Seis días después de las inundaciones que han causado 214 muertos, principalmente en Valencia, se organizó una visita oficial del Jefe del Estado, el Rey de España, su esposa, la Reina Leticia, el Presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el Presidente de la Comunidad Valenciana, Mazón, a varias de las zonas más afectadas. A su llegada a Paiporta, a las afueras de Valencia capital, fueron recibidos por vecinos enfurecidos que les arrojaron barro y les echaron del pueblo. Estas escenas sin precedentes son una expresión abierta de la rabia de clase que se había ido acumulando durante días.
La Monarquía española siempre ha sido considerada como la última línea de defensa del Estado burgués. Es una institución que en tiempos normales pretende estar por encima de la política partidista y cultiva una imagen de cercanía al pueblo, para poder ser utilizada como baza cuando todo lo demás ha fallado. No recuerdo ningún otro momento de la historia reciente en el que el Rey y la Reina hayan sido atacados pública y físicamente por una multitud de personas enfurecidas.
Los vecinos de Paiporta gritaron «asesinos» a los monarcas y a los políticos que los acompañaban. La visita oficial se vio interrumpida y se abandonaron los planes de los funcionarios del Estado de viajar al pueblo de Chiva, a 30 km hacia el interior y uno de los primeros que sufrieron el impacto de las lluvias torrenciales. Allí, los vecinos aplaudieron la decisión con gritos de «cobardes», mientras los agentes de policía -que no habían acudido para ayudar en las tareas de socorro y limpieza, sino sólo para proteger a las autoridades- les abandonaron de nuevo a su suerte. ¿Qué provocó esta explosión de ira sin precedentes?
Desde el principio, una poderosa idea ha ido cristalizando en las mentes de las masas de toda Valencia y más allá: no se trataba simplemente de una tragedia natural causada por un fenómeno meteorológico. Muchas de las muertes podrían haberse evitado. Toda una serie de datos avalan esta conclusión.
¿Qué provoca una dana?
La dana (depresión aislada a niveles altos) que causó las inundaciones repentinas del martes 29 de octubre es un fenómeno bastante común en la costa mediterránea de España en esta época del año. El aire caliente y húmedo que sube del mar, calentado durante los meses de verano, choca con bolsas de aire frío a gran altitud, que se han desprendido de la corriente en chorro polar. Esto da lugar a la formación de columnas de hasta 10 km de altura de nubes cumulonimbos que provocan enormes tormentas de lluvia localizadas.
Estas tormentas se quedan estáticas, encerradas entre el viento de Levante que las empuja hacia el interior y las cadenas montañosas paralelas al mar que les impiden pasar, por lo que la lluvia cae de forma intensa en el mismo lugar.
A medida que el calentamiento global aumenta la temperatura media del Mediterráneo, estas tormentas dana tienden a hacerse más virulentas. Este año, la temperatura media de la superficie del mar en el Mediterráneo alcanzó un récord de 28,9ºC el 15 de agosto.
Pero el cambio climático sólo fue un factor general en la catástrofe del 29 de octubre. Hubo toda una serie de causas más inmediatas que pueden atribuirse directamente al gobierno regional. El PP, el partido de la derecha española, ha gobernado tradicionalmente la región, con sólo un brevísimo intervalo en el que una coalición de izquierdas ganó las elecciones. El partido tiene fuertes conexiones con promotores locales implicados en la especulación del suelo y la construcción, así como en el turismo de masas.
Durante mucho tiempo, las zonas expuestas al riesgo de inundaciones se han urbanizado, y los beneficios capitalistas han prevalecido sobre cualquier otra consideración. Durante años no pasó nada, hasta que un día sobrevino el desastre.
Una de las primeras medidas que tomó el actual gobierno regional de Carlos Mazón al llegar al poder en julio de 2023, fue aplicar un paquete de medidas de austeridad y recortes en el gasto social, entre las que se encontraba la disolución de la Unidad de Emergencias de Valencia, el organismo que se había creado precisamente para coordinar la respuesta a las emergencias. Sin duda, esto tuvo un coste.
Alertas ignoradas
Aunque los fenómenos meteorológicos son notoriamente impredecibles, la ubicación probable de las danas puede predecirse con cierta exactitud. Ya el 25 de octubre, la AEMET (Asociación Española de Meteorología) emitió un aviso general para la Comunidad Valenciana. El 28 de octubre, en vísperas de la catástrofe, la AEMET emitió un aviso naranja para la región, pero también un aviso rojo que señalaba exactamente las localidades con mayor riesgo de inundaciones repentinas.
