La decisión del Consejo de Estado de dejar sin efectos jurídicos el decreto que aumentaba el salario mínimo, impuesto el pasado 13 de febrero, muestra una vez más que las instituciones del Estado se interponen cuando se trata de garantizar un derecho elemental para la clase trabajadora.
Desde la llegada de Gustavo Petro al gobierno, hemos visto cómo las reformas han enfrentado toda clase de bloqueos y obstáculos. El golpe contra el aumento salarial confirma que cualquier medida que beneficie a la clase obrera es vista como una amenaza por los grandes capitales, porque implica tocar sus ganancias. Ese es el verdadero problema, no las supuestas preocupaciones sobre inflación o desfinanciamiento que repiten como excusa.
Hablan de “ruptura del nexo causal entre datos y decisiones”, alegando que el aumento es injustificado e innecesario. Pero lo que realmente buscan es proteger los privilegios de una minoría que vive del trabajo ajeno. Resulta indignante que mientras millones sobreviven con salarios insuficientes, un magistrado pueda devengar más de 50 millones de pesos mensuales y pretenda dar lecciones sobre responsabilidad económica.
La llamada democracia burguesa vuelve a mostrar su verdadero rostro: instituciones que giran alrededor de la defensa de la propiedad privada y la preservación de un sistema basado en la explotación. Todo aquello que amenace mínimamente los intereses de los dueños del capital será combatido con todo el peso del aparato institucional.
Es por eso que es necesario defender estas reformas en las calles, donde hasta ahora las han sostenido la juventud, el campesinado pobre y la clase trabajadora, y donde han logrado victorias. Correctamente, el presidente no ha retrocedido y junto con el anuncio de movilizaciones forzó, en plena campaña, el apoyo de varios representantes de la burguesía.
No obstante, esto no promete que esto sea duradero. Lo que se decida actualmente es temporal hasta que el Consejo de Estado tome una decisión final, lo que puede durar un año. Por otro lado, a pesar de la estabilidad económica, la crisis del capital mina las bases de la economía que cada vez va perdiendo más oxígeno.
El gobierno reformista también tiene responsabilidad. No basta con reaccionar ante los ataques: mientras no se rompa de manera decidida con las estructuras de este mismo sistema y se mantenga en su interior a las mismas fuerzas que sabotean cualquier avance popular, se seguirá confiando ingenuamente en que mediante concesiones se puede neutralizar a quienes jamás abandonarán la defensa de sus privilegios.
Sin duda, la clase obrera colombiana debe tomar la delantera y salir a las calles en defensa del salario, como ya lo ha hecho en periodos anteriores, cuando conquistó la reforma laboral o durante el Estallido Social. Sin embargo, debemos ser claros: la única manera de hacer permanente este objetivo y garantizar un salario verdaderamente digno es enfrentar directamente las ganancias de los grandes empresarios, que destinan la riqueza producida por el pueblo trabajador a sus propios privilegios y comodidades.
Esto solo será posible acorralando a esa clase mediante la organización consciente, las huelgas y una revolución socialista que coloque a la clase obrera en el poder, defendiendo sus propios intereses y transformando de raíz el sistema que la explota. Ese es el objetivo de la Colombia Marxista.
¡Abajo la burguesía hipócrita!
¡El salario digno se consigue en las calles!
¡Por la abundancia y contra la necesidad, Revolución!
¡No volverán!
