Incluso para los estándares burgueses, la República de Colombia es una democracia fallida. Nuestra Constitución Política, sin embargo, dice que somos un “Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.” Los marxistas entendemos que la contradicción explica la realidad. Así, mientras que la carta magna plantea una república liberal burguesa que respeta la diversidad, la realidad es que aquí una clase dominante oprime a su antojo y de acuerdo a sus intereses a las otras capas de la sociedad; si los métodos empleados se avienen con las ideas que conforman la Constitución, es irrelevante. Esto ha salido a manifestarse en todo su infame esplendor en la respuesta del Gobierno de Iván Duque y Álvaro Uribe Velez al Paro Nacional que inició el pasado 28 de abril.
Hasta hoy (16-jun) contamos cincuenta jornadas de movilización. En cada una de ellas, y desde la primera, el Gobierno ha empleado de manera constante todos los métodos imaginables para agredir y ofender la vida, la salud, la tranquilidad, la honra y los bienes de los ciudadanos del país. De acuerdo con las ONG Indepaz y Temblores, se han verificado hasta el 31 de mayo, 3789 casos de violencia policial. Esta violencia policial ha saboteado encuentros de la ciudadanía, un ejercicio que se esperaría como cotidiano en toda democracia; ha irrespetado todos los límites de la dignidad humana agrediendo mujeres, adolescentes y niñas, y se ha ejercido en interés de una clase particular: la burguesía. Esa violencia que ha rebajado a los militares a apoyar con métodos infames labores de policía y, a su vez, a la Policía, a emplear únicamente los métodos del hampa y renunciar a cualquier procedimiento legítimo, que pone toda la burocracia al servicio de los negocios de unos pocos, es la verdadera cara del estado que el mundo conoce como República de Colombia.
La broma se siente más cruel si prestamos atención a esa reiterada y poco comprendida expresión de “Estado social de derecho”. Se supone, de acuerdo a los criterios burgueses, que un estado social de derecho fortalece servicios, garantiza los derechos esenciales y brinda todas las garantías para desarrollarse como un miembro activo de la sociedad. Nada de esto se ha conocido en los treinta años que lleva “aplicándose” la Constitución. Y, recordemos, sólo estamos refiriéndonos a la frase que ocupa el primer artículo.
La naturaleza del estado:
Vale la pena recordar lo que Lenín dijo del asunto del Estado en su momento:
«(…) el Estado es un órgano de dominación de clase, un órgano de opresión de una clase por otras, es la creación del “orden” que legaliza y afianza esta opresión, amortiguando los choques entre las clases.» (Lenin. El Estado y la Revolución, Pekín: Ediciones en Lenguas Extranjeras, 1966. p. 8.)
Por su lado, Engels, a partir del estudio del origen del Estado, concluía que: “(…) el Estado no es de ningún modo un poder impuesto desde fuera a la sociedad; tampoco es ‘la realidad de la idea moral’, ‘ni la imagen y la realidad de la razón’, como afirma Hegel. Es más bien un producto de la sociedad cuando llega a un grado de desarrollo determinado; es la confesión de que esa sociedad se ha enredado en una irremediable contradicción consigo mismo y está dividida por antagonismos irreconciliables, que es impotente conjurar. Pero a fin de que estos antagonismos, estas clases con intereses económicos en pugna no se devoren a sí mismas y no consuman a la sociedad en una lucha estéril, se hace necesario un poder situado aparentemente por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el choque, a mantenerlo en los límites del ‘orden’. Y ese poder, nacido de la sociedad, pero que se pone por encima de ella y se divorcia de ella más y más, es el Estado.” (Friedrich Engels. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. En: Carlos Marx & Federico Engels. Obras escogidas en dos tomos. t. II. Moscú: Ediciones en Lenguas Extranjeras, s. f., pp. 336-337.)
La represión y el estado
Al ser el estado un órgano de dominación, el ejercicio de la represión contra las clase oprimidas es parte de sus labores esenciales. En este sentido, poner fin a toda forma de represión pasa, necesariamente, por destruir al estado. Particularmente, Lenin nos recuerda que “El pensamiento de Marx consiste en que la clase obrera debe destruir, romper la ‘máquina estatal existente’ y no limitarse simplemente a apoderarse de ella.” (Lenin. Ibíd., p. 45.) Ahora, esto es más fácil enunciarlo que llevarlo a la práctica.