El gobierno regional ignoró las advertencias y después de los hechos intentó argumentar que la AEMET no había emitido tales advertencias. Pero hay constancia de los boletines de la AEMET y, de hecho, la Universidad de Valencia decidió cancelar sus actividades para el 29 de octubre como medida de precaución.
Ha quedado claro que un factor poderoso en la actitud del gobierno regional fue la protección de los beneficios capitalistas. Emitir directrices para el cierre de centros de trabajo habría afectado los beneficios patronales para ese día.
Peor aún. A mediodía del 29 de octubre, cuando las lluvias torrenciales ya estaban azotando pueblos y aldeas en las zonas a mayor altura del interior, el presidente regional Mazón emitió un comunicado diciendo que era probable que la tormenta amainara y saliera de la Comunidad hacia las 6 de la tarde. No se dieron más orientaciones. Algunos de estos pueblos acumularon en pocas horas más de 400 l/m2, es decir, el equivalente a un año de precipitaciones. Ya circulaban vídeos de violentos torrentes de agua que bajaban por las calles de Chiva y otros pueblos, llegando en algunos casos hasta el nivel del segundo piso. No hace falta ser un meteorólogo de formación para comprender que toda esa lluvia se va a abrir paso hacia el mar, destrozando cualquier obstáculo que encuentre a su paso.
Sin embargo, río abajo, en las poblaciones de l’Horta Sud, en la periferia sur de la ciudad de Valencia, no llovía, y la mayoría de la gente continuaba con su vida cotidiana, sin saber lo que se avecinaba.
No fue hasta pasadas las ocho de la tarde cuando el gobierno regional decidió finalmente emitir un aviso a los teléfonos móviles de toda la provincia, aconsejando a la gente que se quedara en casa o se trasladara a zonas más altas. Para entonces, miles de personas ya habían quedado atrapadas por las aguas torrenciales en sus casas o en sus vehículos cuando regresaban del trabajo. Muchos recibieron el aviso mientras sus coches eran literalmente arrastrados por la fuerza del agua.
Los beneficios capitalistas antes que las vidas
Hay varios casos de trabajadores a los que se dijo que no se movieran y no se les permitió salir del trabajo antes de tiempo. Algunos quedaron atrapados en sus puestos de trabajo (en una tienda IKEA, en la planta de Ford Almussafes, en el centro comercial de Bonaire, etc.) donde tuvieron que pasar la noche.
Otros quedaron atrapados por las inundaciones cuando volvían a casa en coche y podrían haberse salvado si les hubieran dejado salir del trabajo un poco antes. Varias trabajadoras quedaron atrapadas y se ahogaron en un supermercado.
Mercadona, una de las mayores cadenas de supermercados del país, siguió enviando furgonetas de reparto a domicilio, muchas de las cuales quedaron varadas. Un conductor de una furgoneta de Mercadona tuvo que ser rescatado por los bomberos en helicóptero, ya que su vehículo estaba sumergido bajo el nivel creciente del agua. Las imágenes fueron difundidas y ampliamente compartidas en las redes sociales. El logotipo de la marca Mercadona había sido pixelado de las imágenes, para evitar la vergüenza, pero todo el mundo reconoció la distintiva furgoneta verde.
La incompetencia del Gobierno no fue sólo eso. En gran medida estuvo motivada y agravada por el afán de preservar los beneficios empresariales. «Vuestro beneficio, nuestros muertos» es el eslogan que se ha pintado en toda la región tras la catástrofe y que resume perfectamente la situación.
El número de muertos es asombroso. En el momento de redactar este informe, asciende a 214. Muchos temen que esto sea sólo la punta del iceberg.
En el momento de escribir esta nota, el enorme aparcamiento subterráneo del centro comercial de Bonaire, con capacidad para casi 2.000 coches, sigue completamente bajo el agua y los equipos de rescate aún no han podido acceder a él. El nivel inferior del gigantesco centro comercial también está bajo el agua.
Los trabajadores de Bonaire denunciaron que no se les permitió salir temprano, cuando el nivel del agua empezó a subir, y cientos de trabajadores y clientes quedaron atrapados durante la noche, sin poder salir. En el cine del centro comercial, la dirección prohibió cruelmente a los trabajadores que comieran nada de lo que estaba a la venta. Incluso durante una tragedia de estas proporciones, la insaciable sed de beneficios domina las acciones de la patronal.
Con el paso de los días, empiezan a aparecer cadáveres en la orilla, arrastrados por la fuerza desatada del agua que baja de las cumbres. En un momento dado, el Barranco del Poyo -normalmente seco, o a lo sumo un humilde arroyo- llevaba un caudal cuatro veces más agua que el río Ebro.
