El expresidente Álvaro Uribe Velez se ha convertido en el primer presidente declarado culpable en un caso de fraude procesal y soborno de testigos que lo llevará a pagar una multa de 840.000 dólares y La realidad es que este veredicto representa un momento crucial en la lucha de clases para el país latinoamericano.
La carrera política de Álvaro Uribe Velez está llena de escándalos que representan las políticas más represivas de la oligarquía colombiana en el siglo XXI. Desde las masacres del Aro y La Granja que se gestionaron durante su gobernación de Antioquia hasta los Falsos Positivos (una campaña en donde los soldados del ejército nacional asesinaron a civiles y los vistieron como soldados de las guerrillas para contarlos como bajas), el papel criminal de Uribe en la represión de la clase obrera y el campesinado es prácticamente innegable.
Se requiere un análisis claro de lo que este veredicto representa ya que demarca las líneas de batalla de la elección del 2026 e inicia un debate nacional al respecto de qué significó realmente el Uribismo.
Un legado sangriento
Hay que decir que los cargos a Uribe son enteramente incidentales al respecto de su papel histórico. La realidad es que el soborno de testigos y el fraude procesal son algunos de los menores crímenes que ha cometido.
La carrera política de Álvaro Uribe Vélez está definida por una serie de escándalos que han causado estragos en la vida de millones de colombianos a través de las últimas dos décadas. Ciertamente, no es viable resumir las 180 denuncias en su contra en la Comisión de Acusaciones. Sin embargo, a través de los siguientes casos, se puede extraer la esencia del carácter de Uribe y la clase a la que representa.
Durante los noventa, los hermanos Santiago y Álvaro Uribe fundaron el bloque metro de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). El testigo clave del caso por el que Uribe es declarado culpable, Juan Guillermo Monsalve, explica que Santiago fue el gestor logístico y que daba las órdenes de incursiones armadas.
Durante su tiempo como gobernador de Antioquia, Alvaro Uribe le concedió personería jurídica a la Convivir El Cóndor, que era nada más una cubierta legal para el bloque en cuestión. Esto le permitió el porte ilegal de armas y acceso de municiones lo que facilitó masacres como la de San Roque en 1996.
Varios testigos exparamilitares para el Tribunal de Justicia y Paz declaran que recibieron apoyo logístico de parte del ejército nacional enviados por la Gobernación de Antioquia. Monsalve también declara que las Autodefensas Unidas de Colombia apoyaron logísticamente la primera campaña presidencial de Uribe, pintando murales en apoyo al futuro líder del Centro Democrático.
Durante su presidencia, Uribe no rompió lazos con el paramilitarismo. Una gran prueba de ello fue el Acuerdo de Ralito, firmado en 2003 en secreto, entre dirigentes paramilitares como Don Berna y Jorge 40. Según el exsenador Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe estuvo involucrado en las negociaciones clandestinas a pesar de que se distanció públicamente del paramilitarismo lo más que pudo. Este acuerdo no solo se trató de un cese al fuego, sino que implicó que los legisladores defendieron en el senado las “tésis de las AUCs”.
De manera más infame, está el discurso de Salvatore Mancuso en el congreso. En Julio 28 de 2004, Mancuso, uno de los comandantes paramilitares más sanguinarios que estuvo involucrado en más de 60000 crímenes de los más de 90000 de los que las AUCs han sido acusados por la fiscalía, dió un discurso abiertamente justificando estos mismos crímenes a un congreso compuesto en un 60% por senadores con nexos al paramilitarismo. Este espectáculo decadente fue conducido con la aprobación del presidente Uribe, quién declaró en privado que “Hay que darles unas pruebitas de democracia”.
Esta política no solo fue perpetrada por actores no estatales. Los falsos positivos demuestran que los vínculos del estado con el paramilitarismo iban más allá de un solo individuo. Entre 2002 y 2008, 6402 civiles fueron víctimas de las fuerzas del estado. Cada uno de ellos fue vestido como un combatiente guerrillero para justificar su asesinato. Los soldados recibieron incentivos de hasta 3 800 000 pesos por cada baja de acuerdo a la Directiva Ministerial 029 de 2005. El general del Ejército Nacional, Mario Montoya, incluso escribió en su cuaderno que la directriz del momento era “Barriles de sangre”
La injerencia imperialista
Todo esto fue financiado por las arcas de la fuerza más reaccionaria del planeta. El imperialismo estadounidense fue un aliado leal que facilitó la política represiva del estado colombiano por décadas.
De acuerdo al sitio oficial del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Colombia “recibe la mayor parte de todo el entrenamiento y equipamiento del Departamento de Defensa (DOD) que se suministra a América Latina y el Caribe, y también se beneficia de la presencia de asesores estadounidenses que trabajan en la modernización del personal militar, la inteligencia y las prácticas institucionales en general.”
Durante el Plan Colombia, demócratas como Bill y Hillary Clinton al igual que republicanos como George W Bush, apoyaron la gestión de Álvaro Uribe Vélez. En gran parte, la meta detrás del Plan Colombia fue precisamente la construcción de bases militares en la frontera con Venezuela como respuesta a la Revolución Bolivariana.
El aparato estatal Estadounidense estuvo bien consciente de la política estatal de represión, como se puede ver en un reporte del New York Times que demuestra cómo el pentágono celebraba el incremento de fatalidades de 780 a través de dos años a 543 en seis meses solamente.
Cuando se tiene en cuenta esto, no es sorprendente que Marco Rubio haya encontrado necesario comentar al respecto del veredicto, declarando que “el único delito del ex presidente colombiano Uribe ha sido luchar y defender incansablemente a su patria. La militarización del poder judicial colombiano por jueces radicales sienta ahora un precedente preocupante”.
