En la mañana del 6 de septiembre de 2024, el gobierno alcanzó un principio de acuerdo para poner fin al paro de transportadores que estaba a punto de cumplir una semana bloqueando las entradas a ciudades como Bogotá, Bucaramanga y Cali.
El acuerdo establece un aumento de $800 en el precio del diésel, o ACPM, que se implementará hasta diciembre. Este incremento se aplicará en dos cuotas: una de $400 cuando se emita la resolución que modifique el aumento inicial de $1.900 decretado por el Ministerio de Hacienda y otra de $400 el 1 de diciembre.
Los futuros aumentos quedan en suspenso, ya que el Ministerio de Hacienda tenía previsto elevar el precio del diésel hasta $6.000 para igualarlo con el precio de referencia internacional y eliminar el subsidio de manera definitiva. Sin embargo, con este acuerdo, el gobierno ha pospuesto los próximos aumentos para resolver otras demandas del sector transportador. Esta decisión indudablemente afecta las finanzas del gobierno y presiona aún más su presupuesto para 2025, que ya se encuentra desfinanciado y bajo el ataque de la oposición uribista.
Este callejón sin salida refleja la dificultad de reformar un sistema que es intrínsecamente incapaz de crear los problemas que crea. Es evidente que cualquier intento de cambio debe partir desde las bases y romper con las clases dominantes y sus representantes políticos, quienes tienen claros sus propios intereses. Actuar de manera contraria alinea al gobierno actual con las políticas de la burguesía nacional e internacional, acercándose cada vez más al límite de decisión entre las mayorías o las minorías más ricas.
¿Era un paro patronal?
Petro, sindicatos y organizaciones de izquierda cercanas al gobierno, como el Partido Comunista Colombiano (PCC), no tardaron en calificar la movilización como patronal. Por otro lado, los grupos de centro y algunas sectas de izquierda rechazaron esta interpretación.
Más allá de las definiciones y etiquetas correctas, es importante destacar algunos puntos clave. En nuestro artículo anterior, ya mencionamos la existencia de una división dentro de la dirección patronal de los transportadores de carga pesada respecto al paro. Las principales federaciones del sector transporte, como Colfecar, ACC y el CGN, se oponían a la movilización, aunque también instaban al gobierno a no aumentar el precio del ACPM.
Además, medios de la burguesía financiera nacional, como La República, pidieron repetidamente la represión de las movilizaciones y ridiculizaron las propuestas de los conductores para mantener el subsidio. Sin embargo, no se puede pasar por alto el papel de Henry Cárdenas, presidente de FEDETRANSCARGA. Esta federación impulsó los bloqueos y Cárdenas fue uno de los principales representantes en las mesas de negociación.
Cárdenas proviene de una familia adinerada vinculada al sector y es cercano al uribismo, apoyando la Reforma Tributaria y de Salud de Duque. Además, ha sido denunciado por pagar menos de lo establecido a sus trabajadores y por respaldar el aumento de peajes, que afecta considerablemente a los transportadores de carga. Su participación evidencia una facción política de extrema derecha, y su discurso antigobierno durante el bloqueo claramente tenía motivaciones partidistas. No reconocer esto como una injerencia patronal sería, como mínimo, curioso.
A eso hay que sumarle que no hubo un gran número de trabajadores participando. Lo que queda en evidencia es la división entre las facciones liberal y conservadora de la clase dominante. Ambas comprenden la necesidad de ajustar los precios a los estándares internacionales, principalmente debido a la inflación, pero buscan mantener el control político a toda costa.
La ruina de la pequeño-burguesía
El “fracaso” parcial de los bloqueos se debió, en parte, a la falta de apoyo de toda la patronal y de las mayorías trabajadoras. No obstante, la clase dominante utilizó el paro para atacar al gobierno y su supuesta “ineptitud”. En algún momento, intentaron aliarse con gobiernos locales y gremios afines al uribismo, como el de taxistas, para agravar la situación, aunque con poco éxito. El recuerdo reciente de los eventos de 2019, 2020 y 2021 influyó en la falta de respaldo, pero esto no impidió ciertos avances con su estrategia.
Es cierto que hubo perdedores en este proceso: los pequeños y medianos propietarios, que fueron cooptados por el oportunismo del centro y la ultraderecha. Aunque lograron mantener el subsidio, eventualmente enfrentarán el aumento de precios y nuevas alzas que podrían llevarlos nuevamente a las calles, con posibles represalias y sin soluciones claras.
