El 3 de octubre, más de 11 millones de archivos financieros de cuentas extranjeras fueron filtrados en un paquete conocido como los “Pandora Papers”, la filtración más grande de este tipo en la historia, coordinada por el Consorcio Internacional De Periodistas (ICIJ). Esto es añadido al previo paquete de archivos financieros que fue filtrado en 2016, conocido como los “Panama Papers”, pero casi 3 veces mayor en tamaño. Dentro de lo que ya ha sido reportado, aparecen 588 personas naturales y jurídicas identificadas con origen en Colombia, incluyendo a los ex-presidentes Andres Pastrana y Caesar Gaviria y al presidente del Grupo AVAL, Luis Carlos Sarmiento Angulo.
Esta información va más allá de una demostración de la riqueza de la oligarquía. Es una demostración clara de que hay un reglamento para los poderosos de este país y otro para los obreros, la juventud y el campesinado. Mientras que el obrero promedio trabaja 43 horas para obtener un salario mínimo de 1.014.980 pesos colombianos (equivalente a 268 dólares estadounidenses), familias como los Char y los Abuchaibe llenan sus cuentas en países como Chipre con billones de pesos. Mientras que el campesinado colombiano se conforma con el 19% de la tierra en Colombia, forzado a ver como los lugartenientes colombianos usan la tierra para enriquecerse, ellos esconden sus ganancias procedentes de la explotación de los obreros y campesinos en cuentas bancarias en el exterior.
La unión del sector público y el sector privado
El hecho de que dos ex-presidentes Colombianos y cuatro oficiales del actual gobierno colombiano (Martha Lucía Ramírez, vicepresidenta y canciller; Ángela María Orozco, ministra de Transporte; Guillermo Botero, embajador de Colombia en Chile y Lisandro Junco; director general de la DIAN) están entre los nombres mencionados en estos documentos demuestra que el gobierno colombiano no tiene ningún interés en regular los excesos de los dueños de las fábricas y las haciendas. La defensa ruidosa de los nombres mencionados de sus acciones en el exterior es un ejemplo perfecto de la naturaleza del estado burgués.
El presidente Ivan Duque sugirió que no es ilegal tener activos en el exterior. Lisandro Junco sacó una declaración en El Tiempo, en donde defiende sus activos en el exterior como legales y declarados. Ciertamente, nosotros no diríamos que el problema aquí es “legal”. Pero nos invita a preguntarnos por qué la ley defiende a los ricos a la hora de esconder el dinero que producen a través de la economía colombiana y por qué este no se usa para el bien social.
Esto refleja el hecho de que este sistema no está diseñado para usar los recursos que produce de manera racional sino para enriquecer a una minoría que no juega un rol progresivo a la hora del desarrollo de la economía. Justo al contrario, su enriquecimiento termina en un estancamiento económico y una búsqueda de salvaguardar el lucro reducido a través de la evasión de impuestos. Las ganancias se buscan en la especulación financiera y no en la producción capitalista.
Esta es la verdadera naturaleza del estado. Lenin alguna vez explicaba que el estado no es más que la burocracia que se encarga de manejar los asuntos políticos de los ricos. Efectivamente, el gobierno colombiano está siendo claro desde el principio: “sí, es posible que estos recursos en el exterior se usen para evitar pagar impuestos. No, no tenemos la intención de perseguir esto ya que arriesgaríamos iniciar una fuga de capitales donde la burguesía decida ir a otros países para invertir.”
La filtración también revela la naturaleza internacional de “la corrupción”. Muchas veces en las discusiones de casos como estos en Colombia, se presume que solo ocurre en este país. Pero los Pandora Papers revelan que, por ejemplo, Boris Johnson, actual Primer Ministro inglés, recibió donaciones de Mohammed Amersi, un negociante Inglés envuelto en un escándalo de corrupción en Uzbekistán que el gobierno Estadounidense ha descrito como un soborno. También vemos como por ejemplo, Lubov Chernukhin (ex banquera y esposa del ex viceministro de Finanzas ruso) se ha acercado a los conservadores con más de 1,8 millones de libras en donaciones desde 2012, mientras posee tanto una casa en Londres como una mansión en el campo. La dinámica detrás de estas donaciones es implícita: quid pro quo. A cambio del apoyo a las campañas del partido conservador, estos negociantes internacionales reciben contratos gubernamentales, recortes de impuestos, regulaciones relajadas sobre sus negocios, etc. Una prueba contundente de que el estado y el sector privado están conectados por miles de hilos.
Esta filtración confirma que la burguesía de los países tercermundistas está atada por mil hilos al imperialismo internacional y no tiene ningún interés en usar sus riquezas y su control sobre la producción colombiana para el bien social, sino para la perpetuación de su poder. La burguesía atrasada de nuestro continente depende de su capacidad de poder ofrecer mano de obra barata con respecto al resto del mundo para poder participar en la cadena capitalista mundial. La persecución legal de aquellos envueltos en un caso como este significa una pérdida enorme (tanto en impuestos como en inversión) en las ganancias de la burguesía internacional que opera en Colombia en un periodo de sobreproducción donde ya de por sí, la inversión en producción no rinde los mismos frutos de antes.
