Durante los últimos diez años, al tono de los enfrentamientos derivados de la Gran Recesión de 2007-2008, se ha propuesto un Ingreso (o Renta) Básica Universal. Ante las perspectivas de pobreza y desempleo, especialmente en los países desarrollados, esto se volvió una bandera de muchas expresiones políticas “progresistas”. Pero detrás de estas nobles intenciones, se esconden contradicciones y el límite que estas políticas tendrán en el sistema capitalista.
Los antecedentes de la renta básica se encuentran en la filosofía humanista del Renacimiento. Luego se desarrollarían durante el siglo XVIII, con propuestas de parte de elementos radicales en Estados Unidos e Inglaterra. De hecho, Adam Smith en su primera obra “Teoría de los sentimientos morales” hablaba de la idea de que, al ser los individuos miembros de una sociedad, la empatía por los “otros” hacía necesaria buscar alguna forma de sustento general. Luego en “La Riqueza de las Naciones”, usaría esto como justificación de la producción mercantil capitalista. Luego de esto tendríamos los desarrollos de la Comisión Beveridge que desarrolló la idea del impuesto sobre la renta negativo (apoyada luego por Milton Friedman), lo cual finalmente desembocará en la actual teoría del ingreso universal refinada por teóricos cómo Thomas Piketty, Yanis Varoufakis, Robert Reich que lo discuten esencialmente como una forma de disminuir la desigualdad y potenciar la “democratización de la propiedad”.
En el período posterior la idea de una renta universal se tomó como una potencial salida de política pública a la desigualdad y la crisis de pobreza generada a partir de los problemas de la crisis de 2007-2008. Así se dieron experimentos en Finlandia y Namibia, importante pues mientras Finlandia era una de las naciones más desarrolladas a nivel mundial, Namibia es una nación pobre con limitados recursos.
En el caso finlandés, el experimento nació desde las instituciones estatales (algo único ya que la mayoría de estos experimentos fueron financiados por ONG ‘s), durante Enero 2017 a Diciembre 2018. El seguro social finlándes (Kela) seleccionó a 2,000 individuos otorgándole 560 euros mensuales incondicionalmente, comparándolo a otro grupo de control que siguió recibiendo los mismos beneficios que Kela otorgaba por desempleo. El experimento como tal fue inconcluso dado su abrupto final en 2018 derivado de luchas en la coalición gobernante en Finlandia, y los resultados preliminares en 2020 mostraron que el mayor impacto fue en la salud mental y el bienestar material, con un ligero impacto positivo en el empleo, esto luego de introducir otra variable de activación (esencialmente controles más estrictos en el grupo que no recibía el ingreso universal). El otro gran impacto fue que la confianza en las instituciones estatales creció ante la percepción de que “se estaba haciendo algo” para aliviar los problemas que los beneficiados adolecían.
En Namibia, donde el experimento fue financiado de manera privada por un grupo de ONGs, el experimento se desarrolló entre 2008 a 2009. En este caso, los resultados fueron mucho más visibles en tanto las condiciones de vida, y el empleo se beneficiaron; por ejemplo el porcentaje de población en actividades remuneradas pasó de 44% a 55%, la desnutrición infantil pasó de 42% a 10% y la tasa de deserción prácticamente desapareció. El principal problema fue la falta de compromiso institucional y las dificultades de mantener un flujo de financiamiento constante.
En ambos casos vemos que el problema de estas medidas está en su implementación. Por un lado vemos que su implementación requiere la intervención de terceros (ONGs dispuestas a financiar el programa). Esto requiere que estos terceros mantengan su estabilidad financiera a través del periodo. ¿Qué pasa si las ONGs que financian el ingreso universal caen en bancarrota durante una recesión? Por el otro lado, también vemos el hecho de que no toda la clase dominante está detrás de un programa de ingreso universal y efectivamente, semejante proyecto sería el primero en ser recortado bajo un gobierno conservador que quiere implementar austeridad para asegurar ganancias a los patrones.
Entonces, ¿por qué la insistencia del sector progresista de la clase dominante en la búsqueda de la implementación de algo como esto? Fundamentalmente el ingreso universal es una idea que busca ayudar al sostenimiento del sistema capitalista, y “reformarlo” para hacerlo sostenible ante los problemas de desigualdad y pobreza. La premisa detrás de esto es que, según los proponentes del ingreso básico universal, el problema de la producción ha sido solucionado por el capitalismo pero el problema que queda es la demanda y el ingreso. ¿Qué hacer? Pues esencialmente proveer un piso mínimo para que los individuos de una sociedad puedan mantener un ritmo determinado de consumo. El desempleo no se convertiría en un lastre, sino en un aliciente para ganar más (para los trabajadores) y las empresas no perderían consumidores por falta de ingreso.
Esto es crucial en el contexto colombiano, donde la pandemia popularizó la “renta básica”. Sin embargo el tema es que en un Estado débil como el colombiano, el único camino serían reformas que tomaran recursos de las clases altas, algo que ha sido incluso citado por la misma ANDI y su presidente Bruce McMaster, “no toque a nadie más y nosotros estamos dispuestos a hacer el gran aporte solidario, ¡cóbrenos a nosotros!”. Sin embargo, dada la correlación de fuerzas entre clases, provocando que las reformas tributarias al final caiga en la clase trabajadora, y la pesada carga del endeudamiento tenderían hacia una situación fiscal inmanejable.