Es probable que la cifra final de muertos aumente considerablemente. Según cifras oficiales, hay unas 1900 personas reportadas como desaparecidas por sus familiares. No todas están muertas, y algunas que ya han sido localizadas no han sido denunciadas al no existir un medio realmente centralizado para hacerlo. Desgraciadamente, es posible que a muchos no los encontremos nunca.
A esto hay que añadir la destrucción masiva de las viviendas y las infraestructuras de la región (carreteras, vías férreas, líneas eléctricas, suministro de agua, aceras, líneas telefónicas, etc.). Decenas de miles de personas lo han perdido todo, sus casas están completamente llenas de barro. Los coches amontonados en las calles dificultan aún más las tareas de limpieza.
La chapuza de la ayuda
Para colmo de males, el gobierno regional del PP Mazón, y ahora también el gobierno nacional del Partido Socialista de Sánchez, han fracasado por completo en las labores de rescate y limpieza. En gran medida, esto es parte de un cálculo político mezquino sobre qué administración (regional o nacional) debe tener la autoridad para el esfuerzo de socorro o cargar con la culpa de sus deficiencias.
Ha habido un gran retraso en la utilización del ejército para las operaciones de rescate. Brigadas de extinción de incendios de provincias cercanas de Valencia, de Cataluña, Bilbao e incluso Francia, han ofrecido sus servicios, sólo para ser rechazados en un primer momento por el gobierno regional que alegó tener suficientes recursos por sí mismo. Pero los vecinos de los pueblos afectados pudieron comprobar que se trataba de una auténtica mentira. En algunos de los pueblos más afectados, seis días después de la riada, no se ha enviado maquinaria pesada. Algunos de los bomberos hicieron pública su protesta. Finalmente se les permitió viajar a Valencia, cuatro o cinco días después.
Todo el esfuerzo de socorro es caótico y carece de una coordinación adecuada y de un mando central. El gobierno regional no creó un órgano de coordinación que incluyera al gobierno nacional hasta cinco días después. Algunas personas siguen, a día de hoy, sin acceso a agua corriente o electricidad.
«Sólo el pueblo salva al pueblo»
Como ocurre con cualquier catástrofe, afloró lo mejor de la naturaleza humana. Miles de personas de clase trabajadora se ofrecieron a ayudar, se pusieron botas de agua, cogieron cubos y escobas y se dirigieron a las ciudades afectadas, organizándose espontáneamente para ayudar en las labores de limpieza. Vaciaron de barro las casas de la gente, retiraron obstáculos de las calles, vaciaron de agua los aparcamientos subterráneos y los sótanos, y proporcionaron a los afectados agua, alimentos y artículos de primera necesidad.
Un papel especial han desempeñado los llauradors (agricultores) locales que, organizados a través de su sindicato, han movilizado sus tractores y otros equipos para ayudar a retirar coches y otros objetos pesados de las calles, un trabajo que los voluntarios normales no pueden realizar.
Mientras tanto, algunos empresarios insensibles crearon una escasez artificial y aumentaron los precios. La lucha de clases no se suspendió por la enormidad de las pérdidas.
¿Cuál fue la reacción de las autoridades regionales ante la avalancha de voluntarios? Primero les dijeron que no eran necesarios. Peor aún, les dijeron que dificultarían el esfuerzo de socorro ¡y les dijeron que eran un obstáculo para el mismo!
Después, ante la indignación creciente, decidieron «organizarlos». El sábado 2 de noviembre les convocaron a las 7 de la mañana en la Ciudad de las Ciencias y las Artes. Acudieron entre 10.000 y 15.000, pero las autoridades sólo pudieron acomodar a un número limitado de ellos en autobuses para ir a las zonas afectadas.
Algunos se dieron cuenta de que, en lugar de enviarlos a los pueblos para ayudar a sus vecinos, los dirigían al centro comercial de Bonaire. Se negaron, alegando que no se habían ofrecido voluntarios para ayudar a las empresas, sino a la clase trabajadora. Algunos pasaron la mayor parte del tiempo en los autobuses, varados, o esperando a que los llevaran a algún sitio, para ser enviados a casa por la tarde, después de haber perdido el tiempo.
El domingo 3 de noviembre, con la excusa del peligro de nuevas lluvias, el gobierno regional decidió prohibir el acceso de los voluntarios a una decena de los pueblos más afectados en l’Horta Sud. Los miles de voluntarios, furiosos pero decididos, desafiaron la orden, encontraron rutas alternativas y fueron a continuar con las labores de limpieza.
En todo el Estado español, en ciudades, barrios obreros y también en pueblos pequeños, personas y organizaciones han recogido alimentos, pañales y otros artículos de primera necesidad para entregarlos en Valencia.
