En la mañana de junio 7, Gustavo Petro compartió una carta escrita por la Progresiva Internacional y firmada por 400 líderes sindicales y de partidos de izquierda, incluyendo a Jeremy Corbyn (ex-líder del Partido Laborista en Inglaterra) y Jean-Luc Melenchon (líder de La France Insoumise, partido de izquierda Francés). En esta carta, se denuncia la posibilidad de un golpe de estado “blando” ejecutado a través de las instituciones y se nombra a Margarita Cabello (la Procuradora de la República) y a Francisco Barbosa (el Fiscal de la Nación) como los cabecillas de este intento de parte de los poderes tradicionales de proteger sus intereses.
Ciertamente, no se puede negar que la oligarquía ha movilizado todos sus recursos para atacar las reformas. Desde la movilización de los generales y soldados de reserva a la Plaza de Bolívar, hasta la campaña de calumnias que se ha desplegado a través de la prensa con la meta de socavar la credibilidad del gobierno de Petro, es claro que la oligarquía está tratando de coartar las reformas por cualquier medio necesario.
Aquellos que quieran luchar por el cambio en Colombia tendrán que saber cómo responder a los embates de una oligarquía que todavía está al timón de la economía nacional y que no está dispuesta a ver sus ganancias reducidas ni por un céntimo.
Intriga de palacio
La prensa burguesa ha embestido a las reformas con todas las artimañas que tienen. No hay que ver más allá de la revista Semana que se ha ensañado con el incidente de Laura Sarabia, Armando Benedetti y Marelbys Meza como un perro con un hueso, hasta el punto que han generado una fuente anónima que declara que el dinero perdido eran, en realidad, 3.000 millones de pesos (unos 721.000 dólares) pertenecientes a Gustavo Petro y que esto es la causa de que Laura Sarabia interrogará a Meza con un polígrafo para empezar. A la hora de citar a una fuente, sin embargo, Vicky Dávila declara que la fuente en cuestión era anónima hasta junio 19 cuando publicó un trino clarificando que la fuente fue verificada por Semana pero que no podía revelar debido a que su vida peligraba.
Esta saga, con sus giros y tornos, refleja la necesidad de la burguesía de eludir el debate político alrededor de las reformas para concentrarse enteramente en encabezados sensacionalistas y dramas personales. La razón detrás de esto es clara: las reformas amenazan directamente las ganancias de los conglomerados a los que Semana, RCN, Caracol, etc. están vinculados, forzandolos a pagar turnos nocturnos, horas extras y demás.
Si bien los eventos vinculando a Laura Sarabia, Armando Benedetti y Gustavo Petro podrían ser de gran importancia, hay que recordar que escándalos como la Ñeñepolitica no tumbaron el gobierno de Duque y que la prensa, a pesar de revelarlos, no movilizó todos sus comentaristas para denigrar a Duque como lo están haciendo con Petro. No solo esto, pero estas tácticas quieren distraer del movimiento en las calles. La cuestión de las reformas no será decidida sobre la base de este escándalo sórdido, sino sobre la movilización de la clase obrera que ha estado incrementado a través de los últimos 4 meses en defensa de las reformas.
Desconfianza a los medios
Semana no goza de mucha credibilidad en comparación con el resto de la prensa. De acuerdo a Cifras y Conceptos, solo el 12% de la población considera la versión impresa de Semana como una de sus primeras fuentes de información mientras que solo el 7% considera la versión digital de la misma. Por otro lado, la publicación tiene 70000 suscriptores. Ciertamente es un éxito en el mundo de la publicación, pero no un gran peso de influencia política.
Estos intentos de legitimar un ataque político sin sustento no son sorprendentes. Semana ha intentado socavar la credibilidad del gobierno de Petro desde el primer día. Sus motivaciones no son difíciles de entender. Vicky Dávila está casada con José María Gnecco quién forma parte de una de las mayores familias de narcotraficantes de la región del Caribe. Los Gnecco también han convertido sus ingresos criminales en influencia política directa en el departamento del Cesar. Del mismo modo, la propia Semana es propiedad de la familia Gilinski, propietaria de Nutresa (un conglomerado de procesamiento de alimentos de 3.000 millones de dólares).
La prensa burguesa del país está conectada de manera íntima con los empresarios y el latifundio. El Tiempo le pertenecía a la familia Santos cuyo hijo más “ilustre” llegó a la presidencia después de ejercer como editor del periodico en cuestión, para luego ser vendida al Grupo AVAL dirigido por Luis Sarmiento Angulo, el hombre más rico del país. En televisión, el 80% de Caracol le pertenece al Grupo Santo Domingo, dirigido por Alejandro Santo Domingo, uno de los hombres más ricos de las Américas, de procedencia Colombo-Americana.
En estas circunstancias, es más que entendible que los medios de comunicación están jugando el papel de oposición política a las reformas. También ayuda que la verdadera oposición (los partidos políticos alineados con Iván Duque y Alvaro Uribe) ha sido completamente desacreditada después de 12 años de gestión presidencial en donde la represión sindical y la austeridad fueron las metas principales.
¿Es probable un golpe?
La movilización de los reservistas y los reportes sobre Sarabia, Benedetti y Petro ciertamente son muestras de que la oligarquía está luchando activamente para impedir las reformas. La “marca de las mayorías” de Junio 20 ha sido el punto alto de estos intentos. Esta marcha del campo de la reacción fue impulsada en gran parte por la pequeña burguesía que “invitó” a sus empleados a marchar en contra de las reformas.
