En noviembre 24 del 2016, el gobierno colombiano firmó un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo. Este acuerdo de paz se ha convertido en uno de los aspectos centrales de la política del país. Al día de hoy, el Centro Democratico ha saboteado cualquier intento de implementación del acuerdo que heredaron del gobierno de Juan Manuel Santos. Esto ha culminado con el escándalo OCAD-Paz, en el que se malversaron 500 mil millones de pesos colombianos (equivalente a 101 millones de dólares estadounidenses) a gobiernos locales que intentaron recibir dinero estipulado en el acuerdo y su subsecuente legislación.
La campaña de Petro ha convertido la correcta implementación del acuerdo de paz en una de sus aristas. Su programa de gobierno es hacer cumplir el acuerdo de paz en conjunto con la Constitución del 91, que los progresistas consideran traicionada por la oligarquía de hoy. Debido a esto, la cuestión de la “paz total” (la negociación del gobierno con grupos criminales armados, como la guerrilla del ELN y los carteles de narcotraficantes) se ha vuelto un ítem de máxima prioridad en la agenda legislativa de la bancada del Pacto Histórico.
En un país que ha visto grupos armados como su principal actor político por más de cinco décadas, la cuestión de la paz es una aspiración justa de la clase obrera, el campesinado y la juventud. El conflicto armado entre las guerrillas y el estado ha forzado a millones a ser llevados a la trituradora que el capitalismo colombiano ha creado para enriquecer a los administradores locales de las multinacionales que operan en el país. Debido a la urgencia y relevancia de esto, es importante establecer una perspectiva que entienda el origen del conflicto más allá del usual diagnóstico basado en la cultura o las intenciones de los combatientes. Estas perspectivas tienen que fluir de las condiciones económicas y sociales que crean esta situación para proponer un programa que le ponga un fin definitivo al conflicto armado que define a la vida en Colombia.
Paz y capitalismo
La seguridad y la paz bajo el capitalismo siempre son relativas. Si bien se puede decir que en los países más desarrollados, fenómenos como las guerrillas y los carteles no son tan frecuentes como lo son en el tercer mundo, el hecho es que la desigualdad y explotación que el capitalismo necesita para enriquecer a la clase dominante siempre impulsarán elementos a intentar sobrevivir por fuera de la explotación. Estos elementos son parte del “lumpenproletariado”, aquella clase cuya principal característica es su falta de relación con los medios de producción.
En la medida en que la economía pueda resolver problemas cotidianos como el alimento, la educación, el empleo y la vivienda, se puede reducir en cierta medida las condiciones que llevan a muchos jóvenes a abandonar su educación y/o su empleo para vivir al margen de la ley y así obtener una compensación que pueda ayudarles a sobrevivir. Tristemente, en la medida en que la crisis del capitalismo empeore, será más difícil para la clase dominante ofrecer el tipo de concesiones que puedan mejorar las condiciones de vida de la gente y disuadirlos de unirse a las pandillas criminales.
Este es el secreto detrás de la participación de las naciones garantes como Noruega y España, quienes quieren proteger sus inversiones en el mercado colombiano de los ataques de las guerrillas y demás. Mientras, la clase dominante local quiere invitar a la inversión extranjera al país con la promesa de estabilidad social. Metas loables, ciertamente pero, la pregunta es: ¿cómo se podrán lograr más allá de las negociación a puerta cerrada?
¿Las leyes o la lucha de clases?
Uno de los argumentos claves del gobierno nacional con respecto a la búsqueda de la paz total es que los acuerdos firmados por los gobiernos anteriores hasta hoy no se han cumplido. Tanto Gustavo Petro como el ministro del Interior, Alfonso Prada, han notado que buscan lograr “que incluso los procesos de paz que están en curso vinculen a los gobiernos siguientes en la continuidad de lo que es un derecho de los colombianos y un deber constitucional: la búsqueda de la paz, que no es potestad exclusiva de un gobierno en particular, sino una política de Estado”.