Todo lo anterior nos lleva a la principal contradicción del tema del ingreso básico universal, al esconder el problema de la propiedad privada y la anarquía de la producción. Para los marxistas, el ciclo de producción-consumo, no obedece únicamente a los deseos subjetivos de los consumidores (la base de los modelos económicos burgueses) sino en las condiciones materiales de los capitalistas. Las crisis son el producto de la sobrecapacidad de producción del sistema y la inhabilidad de los obreros de poder comprar lo que producen . Un ingreso solo ralentizaría las mismas, pero no las eliminaría.
Si todos tienen ingresos, el problema es el valor que esto tendría, y en que el capitalista no tendría necesidad de contratar más personas. Se podría evitar la inmiserización de los desempleados, pero no habría un real incentivo para contratar personas en el sistema productivo. Aún cuando en forma lógica, el que más personas tengan ingresos que les permitan participar del consumo y a la vez mantener las tasas de ganancia, el cálculo de los capitalistas es siempre a la minimización de costos y la maximización de ganancias, con los efectos del desempleo como una “externalidad negativa”.
Desempleo y RBU:
¿Los desempleados podrían entonces volverse emprendedores y retar mediante la competencia al capitalista corporativo? No, ya que el riesgo y la capacidad de sostenimiento es totalmente opuesta, y a la vez el flujo de herencia (el capitalista corporativo, el burgués, tiene más recursos) no se rompe. Por tanto, al final no habría un rompimiento de la cadena lógica del sistema capitalista que se orienta al monopolio y la concentración. La desigualdad se mantendría, como demostraron los resultados del experimento llevado a cabo en Finlandia, y aún en donde los resultados fueron positivos como Namibia, el problema fue el tema del financiamiento y la estructura institucional para mantenerlo.
Esto último nos lleva al tema del financiamiento y el Estado. Muchos proponentes correctamente señalan que si se tomaran recursos del 1% (por ejemplo Piketty postulaba tasas efectivas de tributación del 90% a este segmento) a través de impuestos globales y directos a la riqueza los Estados podrían tener el músculo financiero para financiar estos programas. El problema de esto es que el estado no es un árbitro imparcial, responde a intereses determinados por parte de la clase dominante. Así, si en una crisis los capitalistas demandan alguna forma de reducción (como se ha visto aún en los lugares donde se dieron los experimentos de RBU) ocurriría lo que ha pasado con los Estados de bienestar, una austeridad que hace más difícil su sostenimiento e implementación.
¿Acaso en los estados llamados socialistas no existía una idea de ingreso universal?
No existe porque el tema es que en el socialismo (aún en los ejemplos burocratizados como la URSS, Cuba o China) el punto es eliminar la enajenación del trabajo, a través de una planificación centralizada. De hecho, la planificación centralizada logró eliminar el problema de los medios de pago pues todos tenían trabajo. El problema de la escasez que es señalado se daba precisamente por la burocratización. Un control obrero democrático, atento a las necesidades reales de la sociedad (y donde se elimina al intermediario) lograría producir tranquilamente los productos.
Irónicamente, la economía de las grandes corporaciones capitalistas es altamente planificada y centralizada, hay casas matrices que dictan líneas generales a las filiales y en cascada, como podemos ver en las estructuras de gigantes como Walmart, Amazon, o en el caso lationamericano Mercado Libre, el Grupo Bancolombia o el Grupo Aval. ¿Cuál es la diferencia entonces? El citado control democrático obrero de la producción.
Nuestra perspectiva es que la mejor manera en la cual los trabajadores pueden mejorar sus condiciones de vida no es a través de la caridad del estado sino a través de la lucha en contra de la clase dominante. Si bien no le decimos que no a las reformas, ciertamente explicamos las deficiencias de estas. Como marxistas, de hecho, entendemos que la única manera verdadera de obtener reformas es a través de la lucha militante obrera. Pero las reformas que la burguesía ofrece pueden ser fácilmente removidas precisamente en el momento en que son más necesarias (en las eras de crisis financieras) Si bien nunca le diremos que no a la implementación de un ingreso universal, siempre explicaremos que este no es una verdadera solución a los problemas del capitalismo, que son causados por la sobreproducción del sistema y la inhabilidad de los trabajadores de poder comprar. De hecho, un ingreso universal terminaría empeorando el problema de la inflación y subiendo el precio del arriendo para aquellos trabajadores que no tengan vivienda, ya que los caseros simplemente subirían sus precios de renta de acuerdo a este ingreso universal.
En conclusión, la renta básica universal es una buena intención pero que no va a solucionar los problemas del sistema económico, resultando en los problemas actuales del llamado “Estado de Bienestar”. Si para las fuerzas de derecha esto provocaría una nueva “trampa de bienestar” donde la gente “se acomodará” al ingreso, o para la izquierda “debiera ser algo permanente” el hecho es que no rompería con las verdaderas causas de la desigualdad de ingreso, la explotación de la fuerza de trabajo y la extracción de plusvalía junto con la propiedad privada de los medios de producción y la anarquía de la producción. Un análisis marxista demuestra que mientras estas condiciones materiales no se eliminen, las crisis seguirán y la clase trabajadora, con o sin ingreso universal, dependerá de los designios de la clase dominante, en tanto no tome el poder por sí misma.
