabajadores. Asimismo, la carga fiscal de las pensiones en los Estados (sustentadas en grandes ingresos fiscales desde impuestos y empresas públicas) era insostenible con la privatización y la reducción de impuestos a los grandes capitales.
No es casualidad que el primer país en adoptar este esquema fuera Chile bajo la dictadura Pinochet, donde se crea el primer esquema de Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP), basadas en estas ideas liberales (aunque el Estado chileno le mantuvo el sistema contributivo a su base de poder: El Ejército). A partir de este ejemplo y especialmente con la apertura económica de 1990, se inician las “reformas” a los sistemas de seguridad social y pensión. Quizá lo más paradigmático es que la principal causa de revuelta en el movimiento social de 2019 en Chile fueran las paupérrimas pensiones ofrecidas por las AFP, a la par que las corporaciones facturaban ganancias.
El modelo de Colombia
Colombia vio nacer las primeras AFP en 1993 como resultado de la Ley 100, cuerpo legal que formalizó la privatización en los servicios de salud y las pensiones. Hasta entonces, el Instituto de Seguridad Social había mantenido un régimen de reparto simple, que con esta ley se liquida en función de dos modelos:
1. El régimen de prima media
2. El régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS)
El primer régimen sería administrado por la entidad pública Colpensiones, y mantendría un esquema de contribución de reparto simple, mientras en el segundo serían los rendimientos de los fondos administrados por la AFP lo que mantendría la pensión. Sucesivas reformas hicieron obligatoria la afiliación a cualquiera de los dos regímenes, sea como empleado o trabajador autónomo.
El problema es que los ingresos medios en Colombia hace que los rendimientos obtenidos por las AFP sean en realidad bajos, y el régimen de Colpensiones se mantenga, pero con una base cada vez más pequeña. Colombia es un país en transición demográfica, y la población envejece lo que hace que menos jóvenes aparezcan en la fuerza de trabajo “formal”. Por tanto, ambos modelos son insostenibles, el primero porque se acaban los contribuyentes, y en el segundo porque, como en Chile (y aún con una cláusula legal de mínimos retornos), las pensiones de ingresos bajos y medios son paupérrimas.
El sistema de pilares: Una solución a corto plazo
Dado esto, y siguiendo el modelo europeo (que tiene sus propias falencias) se ha discutido la idea de un sistema de pilares, en donde se categorizan a los contribuyentes, siendo cada categoría un pilar. Según esto, ciertos pilares serían administrados obligatoriamente por Colpensiones, y el resto tendría la opción del RAIS y las AFP. Es decir, una mezcla entre el sistema contributivo de seguro social con el de rentabilidades, en el que supuestamente se garantizaría una base fija para el seguro social público, y se deja a los privados competir con los que devengan sueldos más altos. A la vez, se incorporaría a población que nunca contribuyó, con un monto fijo de COP 500,000, que estarían bajo la administración de Colpensiones. Finalmente estaría también la discusión de aumentar la edad de pensión, que está en estudio por parte de todas las partes.
Sin embargo, dado que en Colombia, el 80% de la población recibe un salario mínimo y medio o menos, las AFP perderían una cantidad considerable de contribuyentes, potencialmente amenazando su estabilidad financiera, algo que también afectaría al mercado de capitales colombiano que tiene a las AFP como sus principales motores. Esto no es más que la muestra de la extrema desigualdad de ingresos, algo que el Gobierno con su política reformista busca atacar.
El futuro
Desde un punto de vista marxista, apoyamos cualquier intento de mejora de condiciones de la clase trabajadora. El sistema de pensiones colombiano es insostenible y la amenaza real de una población envejecida sin ningún tipo de sustento se ve a diario con adultos mayores teniendo que trabajar como vendedores ambulantes para tener un mínimo vital. Las propuestas de un ingreso mínimo, junto con el de pilares pueden ayudar a una transición.
Pero como lo demuestra la posición de Asofondos (el gremio de las AFP) muchas veces basada en posiciones dudosas, esta tímida reforma (pues no es un retorno a un modelo estatal de reparto simple) será machacada y puesta en duda. Esto ya se vio cuando se dio el anuncio y se creó una matriz informativa que hablaba de que esto era una “expropiación” de los ahorros de los contribuyentes, y se ejemplificaba con el caso argentino en el período 2003-2015, donde se efectivamente se incorporó al sistema pensional a personas que no habían contribuido (el argumento de la desfinanciación fue utilizado por el gobierno macrista para buscar un préstamo con el FMI).
Lo que nos demuestra, es que aun con estas reformas, la insostenibilidad a largo plazo de estas es más un síntoma de la senilidad capitalista, que buscará maximizar sus ingresos como sea, siendo esto visto en el tema de subir o no la edad de jubilación y pensión. A la vez que se alega que tenemos vidas más longevas, también tenemos vidas más perturbadas y enfermas, algo que también se nota en la decisión de muchos de no tener más hijos e hijas, en un ciclo vicioso que está perpetuando estas contradicciones.
Un sistema socialista garantizará las condiciones materiales para una vejez digna, y a la vez para que las nuevas generaciones se desarrollen. Hay suficiente riqueza en la sociedad colombiana para lograr financiar retiros dignos para las poblaciones de adultos mayores. Cuando se considera que el 60% del PIB colombiano es acumulado por el 20% de la población, es fácil entender cómo se podría financiar un programa finalizado de cuidado socializado que pueda proveer servicios básicos y cuidados a la población más anciana en conjunto con la población más jóven.
Sin embargo, no podemos controlar lo que no nos pertenece. En la medida en que la clase dominante se adueñe de la riqueza del país, no se podrá usar para resolver las necesidades sociales. Solo será con una lucha por la nacionalización de las altas esferas de la economía bajo control obrero que se podrá usar las grandes riquezas y la maquinaria que se usa para producirla en nombre de mejorar la calidad de la vida de la gran mayoría de la población. Sobre esa base economica se podrá erguir una infraestructura que le dé más dignidad a la población mayor que unos simples cheques mensuales.
Bibliografía:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44048982
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42420568
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3120/4.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45780/1/S2000379_es.pdf
