La Asamblea Triestamentaria de la Universidad Nacional decidió entrar en paro académico hasta el 20 de marzo. Esta medida responde a la injerencia del Consejo de Estado en la autonomía universitaria y a la imposición del nombramiento de Ismael Peña como rector.
Su elección, además de antidemocrática, representa un riesgo para los derechos laborales y estudiantiles, así como los fondos públicos. Los antecedentes de Peña así lo evidencian, por ejemplo, cuando fue vicerrector de la sede Bogotá, designado por Dolly Montoya, ubicó a personas de su círculo cercano en cargos estratégicos, promovió la instalación de torniquetes para restringir el acceso al campus, prohibió la ocupación de edificios y criminalizó la protesta estudiantil. Asimismo, en medio de un contexto de aumento de la inflación y de incrementos en las matrículas, se destinaron millones de pesos a viáticos y otros gastos de manera injustificada.
Igualmente, Peña ha defendido la spin-off Rotor, una empresa promovida por Montoya que ejecuta contratos públicos por más de 300 mil millones de pesos y cuya gestión ha sido cuestionada por presunta opacidad y por gastos que han sido considerados injustificados.
No obstante, el punto central es que su elección fue el resultado de una decisión impuesta por instituciones del Estado e impulsada por sectores de la élite nacional, pasando por encima de los derechos fundamentales de estudiantes, docentes y trabajadores.
El comité de gestión de la burguesía
Tras el nombramiento de Peña como rector en marzo de 2024, se produjeron asambleas, movilizaciones y paros en rechazo a su designación. El estudiantado sostenía que el cargo debía recaer en Leopoldo Múnera, quien había obtenido la votación más alta (34%) en la consulta interna realizada en la universidad.
Desde entonces se abrió una prolongada disputa judicial que mantuvo encendida la tensión política dentro y fuera del campus. Casi dos años después, el Consejo de Estado falló a favor de Peña y en contra de Múnera, dejándolo de manera definitiva al frente de la Rectoría.
Conviene recordar que el Consejo de Estado es la misma institución que recientemente intentó frenar el decreto de aumento del salario mínimo expedido por el Gobierno a finales del año pasado. También resulta relevante el papel desempeñado por figuras como la actual aspirante a candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, y el procurador delegado Samuel Arrieta, quienes desde sus cargos públicos promovieron acciones jurídicas, intervenciones y pronunciamientos en respaldo de Peña.
Todo ello sugiere que esta elección trasciende el ámbito estrictamente universitario. Detrás del pulso por la Rectoría está la oligarquía nacional que no solo buscan el usufructo de los recursos de la universidad y su eventual privatización, sino también la captura política de la principal universidad pública del país, históricamente escenario de movimientos estudiantiles críticos y combativos desde la época de Camilo Torres e incluso antes.
Como escribía Marx “el Estado moderno no es más que un comité para gestionar los asuntos comunes de la burguesía”.
¿Cómo unir fuerzas?
Aunque la Asamblea Triestamentaria contó con la participación de estudiantes, sindicato de trabajadores y profesorado, y en el teatro Auditorio León de Greiff se congregaron más de 2.000 estudiantes —con cerca de 4.000 asistentes virtuales— en un ambiente claramente militante a favor del paro, es necesario señalar algunos errores que hoy representan obstáculos para la lucha.
En primer lugar, es innegable que existe cierto desgaste en el movimiento tras la movilización sostenida desde 2024, que se suspendió bajo la promesa de alcanzar los objetivos a través de la Constituyente. La posterior elección de José Ismael Peña, sin que la MECUN (Mesa Constituyente Universitaria) lograra incidir de manera decisiva, pese a solicitar al Consejo Superior Universitario (CSU) no votar por Peña y reabrir el proceso electoral, minó la confianza de un sector del estudiantado en el movimiento y en su dirección.
Ante esto, desde algunos espacios se ha respondido afirmando que al interior de la universidad crecen el fascismo y las ideas de derecha, señalando incluso a determinadas facultades como “nidos” de agentes reaccionarios. Sin duda, existen grupos de derecha que avanzan y deben ser enfrentados políticamente; pero no constituyen la mayoría del estudiantado.
