Pasando la primera mitad del año, y luego del Paro Nacional, la economía colombiana asoma con una gran cantidad de perspectivas y contradicciones. En primer lugar, la degradación en la calificación de riesgo por parte de Fitch Ratings y Standard & Poor’s que provocaron la pérdida de “grado de inversión” del riesgo país tuvo un eco, pero no al nivel de lo que se discutió durante la promoción de la fallida Reforma Tributaria en abril.
Sin embargo, para el común de la sociedad esta discusión del grado de inversión no pareciera tener una repercusión ¿En qué tiene que ver la transa de títulos valores en las bolsas de Bogotá y Nueva York con la realidad del día a día de alguien que se rebusca o de un desempleado?
La calificación de riesgo no es más que la matematización de las condiciones de inversión en países, regiones y empresas. Simplemente es el análisis que los inversionistas ven en cuanto al potencial costo-beneficio de sus operaciones. Si esto baja, el costo aumenta y para los agentes económicos del país castigado se vuelve más caro el buscar nuevos financiamientos, encareciendo estas operaciones. En momentos en los que el tipo de cambio ha caído a límites muy cercanos a romper los techos históricos y la necesidad de financiamiento se mantiene por parte del Estado para apuntalar el rumbo por la pandemia, son muy malas noticias.
Sin embargo, contrastando con esto los indicadores económicos proporcionados por el DANE muestran que efectivamente la apertura económica “despertó” la economía, creciendo un 28.7% respecto a abril de 2020, y con una tasa de desempleo de 15.6% respecto al 21.6%. El detalle, que tuvo que reconocer el informe, es que esta baja en el desempleo se debió a la informalidad (rebusque, autoempleo) y el crecimiento económico fue jalonado por el sector servicios (comercio, actividades artísticas) que son las más susceptibles a la informalidad.
Así, la economía colombiana entra en una fase de transición, con una recuperación económica inestable (dadas sus fuentes), un panorama internacional difícil dada la baja por las calificadoras, y un modelo de recaudo cada día más ineficiente que evita que el Estado siquiera pueda plantearse recuperar el terreno perdido de los últimos “avances” en reducción de pobreza y aumento de bienestar.
Este cóctel refleja las condiciones materiales de la sociedad, pues al final la economía no es un abstracto matemático, es la expresión de las relaciones sociales de producción que en la sociedad se dan. Allí entra el análisis del paro nacional y sus efectos. Si bien la movilización social se ha reducido, el Estado colombiano quedó alerta y con menor margen de maniobra para implementar políticas abiertamente contra la clase trabajadora. De hecho, en sus análisis, Fitch mencionaba que si Colombia quiere recuperar el grado de inversión se debería:
- Lograr saldos fiscales primarios sostenidos consistentes con una relación Deuda / PIB en constante disminución, para mejorar la credibilidad de la política fiscal.
- Mayor crecimiento económico sostenido a mediano plazo por encima de los promedios históricos de Colombia, de aproximadamente 3,5%;
- Mejora constante de los indicadores de gobernanza que conducen a una mayor cohesión social y al impulso de las reformas, mejorando la posición fiscal estructural de Colombia, así como las perspectivas de crecimiento a mediano plazo.
En suma, el viraje social es hacia aceptar políticas reformistas que ayuden primero a manejar la crisis social mientras se mantiene una relación deuda/PIB razonable. Esto es lo que se vio en la reciente propuesta de reforma que se presentará en el inicio de la próxima legislatura el 20 de julio (y que probablemente será aprobada).
Esta reforma revierte (temporalmente) las exenciones tributarias de 2019, aumenta los impuestos a las empresas, congela la planta laboral en el Estado, y sobre todo promete inversión social a través de masificar programas como Ingreso Solidario. Eso sí, no toca el impuesto al patrimonio por lo que hay muchas dudas sobre la capacidad de recaudación (después de todo la eficiencia fiscal es toda una industria) y finalmente no toca los problemas del sistema fiscal ya apuntados por la Comisión de Expertos. Esto termina convirtiendo a esta nueva reforma tributaria en un alfombra sobre un pozo.
Por tanto, entramos a un período de enormes contradicciones, con un fortalecimiento de las posiciones reformistas y moderadas, que, aprovechando el despertar de las masas y la debilidad de los sectores tradicionales de la reacción, busque aprovechar esta situación de “recuperación” para lograr avanzar en ciertas conquistas sociales para la clase trabajadora con la meta de evitar más explosiones sociales. Reforma desde arriba para evitar revolución desde abajo.
Sin embargo, el espejismo puede durar poco. Colombia, siendo parte de la economía globalizada, y aún más dada su dependencia de Estados Unidos, está sujeta a los vaivenes de lo que pase en los centros globales. En estos momentos, con los precios de mercancías en alza (derivado de la especulación por los reportes de inflación especialmente en Estados Unidos) se ha dado un inesperado colchón al Estado. Así, la economía colombiana puede volver a la misma situación de abril, con las manos más atadas.
La degradación de la calificación de riesgo es para la economía, lo que el paro fue para la conciencia social. En este sentido es vitalicio que la clase obrera se prepare para responder a los ataques de la clase dominante con la única herramienta que tenemos: la organización.
Esta situación no prepara una recuperación segura pero una recuperación que fácilmente podría colapsar en el primer momento. En el momento en el que este colapso ocurra, la misma pregunta que guió al paro nacional guiará la lucha de clases: ¿Quien paga por la crisis? ¿Aquellos que apostaron a una recuperación sin una base económica? ¿O aquellos que han tenido que trabajar y ver a sus seres queridos morir por la pandemia? La respuesta de la clase dominante es clara: solo la implementación de la austeridad a la clase obrera será satisfactoria.
Nuestra respuesta debe ser exactamente la contraria, sin concesiones. La crisis la deben de pagar los millonarios y billonarios Colombianos que han supervisado la gestión criminal de la economía por los últimos 20 años. La única manera de lograr esto es crear una organización que logre reunir las luchas de la clase obrera, el campesinado y la juventud Colombiana. Un partido obrero que recoja a los pocos trabajadores sindicalizados Colombianos podría empezar la ardua tarea de sindicalizar al resto de la clase obrera y responder a la crisis con un programa alternativo que pueda poner el bien social de los cientos de miles de Colombianos que sufren de hambre y desempleo por encima de las necesidades de más ganancias de los billonarios de este país.
Bibliografía:
