Los recientes acontecimientos en Venezuela y Colombia han vuelto a dejar al desnudo la verdadera naturaleza de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina. El secuestro del presidente Nicolás Maduro mediante una operación de agresión militar sin precedentes en América del Sur fue una demostración abierta de la lógica de dominación que Washington busca restablecer en el continente.
Las amenazas lanzadas por Trump, sus secretarios y altos mandos militares no tardaron en extenderse más allá de Venezuela, señalando rápidamente al presidente colombiano Gustavo Petro como el próximo objetivo. Frente a este escenario, amplios sectores de la clase trabajadora y del movimiento popular colombiano se movilizaron en defensa de la soberanía nacional, llenando las plazas de las principales ciudades y marcando un límite a la injerencia extranjera el 7 de enero.
Sin embargo, pocas horas después, y con la imprevisibilidad que caracteriza a Trump, el conflicto pareció disiparse. Una llamada telefónica bastó para anunciar el fin de la confrontación y sellar una supuesta distensión diplomática, coronada con el anuncio de una visita de Petro a la Casa Blanca a comienzos de febrero.
Este giro repentino ha sido presentado como un triunfo del diálogo, pero una lectura mínimamente rigurosa permite advertir que se trata, en el mejor de los casos, de una tregua frágil. La larga historia de intervenciones estadounidenses en América Latina sugiere que este “acuerdo” es apenas un respiro previo a nuevas maniobras, especialmente de cara a las elecciones presidenciales de mayo. La pregunta central sigue abierta: ¿qué prepara Washington y qué consecuencias tendrá para la clase trabajadora colombiana?
Y se hizo la paz…
La comunicación telefónica de casi una hora entre los presidentes despertó numerosas preguntas. The New York Times la calificó como “inusualmente larga para una llamada entre Trump y otro jefe de Estado”. No estamos hablando de una figura conocida por la moderación: Donald Trump ha demostrado reiteradamente un temperamento impredecible y una disposición abierta al uso de la fuerza. Apenas cuatro días antes del 7 de enero había impulsado un ataque contra Venezuela y concretado el secuestro de su presidente.
Por eso, la repentina moderación del ocupante de la Casa Blanca tras esa llamada resulta, como mínimo, sospechosa. Aunque la conversación entra en la ecuación, no explica por sí sola por qué el curso de los acontecimientos cambió de manera tan abrupta.
En primer lugar, imponer una llamada “transición democrática” en dos países simultáneamente no es una tarea sencilla. Más allá de la fanfarronería de Washington respecto a Venezuela, sostener el control de un país mientras se genera una crisis de magnitud similar al otro lado de la frontera implica riesgos serios de desestabilización regional. Aun así, Trump parecía dispuesto a correrlos.
En Colombia, tanto el gobierno como amplios sectores de la población se encontraban en estado de alerta ante un ataque inminente. Así lo reflejaron las declaraciones del presidente Petro a The New York Times en las que advertía: “Pues estamos en peligro, porque la amenaza es real. El juego lo hizo Trump”. Incluso en Bogotá desplegaron efectivos de la Policía Militar en diversas zonas, sobre todo cerca a la Casa de Nariño. El clima era de tensión abierta. También la burguesía y pequeña burguesía estaban nerviosos. Lo que seguramente impulsó una intervención de esta clase en una posible comunicación entre ambos mandatarios.
Fue este complejo escenario, sumado a los ataques directos por parte de Estados Unidos, lo que activó un ánimo de movilización entre las bases de Petro, que salieron a las calles el 7 de enero en defensa de la soberanía nacional. Aunque no existen cifras oficiales de asistencia, la concurrencia en las plazas de las principales ciudades del país fue masiva.
Sin embargo, el tono y las posturas comenzaron a modificarse tras la mencionada llamada telefónica, dejando al descubierto los límites y contradicciones del reformismo basados en su confianza en la democracia burguesa y en las instituciones internacionales que la sostienen. Una confianza, en definitiva, en un mundo regido por reglas que nunca existió realmente y que hoy se desmorona de manera acelerada.
La ruta correcta iba en dirección de la respuesta que el mandatario colombiano dio el 5 de enero a través de X, donde escribió: “La forma de defenderme es tomarse el poder en todos los municipios del país”. Esta fue una consigna correcta, pues señalaba la defensa real frente al imperialismo: la movilización activa de las masas, con las clases oprimidas a la vanguardia del poder.
La nube negra
Si bien Washington ha retirado sus amenazas, hay un motivo por el cual tendrán que volver a la ofensiva. En su documento de Estrategia de Seguridad Nacional, la Casa Blanca explicó que “competidores no hemisféricos han hecho importantes incursiones en nuestro hemisferio, tanto para perjudicarnos económicamente en el presente como de formas que pueden perjudicarnos estratégicamente en el futuro. Permitir estas incursiones sin una respuesta enérgica es otro gran error estratégico estadounidense de las últimas décadas.”
