La presente es una denuncia en contra de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández, cuyas políticas asesinas afectan a toda la ciudadanía capitalina, especialmente a su clase marginada. Basta hacer un repaso por el incumplimiento de promesas de campaña con relación al manejo de recursos, o por la inacción ante hechos tan calamitosos como los del pasado 9 de septiembre y su apoyo a las fuerzas policiales cuyo accionar se asemeja al de una banda criminal, o con la inoperancia en el tratamiento de la pandemia donde también ha incumplido.
Este camino mezquino es el reflejo de la crisis en la que actualmente nos encontramos y de la verdadera posición tomada por la burgomaestre. Por lo mismo, la denuncia actual es consecuencia de la apresurada decisión de empujar a muchos de sus contratistas y funcionarios a las calles en pleno pico de pandemia, con el invierno en su máximo de lluvias y en fechas de vacaciones, cuando más gente hay en las calles. Con esa acción puso en riesgo no sólo a su planta de trabajadores sino también a la ciudadanía, pues, la naturaleza del trabajo de la mayoría de contratistas es territorial y les conmina al trato directo con público. Este es el caso de los profesionales de la salud, adscritos al distrito, quienes desde el inicio de la pandemia han enfrentado un aumento en sus responsabilidades, atendiendo personas contagiadas de barrios vulnerables con escasa protección y que, hoy por hoy, ven un repunte, agudizando su situación laboral e incrementando el riesgo de infección. Y es que según datos del Observatorio de Salud de Bogotá, al 9 de enero del 2021 habían 16.504 casos confirmados de COVID-19 correspondientes a trabajadores del sector de la salud de toda la ciudad, haciendo de este, por obvias razones, uno de los gremios más golpeados.
Otro grupo de funcionarios que se podría usar de ejemplo son los artistas formadores adjuntos al programa CREA de IDARTES, que trabajan directamente con población infantil y que se ven obligados a enfrentar las calles sin ningún tipo de elemento de seguridad brindado por la institución, más allá de una palmadita en la espalda y una velada amenaza de pérdida del contrato en caso de incumplimiento. Como es de esperar, en este escenario, el acceso a material de cuidado es nulo, muchos CREA deben ocupar el sueldo de sus administrativos para suplir la falta de insumos en jabón, alcohol, termómetros y demás. Ni qué decir de la posibilidad de pruebas de PCR para asegurar un ambiente más tranquilo. Este último tema está casi vetado para la ciudadanía completa por el supuesto aplanamiento de la curva de contagios y reapertura económica, que se decretó en el mes de septiembre del 2020.
Ante la petición de revisión de casos especiales en los que no se podía cumplir la orden, por ser o convivir con pacientes de riesgo, la respuesta ha sido una exigencia perentoria. ¿Con qué tranquilidad sale alguien a trabajar sin preocuparse por la salud de su familia y la propia cuando las cifras, a la fecha, son de 2,015,485 infectados en todo Colombia, de los cuales 592,000 pertenecen a la capital? Somos la quinta ciudad con más contagios, por millón de habitantes, en todo el continente, según SALUDATA. Ahora mismo estamos en alerta roja por la ocupación de camas UCI. Impacta, además, que las campañas giren en torno a la responsabilidad ciudadana y de parte de las instituciones se haga lo mínimo y más bien se impulse al tránsito libre ciudadano.
La lógica del contrato, por OPS (Orden o contrato por Prestación de Servicios), obliga a pagar la seguridad social y salud, dejando a la planta de contratistas vulnerables a las mafias de las EPS. No es extraño ver a muchas y muchos corriendo, contagiados, para encontrar una cama para algún familiar en estado crítico sin que la institución les brinde ningún tipo de apoyo o auxilio.
Para colmo, la excusa para ejecutar esta arbitraria acción no es otra que la de justificar los usos de los lugares alquilados o comprados, por el distrito, y así no enfrentar una acusación de detrimento de espacios públicos, además de buscar cumplir metas de cubrimiento. O sea es una orden con trasfondo burocrático que sólo quiere salvar la imagen de la alcaldesa y su equipo. Todo a costa de la salud de miles de sus trabajadores y trabajadoras. Para el momento en que se escriben estas líneas, ese afán ha bajado; aún así, el regreso al teletrabajo sólo fue un hecho cuando la alerta ciudadana llegó a su punto más álgido y no ha pasado con la mayoría. Esto es una muestra de improvisación, no de planeación.