Esto revela un par de puntos importantes en esta contienda entre el campo de las reformas y el campo de la reacción. Para empezar, la oposición no tiene un programa que inspire a las masas a la movilización. Más bien, dependen de la coerción y el alarmismo para poder obtener los números. También es importante que no puedan movilizar grandes números fuera de los fortines políticos de la reacción, como Bucaramanga y Medellín, las tierras de Rodolfo Hernandez y Alvaro Uribe. Varios de los manifestantes de la manifestación de Junio 20 explicaron que veían su lucha como una lucha en defensa de la propiedad privada y de las empresas que han construido a través de los años
Sin embargo, es importante notar que hay una razón por la que la oposición no ha encontrado un eco en las masas ni una verdadera figura que sirva como líder, más allá de las artimañas de figuras como el fiscal Francisco Barbosa y la procuradora Angelica Cabello. Es precisamente el hecho de que todo el establishment recuerda el paro nacional del 2021 y sabe que un paso en falso podría terminar con otra explosión social. Es por esto que se presentan a favor de las reformas en lo abstracto pero no apoyan las reformas cuando son presentadas y demandan su mitigación.
La cuestión no es tanto si es posible un golpe de estado contra Petro. Efectivamente, es posible. Pero la pregunta es: ¿está un golpe de estado en la agenda de la burguesía en este momento? En nuestra opinión, hay mucho trabajo que hacer de parte de la oposición para poder lograr un golpe de estado que no deslegitime por completo al establishment político. No hay que ver más allá de Perú, en donde la destitución forzosa de Pedro Castillo movilizó a cientos de miles a las calles precisamente porque, a pesar de las deficiencias de Castillo, su figura representaba la voluntad de los peruanos de tratar de obtener un cambio.
Más bien, la preferencia de la burguesía colombiana que se opone a las reformas sería retomar el timón a través del saboteo de las reformas y eventualmente la captura de la casa de Nariño por medios electorales. Solo esto podría permitirle encontrar la estabilidad social que trató de encontrar con una posible victoria de Petro y desacreditar por completo a la resurgente izquierda que ha aparecido con la firma de los acuerdos de paz.
¿Cómo responder a un golpe blando?
La cuestión, sin embargo, no solo es si un golpe de estado está en la agenda del día, pero como responder correctamente a esta posibilidad, de existir. Las cabecillas del Pacto Histórico han presentado la cuestión del golpe blando como una justificación para mitigar las reformas del Pacto Histórico. Estas tácticas del alarmismo no son ahistóricas, hay que enfatizar. La persecución de sindicalistas y activistas radicales de izquierda en este país está bastante documentada. La Unión Patriótica vio a miles de sus militantes ser asesinados por la oligarquía para reprimir a la izquierda resurgente después de la firma de los acuerdos de paz de 1984, por ejemplo.
Si la posibilidad de una destitución forzosa del presidente está en la agenda, se requiere la movilización de las masas para defender su presidencia. Esta defensa no se basa en su persona o incluso su programa, por su propia cuenta, pero en defensa de un derecho democratico fundamental: el derecho de la mayoría de colombianos a elegir un presidente. La posibilidad de que este derecho sea revocado, sin embargo, removerá por completo cualquier pretensión de que Colombia es una democracia en donde las mayorías deciden el curso del país y confirma que cuando se refiere a las cuestiones importantes, la burguesía y el latifundio tienen la última palabra.
Más allá de este derecho democrático, sin embargo, es importante defender un programa que logre saldar las deudas históricas que impulsaron el paro nacional del 2021 y por ende a la presidencia de Gustavo Petro. Este programa tiene que ir más allá de los titubeos de la dirección del Pacto Histórico. Será imposible conseguir la movilización completa de la clase trabajadora sobre la base de un programa que nada más ofrece migajas extra a los trabajadores para mantener la explotación salarial que han vivido a través de décadas.
Cómo no responder a un golpe blando:
La gran barrera que está evitando el uso completo de este poder para neutralizar a la oposición es la dirección vacilante del Pacto Histórico, que se ha comprometido a tratar de reconciliar lo irreconciliable: los intereses de la clase trabajadora y la oligarquía. Esta es la fuente directa de la mitigación de las reformas y esto es lo que le abre la ventana a la oposición para presentarse como los verdaderos gestores del capitalismo.
Al tratar de presentarse como los gestores responsables del capitalismo, el Pacto Histórico presenta al estado como un actor neutro, cuyas leyes e instituciones están diseñadas para servir a la voluntad de la gente. La realidad, sin embargo, es que las instituciones y leyes del estado existen para servir los intereses de la clase dominante. Es por esto que la idea de un golpe blando es tan popular. Es un reconocimiento tácito del hecho de que el presidente sirve a la oligarquía y de que, cuando este falla en hacerlo, es removido hasta encontrar un reemplazo adecuado.
Proponer un golpe blando como el primer punto en la agenda sin responder con la necesidad de un programa radical, un partido obrero dispuesto a luchar hasta la última instancia y huelgas, movilizaciones y sindicalización como las tácticas requeridas del momento es dar la lucha por pérdida antes de que esta empiece. Es claro que la razón por la que se promulga esto es precisamente para justificar la mitigación del programa del Pacto Histórico y proponer reformas taimadas que le puedan gustar al capital. Esta tarea es imposible.
Por consiguiente, la única respuesta que puede prevenir un golpe blando es una organización que salga a las calles y defienda el programa del Pacto Histórico, yendo más allá de la propiedad privada a la hora de resolver las deudas históricas que las reformas laborales, pensionales, a la salud proponen. La creación de una organización militante e independiente de la clase obrera podría romper con todas las barreras que la oligarquía interpone entre la clase obrera y la riqueza que produce. Solo con semejante organización podemos obtener las reformas por las que luchamos en las calles en el 2021 y por las que votamos por Petro en el 2022.
