Perspectivas económicas 2024: Calma en medio de la tormenta:

Con dos años en curso del Gobierno, una noticia pasó relativamente desapercibida a mediados de julio de 2024. Amén de críticas por parte de “técnicos” respecto al retraso por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), este reportó las cifras de pobreza y crecimiento económico preliminares para el primer trimestre de 2024. A diferencia del reporte de cierre de 2023, el cual mostraba un raquítico crecimiento de 0.6% para todo el año 2023 y decrecimientos en el tercer trimestre de ese año de -0.6%, que fue mostrado a lo largo y ancho de los medios de comunicación como muestra de la “ineficiencia” del Gobierno, este que mostraba que la economía iniciaba un repunte fue apenas una “nota normal”. Pero, ¿qué significan estas cifras para la clase trabajadora? ¿El reformismo está logrando entregar sus promesas?

Una economía aún estable

El informe técnico del DANE concluía que “la actividad económica que más contribuye al crecimiento anual del primer trimestre de 2024 es Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales, que crece 5,3% y contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual del valor agregado, en su serie original.”.

Por tanto, es evidente que la intervención estatal, en el seguimiento de una posición keynesiana ortodoxa (es decir, promover la intervención del Estado para reflotar descensos de la inversión privada) es uno de los sostenes de esta cifra. Contrasta con los problemas de ejecución del Gobierno, ampliamente publicitados por los medios (como el caso de los problemas del FOMAG para la salud del magisterio, o el fracaso del Ministerio de Igualdad), pero se explica por el hecho de que efectivamente ciertos programas han logrado cumplir su objetivo primario de ayudar a la población.

Aquí entrarían los casos de reorganización de las transferencias directas, la unificación de subsidios, y su racionalización, que sin embargo muestra una paradoja. Si bien la población clasificada en extrema pobreza ha recibido más ayuda derivado de estos cambios en los esquemas, esto no se da por un aumento neto en la recaudación tributaria desde los sectores más pudientes (que de hecho han visto cómo la Corte Constitucional quito dientes a la reforma tributaria del año 2022) sino en la reducción de ayudas a la población pobre en centros urbanos.

Por tanto, ello explica porque la inequidad (medida por el índice de Gini) apenas se ha movido aún con estos movimientos. El gobierno reformista apenas ha dado pasos iniciales en políticas públicas de redistribución, al tiempo que trata de conciliar con la clase capitalista.

Lo cierto es que este tipo de reorganizaciones en las políticas del Departamento de Prosperidad Social (DPS), la Sociedad de Activos Especiales (SAE), el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Vivienda han tenido respuestas sectorizadas de la clase capitalista. Por una parte, conglomerados como el Grupo Gilinski o el Grupo Aval han continuado sus inversiones al tiempo que sus medios de comunicación (Semana y El Tiempo) han continuado atacando el Gobierno y alentando al movimiento de la oposición (con Vicki Davila, editora en jefe de Semana, perfilándose como candidata presidencial). Otros, como los constructores, han entrado en una etapa de declive, alegando que la racionalización de los subsidios de “Mi Casa Ya” y el incremento de las tasas de interés a lo largo de 2023 redujeron la capacidad de endeudamiento de los hogares.

Por otro lado, en el sector agrícola se ha dado un repunte considerable, algo que fue referido por el presidente Petro en su discurso del 20 de julio, señalando que esto es una señal de la activación de la economía popular. Todo esto nos explica porque en las zonas rurales el apoyo al Gobierno (y en concreto a la figura de Petro) se mantiene mientras en las ciudades hay un sentimiento mixto.

Las condiciones materiales de la clase trabajadora sí han mejorado, la ralentización de la inflación, aunque ya fijada en cotas altas, ha sido contrastada por los aumentos de salario mínimo legal y las transferencias de los programas sociales. También, los programas de sustitución impulsadas por el Ministerio de Agricultura dentro del Acuerdo de Paz, así como las políticas dentro del plan de Reforma Agraria, han activado ciertos sectores agrícolas aunque limitados en ambos casos por la burocracia estatal y el torpedeo legal, por lo que este sector vital de la economía está sintiendo los efectos de un cambio de paradigma.

