El 12 de diciembre se hizo oficial lo que casi todos los pronósticos veían venir: la ley de financiamiento del gobierno de Gustavo Petro fue archivada. Esta reforma buscaba recaudar 9,8 billones de pesos (equivalente a 2.227 millones de dólares) para cubrir parte del presupuesto del 2025. Este mismo ya había sufrido recortes de 28,4 mil millones de pesos (equivalente a unos 6.4 millones de dólares) para cubrir un déficit de 12 mil millones de pesos en el recaudo del presupuesto.
Ante todo, la caída de la ley de financiamiento y la situación del presupuesto de la nación son indicios de que el gobierno, después de dos años, no ha podido lograr las reformas que llevaron a once millones de Colombianos a votar por el Pacto Histórico. Pero es de mayor importancia entender precisamente qué dinámicas están guiando el cálculo del gobierno del cambio y de los estrategas en la oligarquía colombiana. Fundamentalmente, la debilidad del capitalismo colombiano y la degeneración de su clase dominante son los obstáculos más importantes en el camino a la reforma social en el país.
¿Cuál era el propósito de la ley de financiamiento?
La importancia de esta ley radicaba en la necesidad del gobierno de reducir su déficit fiscal con el aumento del recaudo a través de más impuestos. Bajo la “regla fiscal” establecida en 2011, el gobierno no debe superar el objetivo del “ancla de deuda” del 55% del PIB. Sin embargo, se espera que la deuda pública colombiana alcance casi el 56% del PIB para 2024. Por consiguiente, si quiere gobernar dentro de los límites establecidos por la clase dominante colombiana, Petro no puede pedir más dinero prestado para financiar su programa de reformas sin antes recaudar más dinero a través de impuestos o recortes al gasto público.
Esta cuestión se hizo especialmente acuciante en 2024, cuando el déficit público aumentó hasta el 5,4% del PIB previsto, debido en gran parte a una fuerte caída de la recaudación fiscal, que el proyecto de ley de finanzas esperaba solucionar.
En noviembre, Ricardo Bonilla anunció la necesidad de estudiar un aumento del recorte de gastos de parte del gobierno, desde 20 billones de pesos (4.544 millones de dólares) a 33 billones de pesos (7.498 millones de dólares). Este recorte de gastos responde al bajo recaudo del estado a través del último año. De acuerdo a la DIAN, entre enero y noviembre de 2024, hubo un recaudo de 249,79 billones de pesos, cifra que se encuentra un 5,1 % por debajo de los 263,3 billones de pesos registrados en el mismo periodo de 2023.
Este déficit de 14 billones de pesos en el recaudo obliga al gobierno a buscar dónde recortar gastos. Según las cuentas del CARF (Comité Autónomo de la Regla Fiscal), para cerrar 2024 el recaudo tributario se ubicará en $15 billones por debajo de la meta del Marco Fiscal de Mediano Plazo, y $72 mil millones menos a los ingresos tributarios que se estimaron en el Presupuesto General de la Nación (PGN).
Para entender el origen de esta carencia, hay que primero entender que el gran problema de los últimos dos años ha sido la reducción del crecimiento económico. Su estancamiento ha ocurrido desde Enero de 2023, con un promedio ascendente del 1% a través de los últimos siete trimestres. De hecho, el cuarto trimestre del gobierno mostró una contracción del PIB de 0.7%. Este factor explica las disputas de Petro con el Banco de la República en búsqueda de reducir las tasas de interés y así estimular el crecimiento al igual que la disputa actual al respecto de la financiación del presupuesto de 2025. Vale la pena notar que reducir las tasas de interés tiene una probabilidad alta de hacer regresar la inflación cuya reducción Petro celebra y usa para poder defender su posición. Sin embargo, esta falta de crecimiento refleja algo mucho más preocupante para el gobierno: el capitalismo colombiano no está generando suficientes ingresos para poder financiar las reformas históricas que lo llevaron al poder en primer lugar.
Lo interesante es ver de dónde viene este bajo recaudo. Para iniciar, el gobierno sobreestimó su capacidad de recaudar dinero a través del 2024. El gobierno tiene una insuficiencia presupuestaria debido al pago de 7.5 mil millones de pesos en TES deuda interna que se ha acumulado a través de bonos internos (préstamos que circulan dentro del mercado doméstico para intentar estimular la producción). Específicamente, el gobierno tuvo que pagar 7.5 mil millones para cubrir el valor emitido a través de estos bonos. Esto en conjunto con el bajo recaudo de las regalías que el estado ofrece para estimular la producción de petróleo reflejan un panorama de fuentes de ingresos bajando enormemente en volúmen.