Esta es una injerencia más de parte del imperialismo estadounidense. La política actual del imperialismo estadounidense es tratar de restablecer el control de las Américas después de que China se haya vuelto el socio principal de América Latina. De hecho, desde Enero de 2025, China se ha vuelto el principal importador de Colombia.
Es en este contexto que, en enero, Trump declaró la necesidad de implementar aranceles del 25% y sanciones para todos los simpatizantes de Petro. En junio, El País publicó los audios del excanciller Álvaro Leyva planeando un golpe de estado con la colaboración de legisladores Estadounidenses como Díaz-Balart y Gimenez.
Estas injerencias demuestran el verdadero carácter del imperialismo estadounidense, que declara por un lado la necesidad de la democracia y los derechos humanos, pero por el otro financian a los oligarcas que asesinan sindicalistas y militantes de izquierda para defender sus ganancias en la región.
La clase dominante en encrucijada
Álvaro Uribe Vélez no es el único presidente colombiano implicado en la masacre de sindicalistas y militantes de izquierda. Presidentes como Virgilio Barco estuvieron involucrados en el exterminio de la Unión Patriótica. A día de hoy, Iván Duque, el presidente colombiano entre 2018 y 2022, es libre a pesar de estar involucrado en la represión del paro nacional del 2021.
En ese sentido, este veredicto se da por que la cuestión del uribismo divide a la clase dominante colombiana. Así como hay una ala que se mantiene leal al expresidente y a sus métodos de represión, hay un ala de la clase dominante que reconoce que Uribe representa más inestabilidad para el sistema político ya que lo desacredita enormemente.
Para muchos colombianos, es completamente inverosímil que el arquitecto de uno de los momentos más turbios en la historia del país no haya pasado un día en la cárcel. Esto desacredita enormemente a la justicia institucional en los ojos de los obreros promedio, que ven como jóvenes son encarcelados por marchar en 2021 mientras que Uribe probablemente viva el resto de sus días libres.
Los comentaristas de la prensa burguesa declaran todo esto como una victoria de la institucionalidad por una razón: Entienden que aquí tienen una oportunidad de oro de lavar la cara del estado burgués.
Como marxistas, nuestra respuesta debe de ser clara: El estado burgués está conectado por miles de hilos al latifundio y a la burguesía colombiana. Eventos como la parapolítica, en donde los paramilitares tenían influencia sobre “35% de los senadores de la república”, de acuerdo a Salvatore Mancuso; el baile rojo, lo que significó el exterminio de 3000 miembros de la unión patriótica a manos del gobierno nacional y la masacre de las bananeras, donde el gobierno nacional supervisó el asesinato de cientos de trabajadores en huelga en el Magdalena, demuestran el cáracter sanguinario de la clase dominante colombiana. Uribe simplemente fue uno de sus representantes más infames.
El hecho de que las masacres de líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz continúen incluso ahora que el presidente es un reformista demuestra que el carácter del estado no cambia con el inquilino actual de la Casa de Nariño.
Sin justicia no hay paz
Este juicio tiene grandes implicaciones para las elecciones del próximo año. La derecha se encuentra sin su mayor adalid y no hay ningún heredero claro para el uribismo. Los dirigentes viables para las presidenciales son figuras altamente inviables como María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. Si bien la oligarquía colombiana no va a aceptar eternamente no tener representantes dispuestos a luchar abiertamente por un programa de austeridad, es enteramente cierto que las fuerzas políticas de ese campo de la burguesía van a estar desorganizadas por un tiempo.
Si bien la prensa del establishment se ha movilizado para declarar el juicio como una victoria para la institucionalidad que demuestra el carácter democratico del estado burgués, la realidad es que el ánimo de la clase obrera, la juventud y el campesinado no ve el veredicto como la última palabra en el asunto. Con la condena de Uribe, la consigna del momento se ha vuelto: “Hoy por los testigos falsos, mañana por los falsos positivos”. Es claro que las masas no se van a conformar con un juicio que nada más imputa a Uribe manipulación de testigos y que entiende el verdadero historial criminal del arquitecto de las masacres de la Granja y el Aro.
A través de los últimos nueve años, la cuestión de “la paz” (es decir, el fin al conflicto armado que ha definido la vida colombiana desde Mayo de 1964) se ha vuelto uno de los debates existenciales del país. Sin embargo, la tarea va más allá de la reforma agraria requerida para deshacer la base del latifundio. Los grupos armados del país deben ser barridos por la clase obrera y el campesinado del país.
La política de tierra quemada que Uribe y sus correligionarios defendieron por décadas no ha resuelto la cuestión de los grupos armados precisamente porque la única manera de solventar el conflicto armado es atacando las raíces materiales del mismo. Es decir, la alta monopolización de la tierra que sustenta el poder de los terratenientes, involucrados en el paramilitarismo y el narcotráfico. Pero la base de esta monopolización de la tierra es la monopolización del capital financiero y las grandes industrias. Las 1000 empresas más grandes del país (que apenas representan el 0.06% de las 1429258 empresas activas) concentran el 69% del PIB.
La expropiación de estas altas esferas de la economía colombiana le daría un impulso tremendo a una economía planificada que permitiría proveer a las áreas rurales con lo mejor en maquinaria y técnica. La expropiación y colectivización de los monopolios de tierra, en donde las vacas tienen más tierra que familias enteras y su colectivización mejorará enormemente la productividad y la vida del campo gracias a la implementación de economías de escala.
Es sobre esa base que podemos ponerle fin a la clase que Álvaro Uribe Velez representa: el latifundio que históricamente solo se ha enriquecido a través de la matanza de los obreros y los campesinos colombianos para finalmente obtener justicia por las millones de víctimas que la oligarquía colombiana ha dejado a su paso por un puñado de dólares.