Es sabido que la cuestión del fin del estado es un punto conflictivo entre el marxismo y el anarquismo. Ambas posiciones están de acuerdo con la necesidad de ponerle fin al estado. Pero mientras que los marxistas consideramos la cuestión en términos dialécticos, para el anarquismo esto es casi que un acto de la voluntad que se ejerce de la noche a la mañana. Sirva de ejemplo el caso de Bakunin y Marx durante la Guerra franco-prusiana:
“El 9 de septiembre de 1870, inmediatamente después de la proclamación de la República en Francia, el Consejo General emitió su segundo manifiesto sobre la guerra, también escrito por Marx.”
“El manifiesto instaba a los trabajadores alemanes a la demanda de una paz honorable y el reconocimiento de la República Francesa, y aconsejó a los trabajadores franceses mantener un ojo vigilante sobre los republicanos burgueses y hacer uso de la República con el propósito de fortalecer su organización de clase para luchar por su emancipación. Sin embargo, Marx advirtió a los trabajadores franceses de no tratar de tomar el poder en las actuales circunstancias.
Mientras que Marx estaba tratando de contener a los trabajadores franceses para que no entraran en una batalla prematura contra fuerzas abrumadoras, Bakunin estaba haciendo todo lo posible por promover la revuelta a toda costa. Tan pronto como se enteró de un levantamiento local en Lyon, Bakunin fue a esa ciudad el 28 de septiembre, donde se instaló en el Ayuntamiento. Declaró abolida la maquinaria ‘administrativa y gubernamental del Estado’, y proclamó en su lugar la ‘Federación Revolucionaria de la Comuna’.
Bakunin llevó a tal punto su rechazo a la autoridad que se olvidó de poner guardias en la puerta del Ayuntamiento, de modo que cuando el Estado finalmente apareció bajo la forma de la Guardia Nacional, fue capaz de entrar en los locales sin dificultad y arrestar a todos los que estaban dentro.” (Alan Woods. “Marx versus Bakunin – Segunda parte”, 2010)
Aunque la derrota de la Comuna el año siguiente fue un golpe doloroso para los trabajadores que, por primera vez en su historia acariciaron el poder político, para el marxismo significó un evento que obligaba a sacar conclusiones para el futuro del movimiento. En este sentido, cabe volver a Lenin:
“(…) la Comuna sustituye la máquina estatal destruida, aparentemente ‘sólo’ por una democracia más completa: supresión del ejército permanente y completa elegibilidad y amovilidad de todos los funcionarios. Pero, en realidad, este ‘sólo’ representa un cambio gigantesco de unas instituciones por otras de un tipo distinto por principio. Aquí estamos precisamente ante uno de esos casos de ‘transformación de la cantidad en calidad’: la democracia, llevada a la práctica del modo más completo y consecuente que puede concebirse, se convierte de democracia burguesa en democracia proletaria, de un Estado (fuerza especial para la represión de una determinada clase) en algo que ya no es Estado propiamente dicho.
Todavía es necesario reprimir a la burguesía y vencer su resistencia. Esto era especialmente necesario para la Comuna, y una de las causas de su derrota está en no haber hecho esto con suficiente decisión. Pero aquí el órgano represor es ya la mayoría de la población y no una minoría, como había sido siempre, lo mismo bajo la esclavitud y la servidumbre que bajo la esclavitud asalariada. ¡Y, desde el momento en que es la mayoría del pueblo la que reprime por sí misma a sus opresores, no es ya necesaria una ‘fuerza especial’ de represión! En este sentido, el Estado comienza a extinguirse.” (Lenin. Ibíd., p. 51.)