Una historia de dos colombias
Es importante resaltar el contexto en el que está filtración sale. En Barranquilla, la ciudad de los Char y Abuchaibe, más del 60% no puede comer tres comidas al día. Bogotá tiene una población pobre del 40% mientras que Luis Carlos Sarmiento Angulo, su hijo más rico, coordina el Grupo AVAL con una capitalización de mercado de 7.3 billones de dólares. Sarmiento Angulo tiene una riqueza personal de 11 billones de dólares. Para referencia, si se le diera 6 billones de dólares a las 2.8 millones de personas contadas como pobres en Bogotá, Sarmiento Angulo perdería menos de la mitad de su dinero y cada una de estas recibiría 8 millones de pesos colombianos.
El contexto del paro general de este año también termina haciendo estas noticias increíblemente irónicas. Después de todo, la reforma tributaria intentó aumentar la capacidad de recaudo del estado colombiano a través del incremento de precios e impuestos a la clase obrera. Los mismos predicadores de austeridad que nos sermonean con la necesidad de ajustar nuestros cinturones resultaron pecadores de gula, llenando sus arcas en el extranjero con billones de pesos sin un plan para resolver la crisis económica que aflige al país.
Es claro que la burguesía está cubriendo sus apuestas. Ellos entienden que no tienen ninguna solución para la crisis económica del país. Entonces salvaguardan su dinero en el exterior para poder aguantar lo peor de la crisis. Mientras tanto el covid, los huracanes, y la pobreza arrasaran con las vidas de aquellos que no tienen ninguna alternativa que seguir aquí, tratando de producir lo suficiente para poder cubrir los costos de vidas en rápido ascenso.
¿Redistribución o producción?
Muchas veces cuando el tema de los impuestos aparece, los reformistas hablan sobre la necesidad de redistribuir lo que se produce en la sociedad. Pero es importante entender que la distribución desigual de lo que producimos es inherente al método de producción actual. Es precisamente porque el sistema está diseñado para explotar la producción social para la acumulación privada de dinero y propiedad por lo que no se puede simplemente redistribuir el dinero.
La gran interrogante detrás de la demanda de distribución también tiene que ser: ¿quién se encargaría de la distribución? ¿El estado colombiano? ¿El mismo estado colombiano con 4 miembros de alto rango envueltos en este caso? Esto sin mencionar los innumerables vínculos entre el gobierno de Duque y el narcotráfico. La respuesta desde el reformismo sería notar que la única solución sería “botar a ese nido de ratas” por la vía electoral. Pero el punto a entender es que el estado está diseñado enteramente para defender la propiedad privada. Es por eso que los billonarios entran y salen de posiciones gubernamentales con relativa facilidad.
Es importante enfatizar que esto no significa que la economía colombiana sea eternamente pobre. Si bien es cierto que el nivel de productividad económica apenas está en 13 dólares por hora, esta no es una situación que tiene que mantenerse infinitamente. Los recursos que se producen hoy en Colombia se podrían usar para revolucionar la capacidad productiva del país. Pero una revolución económica requiere una revolución social. Para poder gozar de los privilegios que tiene, la oligarquía colombiana depende de la pobreza colombiana, ya que esta le permite vender la mano de obra en el mercado internacional a un precio más barato. Esto, en conjunto con el atraso en la producción agrícola y el desmanejo de la tierra, es una receta perfecta para la generalización de la pobreza.
La única manera de crear una base sólida para abandonar este atraso es a través del desarrollo de las fuerzas productivas del país, pero la clase dominante no tiene un interes economico en hacer esto, ya que el costo de invertir en mejor maquinaria se comería las ganancias nimias que salen de un país con un nivel de productividad tan atrasado. La idea utópica de redistribuir el dinero a través del estado se queda estancada en la realidad ya que la clase dominante que domina la economía simplemente impondría su enorme poder económico para evitar la implementación de reformas que les causen pérdidas a largo plazo. No podemos controlar lo que no nos pertenece.
Nuestra propuesta no es redistribuir el dinero a través del estado (que no va lo suficientemente lejos para resolver el problema) sino cambiar enteramente el método de producción. Un programa de nacionalización bajo control obrero aseguraria que las ganancias de la industria colombiana se usen para el bien común en vez del incremento de los balances de cuentas de unos pocos suertudos. Semejante programa no se podría implementar sin un estado operado por la clase obrera. De la misma manera que la burguesía ha diseñado un estado para defender la propiedad mercantil y el mercado libre, la clase obrera tendrá que crear un estado para defender la economía planificada y la socialización de la producción. Un estado donde cada obrero tenga un rol en la decisión de cómo producir. Solo de esta manera podremos controlar la economía y poner todas las fuerzas productivas (maquinaria, personal, etc) al servicio de las necesidad de los millones de colombianos que sufren de desnutrición, destechismo, desempleo y demás.
Para poder lograr esto, necesitamos una organización que pueda ofrecer tácticas y métodos militantes que pongan la lucha de clases como el primer ítem en la agenda. Con semejante organización, podríamos hacerle entender al resto de la clase obrera su enorme poder económico y su capacidad de poder cambiar a la sociedad, ya que los obreros son los que operan las fábricas y generan las ganancias de los patrones que rellenan sus cuentas en las Islas Caimanes. Solo con la lucha abierta por el poder contra la clase capitalista y la perspectiva de deshacernos del estado burgués colombiano (en vez de usarlo para nuestras metas) podremos ponerle fin a esta triste realidad.