Esto no debería ser el caso bajo un gobierno que se dice popular. Las demandas de la pequeña burguesía empobrecida por la crisis son válidas y deben ser tomadas en serio. Sin embargo, ni el reformismo ni un futuro gobierno de derecha, como el de Milei, en Argentina, podrán resolverlas debido a la crisis orgánica del capitalismo. La única solución es vincular sus demandas con las de la clase obrera y romper con el sistema capitalista para establecer una economía planificada. Esto solo se puede lograr con una dirección revolucionaria, independiente de clase y organizada que proponga un programa capaz de poner a estas dos clases de acuerdo y en dirección a un objetivo con los obreros a la dirección.
El reformismo en el timón
El gobierno también salió perjudicado en esta situación, ya que enfrenta obstáculos en cada intento de recaudar más dinero o impulsar reformas. Aunque el costo del paro fue menor desde la perspectiva de sus organizadores, resultó elevado para el gobierno. En primer lugar, se evaluó su capacidad de respuesta ante una movilización de tal magnitud. En segundo lugar, se le impidió avanzar en uno de sus planes destinados a obtener fondos para la reactivación económica.
Esta situación es consecuencia de la postura del gobierno de buscar un Acuerdo Nacional, lo que en la práctica ha significado ceder espacio a sus adversarios para que ocupen puestos importantes en las instituciones del Estado. Además, el gobierno ha mostrado un interés por cumplir con el recaudo fiscal de manera cuidadosa, para evitar descontento en la comunidad internacional y entre los empresarios privados.
A esto se suma la respuesta del gobierno y sus organizaciones, que, aunque defensiva, ha sido lenta y repetitiva. Convocar constantemente a las masas a defenderse sin ofrecer cambios significativos, ofrecer como única solución la gestión “humana” del capitalismo y recurrir a la clase trabajadora como un grifo que se abre y cierra a su comando significa que en situaciones como esta, Petro depende de maniobras desde arriba para resolver los problemas que crea. Aunque el equilibrio de fuerzas sigue favoreciendo a Petro, esta ventaja descansa sobre una base muy frágil.
Por otro lado, el uso de la policía lo decanta hacia un único lado. Con el uso de la policía que prometió tratar de abolir durante su campaña, Petro demuestra su fe en las fuerzas armadas del país otra vez. Si bien su despliegue de policía no terminó con el nível de represión que vimos durante presidencias del Uribismo, queda claro que el gobierno contará con las fuerzas armadas durante situaciones de alta tensión en donde su prestigio esté en riesgo. Esto nos muestra una linde a futuro y demuestra uno de los problemas del reformismo: su completa confianza en el estado como un actor neutro. Hoy, los policías “defendieron” al gobierno del cambio, pero la policía y el ejército están conectados por miles de hilos a la clase dominante, y asumir su neutralidad en todas las circunstancias podrá jugar un papel fatal en la siguiente confrontación entre el gobierno reformista y la oposición uribista.
A pesar de estas debilidades, la campaña de sindicalización a la base camionera abre una gran oportunidad de lucha. Menos del 1% de la clase obrera colombiana está protegida por un acuerdo colectivo. Menos del 4% de los trabajadores pertenecen a algún sindicato en este país. Durante el paro nacional, escribimos:
“(…) el liderazgo de la CUT podría fácilmente extender esto con una campaña de sindicalización de diferentes fábricas, manufactureras y diversos sectores de industria. Además, la CUT podría usar su posición como el gran centro de los trabajadores sindicalizados para poder convertir el paro general en una huelga general, alentando a los trabajadores de diferentes sectores a detener la producción y aumentar la presión sobre los capitalistas. El hecho de que estas ideas no estén en la agenda de la CUT es triste. La CUT es una de las grandes conquistas de la clase obrera Colombiana, su tarea debería ser llevar el fruto de sus logros al resto de los trabajadores.”
Al llamar a las calles a defender las reformas en frente de la agresión del uribismo, al poner otra vez en la agenda los lazos directos de la oligarquía colombiana con el genocidio en Israel y al abrirle la puerta a la sindicalización como una solución concreta a los problemas que uno de los sectores de industria más heterogeneos de la economía colombiana, el gobierno de Petro se está apoyando otra vez en las masas.
La tarea de los comunistas en cada una de estas instancias es llevar estas iniciativas a su conclusión lógica. La sindicalización de camioneros debería llevar a una campaña de sindicalización que logre proteger a varios sectores industriales bajo un acuerdo colectivo, la denuncia de la represión del gobierno pasado debería llevar a una apertura de cuentas demostrando a los obreros y el campesinado colombiano para qué usa el erario en materias de seguridad pública y las nuevas movilizaciones deberían llevar a huelgas y paros en contra de la misma patronal que estuvo dispuesta a detener la comida y prevenir que trabajadores de a pie pudieran mantener sus actividades del día a día.