Aunque sería apresurado ver el actual movimiento de masas que inunda a Colombia como una situación revolucionaria, al modo de la Comuna de 1871, es posible extraer algunas ideas prácticas a partir del análisis de Lenin. Lo primero a anotar es que, efectivamente, estamos siendo agredidos por una “fuerza especial” que es una minoría. De acuerdo a cifras de 2020, en Colombia, “(…) las Fuerzas Militares cuentan con un total de 266.606 efectivos (Ejército, Fuerza Aérea y Armada), a los que se suman 185.000 policías y 23.513 civiles que trabajan en el sector defensa, para un total de 452.446 miembros.” A estos números habría que sumarle las fuerzas del narcoparamilitarismo y las diferentes organizaciones mafiosas que apoya el Gobierno de Duque-Uribe. En todo caso, es difícil que, sumando todos esos elementos, ese número llegue al medio millón de hombres en armas. Esto, para un país que tiene un estimado de cincuenta y un millones de habitantes, el 68 % de los cuales está entre los 15 y los 65 años.
Por otra parte, Lenin se refiere específicamente a supresión. En este sentido, llama la atención que desde diversos sectores del Paro Nacional, incluso en las bases del movimiento, se esté hablando de reformar la Policía. Al respecto, tenemos que decir que esta no es una opción: en la práctica, no se lograría más que reducir superficialmente el número de abusos e incrementar la burocracia de la institución. Esto lo afirmamos basados en hechos históricos.
Vale recordar, por ejemplo, que la primera guía que tuvo la policía colombiana fue la Guardia Civil española, lo cual explica su carácter militar. Esta fuerza, bajo el mando del general Carlos Cortés Vargas, fue responsable de la Masacre de las Bananeras en diciembre de 1928 y de otras acciones criminales contra los trabajadores durante la hegemonía conservadora.
Lo más cercano que se ha podido estar a un cuerpo de policía cercano al pueblo trabajador, fue en Bogotá, tras la fugaz alcaldía de Jorge Eliécer Gaitán (1936-1937) y luego de las reformas adelantadas por Alfonso López Pumarejo al final de su primer mandato (1934-1938). Sin embargo, tras el asesinato de El Jefe, la institución es reformada y aquellos agentes que el 9 de abril se levantaron junto al pueblo fueron reemplazados por elementos reaccionarios reclutados por el Partido Conservador que, a pesar del fin de la II Guerra Mundial, aún contaba entre sus filas a elementos fascistas.
La entrega definitiva de esta institución a la actividad criminal se logra con el ascenso del narcotráfico y sus alianzas con el paramilitarismo. Valga recordar aquí un testimonio de 1989 dado por un agente de inteligencia sobre la masacre del Palacio de Justicia y otras acciones ilegales. Allí menciona a un mayor de la Policía que organiza grupos narcoparamilitares en Tuluá (Valle del Cauca) que como parte de su accionar, organizó una matanza de homosexuales en 1985 y arrojó sus cuerpos al río Cauca. “El Director Operativo de la Policía Nacional, General José Luis Vargas Villegas, tuvo conocimiento de esto pero no hizo nada para impedirlo.” El general Vargas Villegas era el padre del actual director de la Policía Nacional, mayor general Jorge Luis Vargas Valencia. La reciente presencia de cadáveres de manifestantes en el río Cauca parece responder a una tradición familiar.
No es posible entonces reformar lo que es auténtico organismo criminal, corrompido desde sus orígenes. Su eliminación, en cambio, es una urgencia.
Sin revolución sigue la represión
Luego de más de un siglo de historia de opresión por parte de una burguesía agresiva y reaccionaria, es entendible que muchos colombianos consideren reformar la Policía Nacional antes que acabarla. Esto sucede, además, en una coyuntura en la que aún creen que pasar por un auténtico estado social de derecho es una etapa necesaria. Para algunos, incluso, esto sería más que suficiente. Todas estas opciones son entendibles como ilusiones de una sociedad desesperada pero, teniendo en cuenta las evidencias arriba mencionadas, no pueden verse como una auténtica solución.