De hecho, en gran medida, el estado capitalista ha estado ausente, o ha llegado muy tarde, y ha sido la población local y los voluntarios de los pueblos cercanos los que han tenido que emprender el titánico esfuerzo de socorro y limpieza en las zonas afectadas. El lema que resume esta situación es «sólo el pueblo salva al pueblo», que ha sido utilizado para organizar y coordinar a los voluntarios por todo tipo de organizaciones de la clase obrera.
Como resultado de todo esto, se ha ido acumulando la ira contra las autoridades. No sólo se les consideraba, con razón, responsables de muchas de las muertes por su incapacidad para emitir una advertencia. Además, habían sido criminalmente negligentes en la organización de las operaciones de socorro.
En los días posteriores a la tragedia, varias organizaciones obreras de izquierdas y de base tomaron la iniciativa de convocar una manifestación de protesta el 9 de noviembre, con un lema que exigía la dimisión del presidente regional: «Mazón dimisión».
Esta es la rabia que estalló cuando el Estado capitalista decidió enviar a los monarcas a visitar las zonas afectadas para hacerse la foto. Nada más llegar a Paiporta los Reyes, el presidente del gobierno Sánchez y el presidente valenciano Mazón, la gente de la calle -cubierta de barro porque estaban trabajando en la limpieza- empezó a insultarles. Luego les tiraron barro. «Asesinos», “dónde estabais”, “nadie nos avisó” gritaba la multitud enfurecida. Un hombre ofreció su pala al Rey Felipe VI y luego a Sánchez. El mensaje era claro: ¿a qué venís aquí?
«Coge una pala, que te falta de nada» le espetó una mujer enfadada a la Reina Leticia. Otro residente se encaró con los Reyes: «el hecho de que estéis aquí significa que hoy no ha podido entrar el equipo pesado, lo que retrasa las labores». Muchos tuvieron que contener su ira al enfrentarse a la realeza. Algunos gritaron «Borbones a la guillotina».
En otro incidente, cuando el propietario de Mercadona, Juan Roig, acudió a uno de sus supermercados, también para hacerse la foto, se encontró con compradores enfadados, que le reprochaban haber enviado a sus conductores de furgonetas de reparto el día de las inundaciones. «No tienes vergüenza. Has enviado a tus trabajadores a morir».
Este estallido de ira no es ajeno al reciente repunte de manifestaciones masivas en toda España, sobre todo por el impacto del turismo de masas y los problemas de vivienda, ambos estrechamente relacionados. Algunos han descrito estas manifestaciones masivas en expansión como el comienzo de otro 15-M, en referencia al movimiento de protesta masiva de los indignados en 2011.
Con el tiempo, ese movimiento remitió y se canalizó hacia la política parlamentaria con el ascenso de Podemos. El partido, que empezó presentándose como un desafío a todo el régimen, fue moderando su lenguaje y se convirtió en el socio menor de un gobierno de coalición con el PSOE, gestionando la crisis del capitalismo. Finalmente, Podemos fue expulsado sin miramientos del gobierno cuando el PSOE consideró que ya no era necesario como cobertura de izquierdas a sus políticas capitalistas. Es necesario sacar todas las lecciones de esa experiencia.
El capitalismo mata. Debemos matar al capitalismo
Los camaradas de la Organización Comunista Revolucionaria, la sección de la ICR en el Estado español, están implicados en el voluntariado en Valencia. También han publicado un artículo, escrito por un camarada en Valencia, y una declaración, destacando los principales puntos políticos. Como señalan, no son muertes, son asesinatos. Asesinados porque bajo el sistema capitalista, el beneficio privado está por encima de la vida de las personas.
Los camaradas llaman a profundizar y reforzar la organización espontánea de los voluntarios en comités de barrio, para que se encarguen de la distribución de la ayuda, la organización del esfuerzo de limpieza, el control del orden público y el control de precios y suministros.
También señalan que el precio de esta tragedia debe ser asumido por la clase dominante, no por los trabajadores, mediante la expropiación de las compañías de seguros, y la requisición bajo control obrero de todo el equipamiento necesario para el esfuerzo de socorro y limpieza. Todas las empresas que soliciten subvenciones públicas deben ser obligadas a abrir primero sus libros de cuentas. Si se comprueba que realmente necesitan ayuda, deben ser nacionalizadas bajo control obrero.
Sin duda, la manifestación del 9 de noviembre en Valencia será masiva. Se están convocando protestas de solidaridad en Cataluña y seguramente también tendrán lugar en todo el Estado español. Existe el potencial para que este movimiento derribe al menos al gobierno regional. Pero más allá de eso, la única conclusión lógica de la constatación de que el capitalismo mata es que todo el sistema debe ser derrocado.