En realidad existen otros factores para tomar esa decisión, uno de ellos puede encontrarse en la terrible recesión actual, pues, con todo y las medidas de apertura impuestas, únicamente se ha logrado un 60% de recuperación sin poder parar la informalidad y el desempleo. Empujar a las mayorías a las calles para aumentar el flujo de dinero y poder tener a la clase trabajadora en sus empleos durante extensas horas sin preocupación por sus familias es una urgencia de la burguesía nacional que clama por impedir más cierres preventivos. No en vano, la misma alcaldesa, presiona al magisterio para la vuelta a la presencialidad en el 2021, impeliéndoles a dejar las “excusas”. Como si el problema en la actualidad fuese de excusas y no de necesidad y prevención.
Esta no es la primera administración distrital que muestra su desprecio por su planta de contratistas. Hace apenas unos meses más de 30.000 empleados del distrito se quedaron sin pago durante un mes, o más, por culpa de una aplicación mal instalada que detuvo el giro de todas las nóminas y que había sido impulsada por Enrique Peñalosa, anterior alcalde. Aunque el pago finalmente se hizo, llegó tarde para muchos que no tuvieron otra solución que endeudarse más y acceder a una petición de silencio y paciencia, que tampoco podía ser rechazada. Por otro lado, la estructura burocrática no tiene esa paciencia, pues sus exigencias en relación a las tareas administrativas, rebosan lo imposible.
Por todo lo anterior se responsabiliza de todas las muertes generadas a partir de estas medidas e incongruencia directamente a Claudia López y todo su equipo pues ponen en riesgo vidas sin importarles nada. Además, exigimos el cumplimiento de las promesas en relación a la cantidad de camas UCI para atención de COVID que se incumplieron y la necesidad de generar un plan verdadero y serio para mitigar el contagio que está poniendo en riesgo a toda la ciudad. Es igualmente necesario acelerar el plan de vacunación y para esto se debe tener una posición tajante frente a la ineptitud del gobierno nacional. Deben tenerse en cuenta todos los puntos necesarios para asegurar el mantenimiento de las personas en sus viviendas esto debe pasar por el pago de un salario para los afectados y reforzar la seguridad laboral de toda la población, incluida la de la planta distrital que debe tener contratos permanentes y con todas las prestaciones de ley.
A continuación presentamos nuestro programa de choque contra la situación actual de salud pública.
- Mayor inversión en el sistema de salud que debe ser enteramente público para cubrir todas las demandas materiales como el aumento en cuidados intensivos de camas hospitalarias, respiradores e insumos.
- Exigencia de la expropiación de las EPS (Entidades Promotoras de Salud) e IPS (Institutos Prestadores de Salud).
- Estímulos al avance en investigación y mejora de los medios de producción.
- Contratación de todo el personal sanitario disponible y la protección del derecho de trabajo de quienes lo tienen.
- Aumentar los ingresos del personal sanitario.
- Amparo a los derechos de todos los miembros de la salud y protección de su integridad física con toda la dotación, dentro y fuera de hospitales.
- Fabricación masiva de insumos y productos básicos de la canasta familiar siguiendo las debidas normas sanitarias.
- Restablecimiento de la cuarentena total, asegurando el pago de un salario para los afectados y reforzando la seguridad laboral de toda la población.
- Puesta en marcha, con urgencia, de un verdadero plan de vacunación que cubra a toda la población.
- ¡No a los despidos masivos ilegales, tanto dentro de las entidades estatales como desde el sector privado! Si la clase trabajadora no tiene trabajo la crisis será mayor.
- Condonación del pago de deudas, renta, hipotecas y facturas de energía durante la duración de la pandemia.
- Impuesto a las grandes fortunas. Empresa que se declare en quiebra deberá presentar las debidas evidencias y ponerse bajo el control efectivo de sus trabajadores.
- Impulsar el no pago de la deuda externa.
Afuera hay gente muriendo, familias enteras incapaces de hacerle frente a esta pandemia y a la crisis que son abandonadas por el Estado a la suerte y la represión.
Es evidente que dentro de los límites de la democracia burguesa y con los mismos en el poder que desde siempre nos gobiernan, las cosas no tienen futuro. Es hora de tomar el poder como trabajadores, lo único que nos ha salvado de una tragedia mayor es la unión que ha comenzado a crearse y cimentarse a raíz de nuestro momento histórico. Bajo el yugo de la burguesía sólo hay muerte y sufrimiento.
¡Abajo la traicionera Claudia López!
¡Abajo Duque y su clase!
¡Arriba el pueblo trabajador!