Ciertamente, encomiariamos cualquier acuerdo de paz duradero que permita al gobierno nacional garantizar la estabilidad social. Pero el meollo del asunto es que la lucha de clases, la ley fundamental de la sociedad de clases, se impone por encima de cualquier ley escrita en el papel. Las leyes, después de todo, no son nada más que el andamiaje de acuerdos, concesiones y privilegios que la clase dominante usa para defender sus riquezas y propiedad de los medios de producción.
En otras palabras, la razón por la que los gobiernos anteriores han incumplido con los acuerdos de paz no es por ignorancia de la ley sino en defensa de las riquezas de una minoría. La persecución de los líderes sociales fue enteramente en defensa de la inversión extranjera, los saqueos a los dineros asignados a la implementación e incluso la finalización de relaciones con Venezuela en conjunto con el apoyo a Juan Guaidó estaban orientados alrededor de fortalecer relaciones con el imperialismo estadounidense.
Aquí vemos cómo la necesidad de mantener a la clase obrera y al campesinado subordinados a la explotación del imperialismo internacional prima por encima de las leyes acordadas, sin importar el contexto. Esto implica que cualquier acuerdo que se firme se encontrará limitado en la medida en que la base del poder económico de la burguesía sea mantenida.
La base material de las guerrillas y los carteles
Si bien no podemos discutir en profundidad al respecto de los orígenes de las guerrillas y los carteles, vale la pena delinear la dinámica general que las ha creado. La desigualdad en la tenencia de la tierra ha creado estragos en lados opuestos de la lucha de clase en Colombia. Por un lado, el latifundio, para poder defender su monopolio y tratar de obtener las mayores ganancias posibles, ha dependido históricamente del narcotráfico para suplementar las ganancias de la ganadería.
Por otra parte, la Revolución Cubana inspiró a millones de obreros en Latinoamérica a tratar de saldar cuentas con sus clases dirigentes. Tristemente, muchos de los militantes que vieron los eventos ocurridos en Cuba sacaron las lecciones incorrectas e intentaron construir guerrillas como el M-26-J de Fidel y Che. Las dos guerrillas de izquierda más importantes del país, las FARC y el ELN, parten de este punto de inspiración e intentaron basarse en el campesinado. El guerrillerismo tiene su propia lógica como método de lucha. Se basa sobre el aspecto pequeño-burgués e individualista del campesinado, poniendo a héroes de acción por encima de la acción colectiva de la clase con esos héroes imponiendo órdenes a la clase. De allí que estas guerrillas emplearan métodos como secuestros y el narcotráfico para financiarse. Estos métodos facilitaron a la clase dominante separar a las organizaciones de izquierda (tanto guerrillas como frentes legales) de la clase obrera, usando propaganda para demonizar a toda la izquierda como terroristas.
En otras palabras, el imperialismo crea las condiciones materiales para el desarrollo tanto de las guerrillas como de los carteles. Ahora bien, esto no significa que los carteles y las guerrillas son dos caras de la misma moneda. Si bien la degeneración de las FARC y el ELN ha llevado a estas organizaciones a damnificar las vidas de más de un obrero, el hecho es que ninguna de estas guerrillas luchó por el enriquecimiento personal de sus miembros y ciertamente, sus métodos nunca fueron tan violentos como los de los narcotraficantes y los paramilitares, quienes estaban dispuestos a mutilar los cadáveres de sus víctimas para intimidar a sindicalistas que se les opusieron, entre muchos otros horrores.
La revolución socialista y la paz
Sin embargo, el hecho es que las guerrillas significaban un callejón sin salida para la clase obrera colombiana en su lucha en contra de la oligarquía. Los métodos del guerrillerismo desconectaron a las organizaciones revolucionarias de la clase obrera, debilitando a ambos lados y poniendo el movimiento sindical en las manos de los reformistas. Sin embargo, la firma de los acuerdos de paz en 2016 removió este gran freno detrás de la movilización de la clase obrera, lo que ha llevado a los paros nacionales del 2019 y el 2021 que han agitado a la nación desde sus cimientos.
Ciertamente, la desmovilización del ELN en conjunto con el desarme de los carteles sería un desarrollo progresivo. Pero la cuestión es: ¿sobre qué base se puede lograr? ¿Se puede lograr enteramente sobre la base de un acuerdo legal? ¿Qué tipo de concesiones puede lograr el gobierno nacional para facilitar esta desmovilización? ¿Y vale la pena negociar con los carteles y las guerrillas como si fueran simplemente dos extremos de la misma lucha?