Todo tiene un límite

Estos modestos avances se ven amenazados por la volatilidad en los cimientos del sistema capitalista, creando condiciones para más inestabilidad. Un sector que también muestra una contribución al crecimiento ha sido el turismo. Esto en consonancia con la idea del Gobierno de que sea este, junto con la transición energética y la reforma agraria los motores de la “economía popular”.

Pero el turismo está empezando a crear los mismos fenómenos de gentrificación y crisis en la vivienda que se han visto en países como España y México, siendo más visible en Medellín pero empezando a mostrar sus efectos en Bogotá y Cali, con el incremento en los promedios de los arriendos. Por el momento no hay ninguna política concreta, pero la sola mención de un control de precios llevó al gremio inmobiliario a pronunciarse en contra.

Por otro lado, aunque la inflación ha descendido y el BANREP ha comenzado a reducir las tasas de interés, el ritmo inflacionario continúa en un rango alto, especialmente en las ciudades, al tiempo que los límites de la regla fiscal hacen que el Gobierno empiece a tener que luchar en contra de los márgenes de manejo para mantener su ritmo de gasto. En suma, como en todo sistema keynesiano, las necesidades de ajuste deben venir, en forma de mejoras en los ingresos fiscales (es decir impuestos) o austeridad.

Es muy poco probable que el gobierno de Petro implemente un programa de austeridad a corto plazo. Es claro que reconoce que su popularidad política está íntimamente vinculada a la recuperación económica después de la pandemia. Para Julio 22, Petro resaltó que su popularidad había llegado a superar la popularidad que esgrimió a la hora de llegar a la presidencia.

La perspectiva de la clase obrera

La clase trabajadora está en estos momentos viendo ciertas mejoras, especialmente las capas más depauperadas. Los programas sociales, aún en su lentitud, han ayudado a campesinos, pensionados y estudiantes. Más aún, el gobierno reformista se ha enmarañado en los problemas de la burocracia y legalismo del Estado burgués en lugar de seguir apoyándose en estos avances para masificar el movimiento político y enfrentar de esta forma a la oligarquía

Los diversos escándalos de corrupción (como el de la UNGRD) muestran que los intentos de redistribución chocan con las estructuras del Estado burgués, al tiempo que el Gobierno sigue confiando en maniobras políticas dentro del congreso y la búsqueda de alianzas con los partidos tradicionales. Las masas siguen respetando la figura de Petro y apoyando los intentos de reforma del Gobierno. Vale la pena citar al Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) aquí:

En lo laboral, casi dos tercios están a favor de una reforma que mejore las condiciones de trabajo. En pensiones, este mismo porcentaje está a favor de una reforma que garantice que todos los colombianos tengan derecho a una pensión de vejez, aunque no hayan podido hacer los aportes. En salud, la mitad de la ciudadanía está de acuerdo con la decisión de que el Estado intervenga las EPS (el 40% estaría en contra). En relación al precio de las tarifas energéticas, casi el 70% considera que el Estado debe intervenir y regularlas. Y, por último, el 63% cree que es mejor reemplazar la explotación de petróleo y gas por energías renovables.

Sin embargo, la realidad es que esta aprobación hacia las reformas se podrá mantener hasta cierto punto sobre la base del crecimiento económico de los últimos dos años y los subsidios de los programas que Petro ha dirigido. Pero también ante los elementos como la inflación, el estancamiento económico y la falta de un avance más rápido de las reformas son susceptibles a los mensajes de la derecha, especialmente en las grandes ciudades.

Asimismo, el contexto global sigue siendo de inestabilidad y crisis. Los conflictos en Medio Oriente y Ucrania, la desaceleración de la economía china y los conflictos políticos en Estados Unidos harán que cualquier intento de reforma se sienta sobre bases inestables. Una economía como la colombiana, altamente dependiente de la exportación de materias primas, es vulnerable a estos movimientos volátiles. Esto se refleja en las previsiones del FMI respecto a la región. Estamos viendo indicios de esto en los eventos del lunes 5 de agosto en donde el mercado de acciones en EEUU y Japón terminó reflejando el mayor descenso de valores desde el inicio de la pandemia.