En otras palabras: la estrategia nacional de Estados Unidos en este período es la de atrincherarse en las Américas y expulsar a China y a Rusia del hemisferio. Este es el hilo conductor detrás de la expansión militar en el caribe, el rescate de Milei en Argentina y la intervención a favor de Nasry Asfura en las elecciones hondureñas.
La realidad es que la Casa de Nariño se ha acercado a China a través de los últimos tres años y China se ha vuelto la primera fuente de importaciones de la economía colombiana. Esta es la razón por la que Colombia ha estado en la mira de Trump.
No obstante, en este escenario es imprescindible considerar el peso de la movilización popular. Actualmente, el candidato mejor posicionado en las encuestas es Iván Cepeda, representante de la izquierda del Pacto Histórico, mientras que la derecha, fragmentada y con figuras de corte más conservador, se mantiene en cifras paupérrimas, insuficientes incluso para sostener una consulta interna competitiva.
Este panorama sugiere que la capacidad de resistencia frente a una eventual intervención externa podría fortalecerse. De hecho, desde los ataques de Donald Trump contra el gobierno de Gustavo Petro el año pasado, la popularidad del presidente y de su coalición ha aumentado, al tiempo que se ha consolidado un sentimiento antiimperialista que se ha intensificado con los recientes acontecimientos .
Todo ello coloca a Estados Unidos en una encrucijada. Bajo el escenario actual, Colombia se perfila como uno de los pocos países del continente que mantiene una línea claramente contraria a la política de Trump. A esto se suma la presión interna que enfrenta el presidente estadounidense, urgido de mostrar resultados concretos que fortalezcan su base electoral. En ese contexto, la idea de consolidar un control más estricto sobre lo que denomina “su hemisferio” aparece como una vía para alcanzar ese objetivo. La última encuesta de CBS indica que estas estrategias no han tenido el impacto esperado.
Aun así, Estados Unidos dispone de más cartas bajo la manga y no siempre necesita recurrir a la fuerza directa para alcanzar sus objetivos.
La habitación donde se toman las decisiones
Detrás del tufo triunfalista de las llamadas “soluciones conversadas” han comenzado a ocurrir hechos que parecen haber sido negociados en la llamada del 7 de enero y que reflejan un cierto aire de sumisión por parte del gobierno de Gustavo Petro, en una dinámica similar a la que Claudia Sheinbaum ha seguido en México.
Esto implica facilitar la entrada de Estados Unidos y de sus fuerzas armadas sin necesidad de una intervención militar directa. El actual ministro del Interior, Armando Benedetti, señalaba en una entrevista que uno de los supuestos logros del diálogo entre jefes de Estado había sido alcanzar un acuerdo para enfrentar de manera conjunta al ELN. Días después, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó públicamente esta cooperación.
Las operaciones conjuntas entre Colombia y EEUU no son nuevas. De hecho, han servido en el pasado como excusa para fortalecer estructuras paramilitares y para hostigar y asesinar líderes sociales, muchas veces en defensa de intereses de multinacionales estadounidenses como Chiquita Brands. A ello se suman denuncias de violaciones contra mujeres y menores de edad cometidas por tropas estadounidenses durante estos periodos de cooperación militar.
Abrir la puerta a una presencia más activa del ejército estadounidense en el país resulta escandaloso: contradice frontalmente lo que se supone representa el actual gobierno y, además, no elimina el peligro que afirma querer evitar. En lugar de expulsar definitivamente al lobo, se le invita a entrar con todos los agasajos, esperando ingenuamente que la amabilidad neutralice su naturaleza depredadora.
Esta negociación no es más que la antesala de presiones aún más fuertes. La propia Claudia Sheinbaum ha vivido esta dinámica de primera mano: cedió al despliegue de 10.000 miembros de la Guardia Nacional en la frontera, endureció la política contra el narcotráfico, modificó su relación comercial con China imponiendo aranceles de hasta el 50% a sus importaciones, reforzó los controles aduaneros sobre mercancías chinas y adoptó un discurso más moderado frente al imperialismo. A pesar de estas concesiones, no han cesado las presiones ni las amenazas de intervención militar por parte de Trump.
Con el imperialismo, cada paso atrás no reduce la agresión: la intensifica. Por ello, lo que debería hacer Petro es expulsar de manera definitiva al ejército estadounidense del país, y rechazar abiertamente cualquier forma de injerencia.
El enemigo está en casa
El candidato Iván Cepeda, a pesar de su afinidad con el gobierno, ha sostenido una posición correcta e intransigente frente a la política norteamericana que ha reactivado la doctrina Monroe. Al mismo tiempo, ha utilizado este elemento para denunciar a la oligarquía más conservadora de derecha, que hace apenas unos días solicitaba complacida una intervención militar en el país.
Este posicionamiento inevitablemente traerá confrontaciones con la Casa Blanca. Cepeda debe comprenderlo y prepararse para que, en caso de ganar las elecciones, pueda defender la voluntad popular frente a posibles agresiones externas.
No obstante, es necesario señalar dos límites fundamentales de esta postura antiimperialista. En primer lugar, su enfoque nacionalista reduce el problema a una confrontación entre patrias, lo que impide distinguir entre las clases oprimidas, verdaderamente afectadas, y los auténticos responsables: la clase dominante nacional en su conjunto. Esta mirada diluye el carácter de clase del conflicto y termina subordinando los intereses populares a los de sectores de la burguesía local.