Hay otro punto: el reporte del CARF también observa que el recaudo de impuestos en 2024 fue 72 billones inferior a lo proyectado. Por este lado, desde junio de 2024, se reporta que la evasión de impuestos ronda el 6% del PIB. De hecho, de los declarantes de renta, solo la mitad paga impuestos. Esta evasión fiscal rampante es una representación clara de otro de los aspectos del problema: la degeneración de la burguesía colombiana, que entiende que el mercado local no produce las riquezas con las que sueña y prefiere buscar riquezas fuera del país cuando puede.
El enfriamiento de la economía mundial es el trasfondo detrás de todas estas decisiones y averías en el recaudo. Por un lado, noviembre de 2024 vió una disminución de 1,8% de exportaciones en relación con noviembre de 2023, de acuerdo al DANE. Por el otro lado, se puede observar la enorme caída de la inversión directa extranjera, que ha registrado una caída del 12,4% entre enero y agosto de 2024. Tampoco ayuda que, entre enero y agosto de 2024, el déficit comercial con EE.UU (el mayor socio comercial de Colombia) ya alcanzó US$724,8 millones.
Cabalgando la bestia
Todos estos indicadores pueden parecerle, a una persona de a pie, como preocupaciones tecnocráticas. Después de todo, el desempleo está en 10,2% y la inflación ha bajado a un 7% después de llegar al 13% en marzo de 2023 (un porcentaje heredado de la presidencia de Duque). Más allá de esto, el gobierno de Petro ha implementado medidas económicas que han permitido la subida de 1,6 millones de personas de la pobreza monetaria (es decir, personas cuyos ingresos no alcanzan a cubrir la canasta familiar) a través de subsidios a los más empobrecidos. Pero las cifras anteriores denotan una advertencia: si el gobierno sigue limitando su programa a los parámetros dictados por la clase dominante y las oscilaciones del mercado mundial, nunca alcanzará las reivindicaciones que llevaron a la clase obrera y la juventud a ponerlo en el poder.
Es cierto que las perspectivas de los bancos principales (BBVA y Bancolombia) proponen que el crecimiento se incrementará dentro de un rango de 2,6-2,8% pero esto está debajo de la capacidad productiva potencial del país de acuerdo al Banco Mundial. Si bien The Economist presenta a Colombia como el país número seis en desempeño económico dentro de la OCDE y se pronostican tasas de crecimiento más altas que las que hemos visto en los últimos dos años, la disputa alrededor del presupuesto demuestra el bajo margen de maniobra del capitalismo colombiano.
Petro promete que no reducirá ni recortará sus programas sociales a pesar de la derrota de la reforma tributaria que facilita la financiación de su presupuesto. Pero allí el presidente no dice toda la verdad. Esta derrota sí traerá recortes en sectores como la cultura y el deporte que sufrieron reducciones de hasta 82%, lo que afecta directamente programas sociales y a miles de trabajadores del sector, en ramas que de por sí son bastante precarias. Es aquí donde el jinete descubre que puede cabalgar la bestia el tiempo que esta le permita, pero una cosa es andar sobre ella a trote lento y otra apaciguarla cuando está decidida a tirarlo de la montura.
¿Por qué se oponen a las reformas?
El año 2025 promete ser la prueba definitiva del gobierno de Gustavo Petro y el Pacto Histórico. La promesa de su elección se resumía en la meta de saldar una serie de deudas históricas (como la reforma agraria y la reforma a la salud) que el capitalismo colombiano ha acumulado a través de las décadas a costa de la explotación de la clase obrera colombiana. Sin embargo, cada una de las reformas puestas en la agenda política del país han sido mitigadas ante la presión de la burguesía colombiana. La caída de la ley de financiamiento significa también un punto de giro en estos dos años.
En gran parte, la caída es debido a la naturaleza de la burguesía colombiana, que depende enormemente de la liberalización del mercado para poder facilitar la penetración de multinacionales como Keralty en el sector salud al igual que la baja infraestructura social (lo que permite menos impuestos a dichas multinacionales)
Esto va en conjunto con la historia de esta misma burguesía. El empresariado ha tenido que ofrecer muy pocas concesiones a la clase obrera a través de las décadas. La exterminación de líderes sociales y sindicalistas ha facilitado negociaciones en donde la clase dominante no tiene que dar el brazo a torcer. Esto en conjunto con el bajo nível de organización de la clase obrera (menos del 1% de la clase obrera tiene contratos negociados de manera colectiva, 60% de la clase obrera pertenece al sector informal) le ha permitido a la clase dominante mandar sin tener que ofrecer muchas concesiones económicas en el terreno laboral.
La realidad, sin embargo, es que los últimos cinco años han puesto esta manera de reprimir a la clase obrera a prueba. Los estallidos sociales del 2019 y del 2021 al igual que la insurrección nacional en respuesta a la muerte de Javier Ordoñez pusieron a la clase obrera y la juventud de Colombia a la vanguardia del movimiento social latinoamericano. El resultado de estos movimientos fue la elección de Gustavo Petro. Esto es algo que el mismo Petro reconoce cuando se presenta como el presidente del Paro Nacional.