Sin embargo, hay que explicar en todo esto cuál fue el papel de los reformistas en todo esto y exponer que habían soluciones más allá de mantener el subsidio o sacrificar los programas sociales que el gobierno se había propuesto. La nacionalización bajo control obrero de los sectores petroleros y mineros habría puesto en la agenda la posibilidad de controlar los precios y armonizar la producción de energía para el sector transportista en conjunto poniéndolo bajo control obrero que pudiera facilitar la ejecución del transporte de bienes y servicios a través de todo el país sin ser guiado por las necesidades de enriquecer a una minoría. Semejante agenda está completamente fuera de la ecuación para el gobierno, que está determinado a gobernar dentro de los márgenes del capitalismo.
El sectarismo y sus posiciones inciertas
Por otro lado están las posturas de “izquierda”, que en realidad son de centro, rendidas a la pequeña burguesía como Dignidad y Compromiso, con Jorge Enrique Robledo a la cabeza, quienes trataron la movilización como una de trabajadores asalariados.
Este dirigente no dice una completa mentira cuando señala a Petro como un seguidor del FMI ya que sin duda la necesidad de nivelar los precios al valor del mercado internacional es, como ya se dijo, una necesidad del presidente. Sin embargo la propuesta de Robledo no es tampoco la más revolucionaria. Como escribía en su artículo de 1 de septiembre, sin dar muchas soluciones, su sugerencia es que de Ecopetrol se saque el dinero para el subsidio del combustible en general, pero sin quebrarlo.
No explica, no obstante, cómo hacer eso y por lo que se entiende se debe hacer dentro de los propios límites del sistema, lo que lo hace virtualmente imposible. Ese cinturón es justamente el que tiene al gobierno en la encrucijada actual, el respeto al pago de la deuda externa y los grandes pagos a los inversionistas privados se ha vuelto una pugna interna dentro de la empresa petrolera y la manera en que se ha dado a resolver a través de concesiones a los privados, negociaciones tras bambalinas o la rendición a los ataques.
En esencia, la izquierda estuvo dividida entre aquellos que apoyaron al gobierno plenamente y no trataron de proponer una alternativa revolucionaria al programa del gobierno (que creará mayor inflación para la clase trabajadora) mientras que las sectas trataron de alinearse detrás de un cierre patronal que usó las preocupaciones justificadas de los pequeños camioneros para proponer la posibilidad de retornar al Uribismo al poder. En muy pocos casos se propuso la posibilidad de que la clase trabajadora podría solucionar este problema tomando el timón y gestionando dos sectores de industria clave.
Revolución permanente o negociación permanente
La esencia de la cuestión es que la presión del mercado mundial siempre va a forzar la mano del capitalismo colombiano, por más “humano” que intente ser. Todas nuestras perspectivas nacionales tienen que ser guiadas por nuestras perspectivas internacionales en este sentido. La realidad es que el capitalismo mundial se encuentra en una crisis sin paralelo debido a la imposibilidad de recuperarse de los eventos del 2008-09. Todos los intentos de financiar programas sociales, grandes reformas, saldar deudas históricas, etc, dependen del estado del capitalismo mundial del que Colombia es dependiente.
El destino de la economía colombiana no se rige solo desde Bogotá, también se hace desde Washington D.C, Ottawa y Madrid, donde las multinacionales coordinan para defender sus ganancias en contra de los intereses de la clase obrera colombiana, a la que explotan por salarios de $310 dólares por mes. La ruptura con estas multinacionales y su nacionalización bajo control obrero es el prerrequisito para ponerle fin a la anarquía del mercado que tira a millones de trabajadores a la vorágine.
Para lograr esta tarea, es esencial construir un partido obrero revolucionario que unifique a cada lugar de trabajo bajo una sola bandera. Este partido debe llevar a cabo una campaña de sindicalización sin precedentes que permita a los trabajadores crear las organizaciones necesarias para confrontar a los banqueros y patrones, quienes durante décadas han fragmentado a la clase trabajadora colombiana mediante el asesinato de sus líderes sindicales. Para parafrasear a James Larkin, socialista irlandés: “La patronal se ve como gigantes porque estamos arrodillados ante ellos. ¡Levantémonos!”