Luego de cuarenta y ocho jornadas de movilización hemos evidenciado que la Policía Nacional tiene más capacidad, motivos y medios para aliarse con el crimen que para combatirlo. Por otro lado, la experiencia de las barricadas demostró cómo es posible crear comunidades más seguras a partir de iniciativas como las Guardias Indígena y Cimarrona o la Primera Línea. En las barricadas se ha evidenciado que el pueblo organizado garantiza carreteras y calles más seguras que la Policía. En general, han sido más efectivos en descubrir agresores, policías infiltrados y elementos narco paramilitares que todo nuestro amplio y costoso aparato de justicia. Ni siquiera podemos ver a la Policía como un mal necesario en la lucha contra el crimen. Hoy es más que evidente que trabajan de la mano con los criminales. Baste mencionar, entre otros casos: su protección a elementos paramilitares autodenominados “gente de bien”, su indiferencia ante actividades de narcotráfico en el exclusivo aeropuerto de Guaymaral, o su activa participación en el comercio de cocaína y el lavado de activos como lo hacía el jefe de seguridad de Uribe, general (r) Mauricio Santoyo, su responsabilidad como perpetradores de abuso sexual contra las mujeres, o su colaboración con ladrones que operan en el transporte público.
La gran dificultad del Paro Nacional, es que en este momento no cuenta con una dirección capaz de ordenar toda la energía con la que el Pueblo ha resistido cuarenta y ocho días de violencia estatal. En espacios como la Asamblea Nacional Popular, se han escuchado propuestas de organizar de una manera más planificada el accionar de las Primeras Líneas. Esto es comenzar a moverse en la dirección correcta. Ellas, las Guardias Indígena y Cimarrona y la RAP (Reserva Activa del Pueblo), actuando de manera coordinada, podrían convocar y organizar a trabajadoras y trabajadores para la defensa del movimiento y de los territorios. Estos cuerpos de mujeres y hombres armados ya no estarían al servicio del gran capital sino atendiendo a los intereses de la mayoría. Estos cuerpos deberían estar organizados de la manera más democrática posible para evitar abusos y corrupción. En ese sentido, sus oficiales deberían ser elegidos o revocados por el voto de la tropa y ninguno de ellos debería ganar más que un trabajador profesional.
Un partido obrero para la revolución
Aunque la situación en Colombia es, desde todo punto de vista, excepcional y de alto valor histórico, sería exagerado hablar de una situación revolucionaria. Sí podemos decir que estamos en una suerte de umbral que, dependiendo del desarrollo de los acontecimientos, podríamos atravesar o abandonar. En todo caso, cualquiera de los dos escenarios implica menos dificultades si la fuerza productiva de nuestra sociedad se organiza en un partido propio. Sea que la lucha se desarrolle hacia un estadio revolucionario, que se estanque, o que retroceda, es claro que la reacción de la burguesía se mantendrá en sus máximos niveles de violencia y represión.
El proceso de organización de las asambleas y cabildos populares todavía están en una etapa muy incipiente. Sin embargo, han servido para reconocer la existencia de intereses comunes entre las diferentes organizaciones del movimiento. Sería importante que estas asambleas llegasen a constituirse en verdaderas autoridades del movimiento pero, mientras esto ocurre, se convierten también en el espacio donde se puede insistir en la necesidad de organizar un partido que se comprometa únicamente con la clase obrera. Hasta ahora, los trabajadores sólo hemos podido ganar algún espacio de participación política a través de organizaciones burguesas o pequeñoburguesas. Hoy, en esta crisis, no nos es posible hacer concesiones a otra clase. Es necesario organizar las ideas que se han manifestado en el último mes y medio en un programa, reconocer nuestras tradiciones de lucha, definir los métodos que nos garanticen el cumplimiento del programa y formar a esa dirigencia capaz de implementar la táctica que nos lleve a la victoria.
Con una fuerza así, podemos tener la tranquilidad de que un eventual retroceso será la garantía de un próximo impulso para avanzar. Una fuerza política de ese nivel, podría formar el Estado Mayor que unifique la defensa de los trabajadores contra la represión de la burguesía. Un partido de los trabajadores, dotado de un programa socialista, garantiza un camino hacia la revolución. Sólo ésta podrá ser capaz de poner fin a toda opresión. Sólo una revolución socialista puede dar paso a una verdadera y exitosa democracia.