Efectivamente, la posibilidad de un estallido social está en todos los cálculos de la burguesía. Es por esto que su estrategia principal en contra de las reformas ha sido a través de los medios y el aparato estatal, haciendo todo lo posible para evitar su éxito legislativo. En este sentido, la caída de la ley de financiamiento denota un cambio cualitativo en la lucha por las reformas. El tire y afloja entre la oligarquía colombiana y el reformismo colombiano empezó desde 2022 con la elección de Petro. En ese entonces, Alvaro Uribe y Rodolfo Hernandez “aceptaron” la victoria de Petro pero lo llamaron a gobernar para todos los colombianos, un indicio de su predisposición a oponerse al programa que defendía, por no decir su temor a lo que esta victoria inspiraría en las masas.
Vale la pena recordar que la reforma tributaria del 2022 fue aprobada sin muchos problemas por la burguesía colombiana. En gran parte fue debido a que el gobierno del Pacto Histórico llegó a la presidencia con un mandato que le permitió un mayor margen de maniobra gracias a la preocupación de la burguesía local. El colapso del “gran acuerdo nacional” que facilitó la reforma tributaria del 2022 simplemente fue un síntoma de la dinámica general: la oligarquía nacional recuperando su confianza en su propia fuerza y usándola para sabotear las reformas en el plano parlamentario.
La burguesía colombiana reconoce correctamente las reformas como una amenaza directa a sus ganancias y no tiene ya ningún interés en negociar ninguna reforma, aun a pesar de que esta trayectoria pueda enardecer la furia detrás de Petro en primera instancia. Al rechazar la ley de financiamiento, está lanzando un desafío directo, no sólo a Petro, sino a todo el movimiento detrás de él.
¿Cómo romper el impasse?
La situación política del país a través de los últimos dos años ha sido definida por un impasse: la clase dominante colombiana ha movilizado todo el aparato estatal y mediático para atacar a las reformas y calumniar al Pacto Histórico como un partido singularmente corrupto. El gobierno de Gustavo Petro ha decidido que su tarea como el presidente del Paro Nacional es “desarrollar el capitalismo en Colombia” ya que considera que Colombia es una nación feudalista.
Es bastante diciente que la ley de financiamiento estaba compuesta por aristas como
- Reducción de impuestos a todas las empresas menos las empresas en los sectores de carbón y petróleo.
- El pago de la “opción tarifaria” que permite el pago pospuesto de los incrementos de precios de energía
- Créditos para mejoramiento de vivienda sin necesidad de hipoteca
- Remover el IVA en hoteles y servicios turísticos para estimular turismo interno
- Remover el IVA en compra de vehículos eléctricos para transporte público y carga
- La autorización de bonos negociables derivados de inversiones en energías limpias
Estas medidas están enteramente orientadas hacia estimular la demanda activa a través de la reducción de precios, con el estado asumiendo la carga de estos cobros. El problema es la baja productividad y el bajo recaudo descritos anteriormente. La realidad es que Petro solo podría financiar estas medidas con impuestos a los sectores más productivos de la economía colombiana y ellos nunca iban a permitirse un ataque directo a sus bolsillos de esta manera.
Por los últimos dos años, Petro ha intentado negociar con un enemigo que no tiene ningún interés en negociar. Para ser concretos: la oligarquía colombiana no tiene ningún interés en la transformación social de la economía de este país. Ellos se benefician directamente de la explotación de la clase obrera, han luchado por décadas para evitar su organización y han enganchado sus vagones al capitalismo internacional. Por mucho tiempo, este enganche los ha enriquecido enormemente (no es en vano que Colombia sea la cuarta economía de América Latina) y ha convertido al mercado colombiano en un puerto de escala para la burguesía internacional. A cambio de su sumisión al mercado mundial, reciben riquezas con las que el colombiano promedio nunca se atrevería a soñar.
En este contexto, es necesario entender lo que Petro se niega a ver: la única manera de lograr completas y sin ajustes las reforma agraria, laboral, al sistema de salud y de educación es expropiando a estos parásitos que no se detendrán ante nada para ahogar los cambios propuestos antes de que ocurran. El capitalismo internacional vive en una era de reformismo sin reformas, y este, el primer gobierno reformista de este país, no está exento a esta realidad.
Solo un gobierno de la clase obrera bajo un programa socialista podrá poner las riquezas que está produciendo el capitalismo al servicio de la clase obrera colombiana y así garantizar un sistema en donde los obreros colombianos no sean sujetos a la explotación de una minoría de sanguijuelas con una bota en Miami y la otra en el cuello de la clase obrera colombiano.