La verdad es que cualquier acuerdo de paz que salga de estas negociaciones que han iniciado en Caracas puede ser bienvenido de ser implementado pero, como marxistas, tenemos que ser claros: ningún acuerdo de paz firmado sobre la base de las concesiones que un gobierno capitalista pueda ofrecer, puede durar mucho tiempo. Puede ser que el ELN y el Clan del Golfo acuerden con el gobierno hoy pero, las condiciones que los crearon se mantendrán. Otros tomarán el relevo en la medida en que la crisis del capitalismo empeore en el país.
El miedo de los poderosos
La paz solo se puede lograr sobre una base de desarrollo económica que permita subsanar las grandes desigualdades que definen a la vida en Colombia. La desigualdad de la tierra se debe al rezago semi-feudal del latifundio. Si bien la producción agrícola y ganadera del país es conducida bajo el método de explotación capitalista, la oligarquía nunca tuvo que pasar por la escuela de una reforma agraria que dividiera la tierra entre el campesinado para incrementar su productividad.
Y ese temor a las concesiones, quizá es lo que ha impulsado la mayor sorpresa de estos diálogos: la “invitación” del Gobierno a Jose Félix Lafaurie a ser parte del grupo de diálogo con el ELN. Lafaurie, el líder de FEDEGAN (el gremio de los ganaderos) ha defendido los intereses del latifundio durante toda su vida. Sin embargo, con la elección de Gustavo Petro, se ha mostrado dispuesto a trabajar con el gobierno del Pacto Histórico en nombre de lograr la reforma agraria e incluso aceptó acordar con el gobierno la venta de predios baldíos para la implementación de la reforma agraria.
No hay una demostración más clara del método de Petro que esta: para lograr ponerle fin al conflicto entre el campesinado y el latifundio, decide traer a la mesa de negociación tanto a los jóvenes de la primera línea como al clan del golfo y a los latifundistas. Una mesa de negociación entre todas las facciones envueltas en el conflicto del país y sugiere que todos juegan la misma parte. Pero el hecho es que los jóvenes de la primera línea no tienen ninguna capacidad de hacer valer la fuerza social a la que representan en esa negociación. Semejante negociación sólo podrá tener un resultado: el gobierno nacional proponiendo concesiones que no atacaran la raíz del asunto mientras que la oligarquía (a traves de los ganaderos) no retroceda ni un apice y la oposición amendrente el proceso de paz por sus retrocesos.
La implementación de esta negociación es igual de problemática que su concepción. La fiscalía, por ejemplo, no suspendió las órdenes de captura de los miembros del Clan del Golfo ya que este no es un grupo politico y la promesa de Petro de liberar a los jóvenes de la primera línea antes de Navidad no se cumplió. El ELN fue en contra del gobierno de Petro cuando este anunció un cese de fuego con la guerrilla. Estas vacilaciones de diferentes ramas del estado y participantes en la negociación demuestran que el gobierno nacional no tiene una base de apoyo lo suficientemente fuerte para atar a los diferentes bandos con un acuerdo que pueda resolver los síntomas del conflicto, por no mencionar las causas.
La oligarquía no puede saldar esta deuda histórica ya que los intereses del latifundio están vinculados de manera inextricable con la burguesía. Efectivamente, sería un ataque a la base del propio poder económico de la burguesía. Solo la clase obrera puede liderar la lucha para cumplir esta y las mil y un tareas históricas que la burguesía colombiana ha ignorado en favor de enriquecerse y a sus aliados en Washington D.C.
Sobre esa base, se podría garantizar el fin de las guerrillas. Los carteles, sin embargo, encarnan los intereses de un cierto sector del latifundio que necesita del narcotráfico para enriquecerse. Contra este bando, un gobierno de la clase obrera tiene que librar una guerra sin cuartel, organizada por un ejército rojo de obreros y campesinos, que pueda usar la colosal fuerza de las masas para romper la espalda de estas organizaciones que no existen para nada más que aterrorizar a los oprimidos del país y enriquecer a sus élites.