Factores subjetivos

Aquí el factor subjetivo juega un papel clave. Por un lado, la oposición (que representa a los partidos que han estado tradicionalmente en el poder a través del siglo XX) se encuentra desconectada de la gente. Según la misma encuesta del Celag citada anteriormente:

Uribe posee una imagen favorable del 28% (61% de negativa); la periodista Vicky Dávila tiene una imagen positiva del 23% (47% de negativa); y las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia no llegan ni al 15%. La única con más imagen positiva es la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, con un 31%, pero viene perdiendo fuelle desde hace tiempo.

Esto, en conjunto con la situación económica del país, le ha dado al gobierno de Petro un cierto margen de maniobra ante los escándalos de corrupción que, en última instancia, reflejan la naturaleza del capitalismo colombiano más que la naturaleza del gobierno de Petro en sí mismo. Son los escándalos de corrupción del pasado y las posiciones reaccionarias que defienden estos opositores los que les han alejado de la popularidad.

Sin embargo, el otro factor subjetivo también merece examinación. Si bien las condiciones materiales le han dado al Pacto Histórico un cierto margen de maniobra, la reducción del crecimiento y la inflación preparan una crisis que el gobierno no podrá sobrellevar sobre la base de las reformas propuestas. Estas mismas condiciones materiales, de hecho, son la causa del paso lento de las reformas, lo que le ha permitido a la derecha sabotearlas. En semejante situación, si el producto interno bruto no crece y la inflación no se reduce, es muy probable que el Pacto Histórico llegue a las siguientes elecciones pregonando el evangelio de los cinturones apretados

Ni el uribismo ni el Pacto Histórico podrán navegar este periódo de manera satisfactoria. La oposición solo podrá implementar medidas de austeridad que aumentaran la desigualdad y movilizará a los jóvenes que marcharon en el paro nacional del 2021. El Pacto Histórico, en cambio, sólo puede ofrecer reformismo sin reformas. Esto desencadenará a diferentes capas de la sociedad y las empujará en direcciones enteramente distintas.

Sin embargo, es importante aclarar que un partido revolucionario de la clase obrera con un programa comunista se atrevería a desafiar abiertamente a la oligarquía colombiana por el poder y se apoyaría en el verdadero “poder constituyente”. No en el poder de una carta magna escrita hace más de treinta años para delinear las concesiones que la oligarquía estaba dispuesta a hacer en nombre de estabilidad política, pero en las calles, en las fábricas y en las universidades, donde los elementos más aguerridos de la sociedad podrían ser movilizados a través de manifestaciones masivas, huelgas y ocupaciones en nombre de poner la economía bajo nuestra gestión.

En semejante situación, sería posible proponer, por ejemplo, una escala móvil de salarios que permita el incremento de los salarios con la inflación como punto de partida de la reforma agraria y la reorientación de la economía hacia la implementación de las reformas. Una reforma agraria que le rompa la espalda al latifundismo monopolizador que ha acaparado el 81% de la tierra para el 1% de las fincas y una reforma a la salud que permita a los colombianos finalmente ver a un doctor antes de 150 días requieren la expropiación y redivisión de la tierra y del monopolio de las EPSs.

Es claro que se preparan tiempos de tormenta. La calma propiciada por una situación económica que favorece al Pacto Histórico no podrá durar en la medida en que el capitalismo mundial se encuentra preparando una crisis. Los eventos del lunes negro demuestran la alta volatilidad economica. En la medida en que las reformas no pasen y la estabilidad económica sea reemplazada por convulsiones, ninguno de los dirigentes de los partidos que defienden el capital podrán moverse sin incurrir en errores y causar más dolores de cabeza. Esto provee a los comunistas una gran oportunidad de conectar con el desazón de las masas y organizarlas para desafiar abiertamente a aquellos que se benefician de nuestra miseria.