En segundo lugar, sus propuestas, centradas en el derecho internacional y en la movilización pacífica, reproducen los mismos errores cometidos por Petro, quien deposita su confianza en instituciones burguesas como la ONU, presentadas como organismos ecuánimes y capaces de intervenir en defensa de los pueblos. La experiencia reciente demuestra lo contrario, estas instituciones no solo han sido incapaces de detener crímenes como el genocidio en Gaza, sino que, en numerosos casos, han actuado de manera cómplice o funcional a otras agresiones imperialistas.
Debe quedar claro que esta amenaza tiene como objetivo perpetuar la sumisión y la explotación de la clase trabajadora colombiana y del campesinado pobre, empobreciendo al país y subordinando sus decisiones a intereses externos. Se trata de una maniobra imperialista orientada a preservar esferas de influencia, desplazar a otros actores económicos de la región y defender los intereses de la clase dominante estadounidense frente a potencias como Rusia y China, en el marco de la llamada “multipolaridad”. No es casual que figuras como Elon Musk, las grandes petroleras y otros magnates hayan celebrado los crímenes cometidos por EEUU recientemente.
Sin embargo, este escenario solo ha sido posible porque las burguesías atrasadas de la región lo han permitido durante más de dos siglos. Colombia, en particular, arrastra una larga historia de injerencia imperialista compartida con el resto del continente, visible en episodios ligados a las bananeras, la industria petrolera y la minería, todos atravesados por la violencia y la explotación. En connivencia de la clase dominante nacional
El enemigo, por tanto, es claro: la burguesía nacional en su conjunto. No se trata de un sector aislado, sino de toda una clase dirigente cuyos intereses están profundamente entrelazados con los del imperialismo y han echado raíces durante décadas. Derrocar ese bloque de poder debilitaría de forma significativa la capacidad de dominación del gobierno estadounidense, como la situación actual deja en evidencia.
Por ello, más allá de una simple estrategia de campaña, como sugieren algunos de sus asesores, Cepeda debe asumir este problema con plena seriedad y comprender que el imperialismo dispone y utilizará todos los medios a su alcance para imponer sus objetivos y sabotear el programa de reformas de su gobierno
Manos fuera de América Latina
Los tiempos actuales están marcados por una profunda incertidumbre, expresión del tránsito del sistema hacia la decadencia y la barbarie. Guerras, hambre, enfermedades y miseria se multiplican y se profundizan cada día.
El aumento de la presión norteamericana sobre la región no es un fenómeno aislado, sino parte de esta misma dinámica. Por ello, el momento exige un cambio radical de rumbo. Es momento de organizarse.
Como explicaba Trotsky en su teoría de la revolución permanente, la burguesía de los países atrasados, como Colombia hoy o Rusia a inicios del siglo XX, llegó tarde a la historia y se vio obligada a subordinarse a los grandes capitales internacionales para poder sobrevivir. Es esta clase la que bloquea cualquier avance real.
Por esa razón, las tareas históricas pendientes no pueden ser cumplidas por la burguesía, sino únicamente por la clase trabajadora: aquella que hace funcionar la sociedad día tras día. Esa clase debe derrocar por sí misma a la burguesía y asumir la dirección de su propio destino cumpliendo las tareas que la oligarquía no realizó.
Colombia ha estado gobernada por la oligarquía nacional durante más de doscientos años, y su dominio solo ha hundido al país en la pobreza mientras entrega sus riquezas a la burguesía internacional, en particular a la estadounidense. Expropiar a esa oligarquía —a los latifundistas y grandes empresarios— permitiría eliminar la base material del imperialismo en el país y atacar de raíz fenómenos como el narcotráfico. Sin ese sustento económico, sus ejércitos legales e ilegales se verían seriamente debilitados, abriendo una verdadera posibilidad de desarrollo para el campo y la industria nacional.
Esa debe ser la tarea de una dirección política auténticamente comprometida con los intereses de las clases oprimidas. Una dirección que represente de manera consecuente a campesinos y obreros no podría actuar de otro modo.
Alan Woods lo señalaba con claridad en Los marxistas y la Revolución Venezolana: “Si existieran partidos marxistas poderosos, los trabajadores de Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador podrían haber tomado fácilmente el poder durante el último período. Pero estos partidos no existen…”
Más adelante, en el mismo texto, añade: “En ausencia de un partido marxista fuerte, era inevitable que la revolución en los países capitalistas subdesarrollados se manifestara de formas peculiares. Este es el resultado del retraso de la revolución socialista en los países capitalistas desarrollados. Los trabajadores y campesinos de Asia, África y América Latina no pueden esperar. Necesitan una solución inmediata a sus problemas más urgentes, y si no existe un partido marxista a mano, buscarán una alternativa. No existe respuesta fuera de esta lógica.”
Esa es la tarea de los comunistas en el próximo período histórico. Y no hay mejor momento que el actual para asumirla.