Así lo evidencia una encuesta impulsada por un representante estudiantil oportunista, en la que el 56,8 % manifestó no querer el paro, mientras el 38,8 % expresó estar de acuerdo. Sin embargo, esto no significa, como pretende dicho representante, que la mayoría esté “cansada” del paro por simple deseo de volver a clases. Lo que revela es un agotamiento frente al mecanismo del paro tal como se ha venido desarrollando. Según el propio encuestador, muchos de quienes rechazaron la movilización también manifestaron su desacuerdo con la elección de Peña, pero no veían en ella una vía efectiva para revertirla.
Esto obedece a que, casi dos años después de la gran movilización de 2024, no se percibe una victoria clara. Para muchos fue un golpe que el CSU eligiera a Peña y que, pese a los pronunciamientos del MECUN, no hubiera consecuencias concretas. A ello se suma que parte de la dirigencia ha reproducido un discurso que no ofrece una perspectiva convincente de triunfo.
No obstante, el hecho de que la mayoría exprese su inconformidad con la elección del rector demuestra que existe una base objetiva para reconectar con ese sector. Si se presenta una estrategia clara y una salida real, es posible ganar su simpatía hacia una movilización orientada a exigir la salida de Peña.
En la misma Asamblea, un dirigente del sindicato de trabajadores señaló que ya se perciben los efectos del regreso del nuevo rector: despidos a dedo y contrataciones arbitrarias. Planteó que, de ir a paro, los trabajadores recurrirían a la huelga, una herramienta seria que compromete directamente el sustento de las familias, y que, de adoptarse esa vía, requerirían el respaldo decidido del estudiantado. Estas palabras fueron recibidas con aplausos y consignas de apoyo. Sin embargo, luego aclaró que no convocaban a la huelga para no asumir protagonismo frente a las demandas estudiantiles, pues consideraban que era “la lucha de los estudiantes”. Esa posición es equivocada. Precisamente porque la huelga es una herramienta seria, su potencial es enorme: si se paraliza efectivamente la universidad, se coloca en jaque a la cúpula administrativa y se obliga a retroceder. Esa presión fue determinante en 2024 para impedir inicialmente la consolidación de Peña en la rectoría.
No se trata de luchas separadas entre estudiantes, trabajadores y profesores. Es una sola lucha. La demanda es común: la salida de Peña. Es él, junto con su grupo y los sectores dominantes que lo respaldan, quien amenaza el trabajo, la educación pública y la libertad de cátedra.
Por ello, la pelea debe asumirse de manera unificada y hasta el final. Sumando incluso a los trabajadores no organizados que son tercerizados y trabajan por bajos sueldos en porterías y aseo. Si esto se explica con claridad, sin maniobras retóricas ni ambigüedades, será posible convencer a los indecisos y demostrar a los escépticos hasta dónde puede llegar una movilización conjunta y decidida.
Constituyente o poder genuino
Otra de las ideas que circuló el 24 de febrero fue que no debía convocarse un paro para tumbar al nuevo rector, sino limitarse a defender la Constituyente Universitaria, que estaría en riesgo con la nueva administración. Este mecanismo venía planteándose desde la rectoría de Dolly Montoya y cobró mayor fuerza con Múnera, consolidándose como una promesa de reforma de los procesos administrativos en la Universidad Nacional de Colombia para ampliar la participación del estudiantado y los demás estamentos.
En cierta medida, operó como un factor de contención frente a las movilizaciones de 2024. Sin embargo, abandonar la consigna contra Peña para centrarse exclusivamente en la defensa de la Constituyente es, a nuestro juicio, un error. En primer lugar, porque hoy quien amenaza esta herramienta es el propio Peña; y, sobre todo, porque la Constituyente no resuelve el problema de fondo: quiénes de verdad controlan la universidad y toman decisiones dentro de ella.
Históricamente, las constituciones han sido el andamiaje legal del Estado, el marco normativo que delimita lo permitido dentro de un orden determinado. Pero el Estado no es un simple aparato administrativo neutral; es un instrumento mediante el cual una clase ejerce dominio sobre otra.
Como señalaba Vladimir Lenin en 1919, el Estado surge cuando aparece un grupo especializado en gobernar que requiere un aparato de coerción para imponer su voluntad. Esto evidencia que la clase dominante controla las reglas y las adapta a sus intereses. Un ejemplo es la Constitución Política de Colombia de 1991, que consagra principios sobre la distribución de la tierra y la protección ambiental mientras, en la práctica, el campo sigue concentrado en manos de terratenientes y la selva es explotada por multinacionales. En términos materiales, quien detenta el poder económico controla también el Estado.
En la universidad ocurre algo similar. Las burocracias que dirigen el campus están encabezadas por personas que obtienen beneficios directos de su posición y no tienen interés en transformar la estructura que les permite mantenerse en ella. Los altos salarios desde la rectoría hacia abajo son muestra de ello: el rector puede percibir hasta 20 millones de pesos mensuales, además de viáticos millonarios sin controles efectivos, como lo evidencian los 142 millones desaparecidos durante la administración de Dolly. En estas condiciones, es previsible que quienes ocupan esos cargos busquen preservar su control sobre las decisiones administrativas.
No es equivocado aspirar a una gestión más democrática mediante la Constituyente. El problema es creer que un órgano intermediario para la elección del rector, sin modificar la estructura que sostiene a estos bloques burocráticos, producirá un cambio real. La única vía efectiva es que la clase trabajadora y el estudiantado administren directamente la universidad, sin intermediarios, a través de una instancia conjunta con representantes de profesores, trabajadores y estudiantes, sin privilegios salariales y con revocabilidad.
La MECUN, instalada en 2025 con 228 representantes, es lo más cercano a una expresión de poder universitario amplio. No obstante, no debe convertirse en un órgano meramente consultivo o limitado a defender la Constituyente, sino en una instancia de decisión directa sobre el rumbo de la universidad, libre de injerencias de clase y de oportunismos. Esto implica, entre otras medidas, reducir los altos salarios de los funcionarios y garantizar que quienes asuman responsabilidades respondan a las demandas claras del movimiento.
El hecho de que el actual rector intente negociar la Constituyente a cambio de levantar el paro demuestra que la presión ejercida es real y legítima. No tiene sentido, entonces, negociar con quien ha desconocido normas cuando le conviene y ha utilizado el aparato estatal para beneficio propio. No es posible conquistar una gestión verdaderamente democrática si la exigencia se limita a “un poco más” de participación mientras se negocia con quienes han construido durante años mecanismos para restringir la decisión de las mayorías.
Por ello, el paro debería ser indefinido y tener como consignas centrales la salida de Peña y la instauración de un gobierno universitario dirigido por la clase trabajadora y el movimiento estudiantil. Al mismo tiempo, es fundamental impulsar una participación abierta y amplia mediante comités de discusión que involucren a todos los sectores y reactiven el ánimo colectivo, superando la incertidumbre que llevó a que solo la mitad de las facultades se sumaran al paro hasta el 20 de marzo.
Para esto es imperativo pedir más decisión de la dirección del movimiento, que parece limitarse por los obstáculos legales. Cómo escribía León Trotsky en 1936: “Las burocracias del Partido Laborista y de la central sindical no son sino la policía política del capital en el seno del movimiento obrero. Los revolucionarios que sólo hacen lo que la policía les permite, no son revolucionarios.”
No obstante, esta lucha debe proyectarse más allá de los muros universitarios, entendiendo que el conflicto en la UNAL forma parte de una confrontación más amplia contra la oligarquía colombiana y el sistema que esta sostiene.
Sin revolución no hay educación
El sistema capitalista atraviesa una crisis profunda que se intensifica cada día, cerrando la posibilidad de una paz entre las clases basada en reformas dentro del propio sistema. El llamado “orden basado en reglas” ha caído y la ley del más fuerte, siempre existente, ahora se muestra abiertamente. Sin embargo, esta situación ha impulsado grandes movilizaciones en todo el mundo, desde Minneapolis hasta Francia, Italia, Sri Lanka y Colombia.
Tras el Paro Nacional del 2021 las masas han pasado a la defensa de las reformas. Pero la clase dominante no puede permitir ese avance, cada reforma, desde la laboral hasta la pensional afecta sus intereses económicos y por eso las combate sistemáticamente.
La educación no es la excepción. La defensa de la universidad pública y su reforma chocan con esos intereses y, como muestra la situación con Múnera y Peña, cualquier conquista puede revertirse mientras el sistema permanezca intacto. Por ello, la lucha por las reformas debe avanzar hasta sus últimas consecuencias: sólo una revolución socialista dirigida por la clase trabajadora y organizada en un partido obrero basado en el marxismo puede hacerlas permanentes.
Esa es la tarea del próximo período y la responsabilidad de la juventud colombiana, que hoy lucha por la educación y mañana lo hará por la clase a la que pertenecerá: la trabajadora. Como afirmaba Karl Liebknecht: “La juventud es la llama de la revolución proletaria”. Es necesario encender esa llama.
