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Tierralta: el verdadero rol del Ejército en Colombia

Tierralta: el verdadero rol del Ejército en Colombia

El pasado martes 12 de septiembre se viralizó un video en el que se veía un grupo de hombres fuertemente armados y sin identificaciones amenazando a una comunidad de campesinos en la vereda del Manso, en Tierralta, Córdoba. Las imágenes mostraban como uno de los hombres desenfunda una de las armas y apunta a una madre con un bebé en brazos, gritándole que eran de un supuesto frente de las FARC.

Al día siguiente, el Ejército Nacional publicó un comunicado en el que aceptaban que los hombres grabados pertenecían al Batallón de Infantería N.33 de la Décima Primera Brigada, que forma parte de la Séptima División del Ejército bajo el mando del general Oscar Leonel Murillo. Murillo es un hombre involucrado en otras situaciones criminales, como la masacre en el caserío de Guachal durante el 2021 donde soldados en un supuesto operativo contra el ELN abrieron fuego en medio de la población de manera indiscriminada y sin identificarse.  

No es nuevo este tipo de hechos en el país, ni en esa zona, y en épocas de elecciones resulta, por desgracia, común. Sin embargo, es claro que este aumento de violencia en la actualidad va más allá de la continuidad del viejo sistema de represión y terror, pues está directamente vinculado con el capital (legal e ilegal) y es perpetrado por una clase dominante que hoy no encuentra una salida política. A pesar de su necesidad de recuperar el poder,  es incapaz de conectar con la realidad de las clases desposeídas  y un sistema en crisis. 

Las fuerzas represivas y el Estado:  

«(…) el Estado es un órgano de dominación de clase, un órgano de opresión de una clase por otras, es la creación del “orden” que legaliza y afianza esta opresión, amortiguando los choques entre las clases.» Lenin, El estado y la revolución.  

Para ejercer esta dominación el Estado hace uso de cuerpos armados que son entrenados con ese fin:  

«…El segundo rasgo característico es la institución de una ‘fuerza pública’ que ya no es el pueblo armado. Esta fuerza pública especial se hace necesaria porque, desde la división de la sociedad en clases, es imposible una organización armada espontánea de la población (…) Esta fuerza pública existe en todo Estado y no está formada sólo por hombres armados, sino también por aditamentos materiales (cárceles e instituciones coercitivas de todo tipo) que la sociedad gentilicia no conocía…» Lenin, El estado y la revolución

Aunque en las escuelas se nos enseña que la policía y el ejército son instituciones creadas  para proteger a la ciudadanía entera, la verdad es que estos elementos existen exclusivamente para proteger los intereses de las clases dominantes, por ende reflejan las maneras de pensar y dogmas de la clase que protegen. 

Colombia no ha sido ajena a esta situación, pues históricamente las fuerzas armadas han cumplido a cabalidad su función represiva. En Antioquia, entre 2001 y 2003, Mario Montoya Uribe fue el comandante de la IV Brigada del Ejército. Durante la política de seguridad democrática de Uribe, ascendió a comandante, y fue precisamente en esta época cuando los casos de ejecuciones extrajudiciales, disfrazadas como “bajas en combate”, alcanzaron su punto máximo en 2008. Su objetivo, además de mantener la popularidad del presidente Uribe, era la de justificar el gasto del Plan Colombia, dinero dado por EEUU para apoyar la guerra contra las drogas y que solamente entre 2000 y 2005, aportó 2800 millones de dólares. Igualmente, por medio de estas ejecuciones cubrían y justificaban un sin fin de tomas de tierras, con desplazados de por medio, de las que se aprovecharon los grandes terratenientes.   

En el mismo Tierralta, se ha librado una historia de sangre y violencia que se remonta a la creación de las primeras guerrillas liberales. Todos estos enfrentamientos dejaron como única víctima a la población y se hicieron por una lucha para ganar territorios de rutas para el narcotráfico y beneficiar al gran capital.  «El telón de fondo de toda esta violencia…» escribe la periodista Marta Ruiz al respecto en La Silla Vacía «… además de la coca, era la construcción de la Represa de Urrá. Mancuso admitió que asesinó y lanzó al río el cadáver de Kimy Pernía, líder emberá que se opuso al megaproyecto. “Fue un crimen de Estado” dijo Mancuso, y señaló al Ejército como determinador de esa muerte.» 

Desde mediados del siglo XIX, donde la oligarquía reemplazó al ejército permanente independentista por un cuerpo de hombres formados con sus peones más fieles, el Ejército colombiano ha sido sumiso a los intereses del estado burgués. En cada periodo, apuntan sus armas contra el campesinado, estudiantado o la clase obrera en franco ataque. Según La Comisión de la Verdad, a las fuerzas del estado se les atribuyen el 12% de las víctimas por homicidio entre 1985 y 2018. 

En la actualidad, aunque el Estado colombiano se mantiene, ha perdido legitimidad ante las clases oprimidas campesinas, trabajadoras y sobre todo la capa más joven. Esto después de las movilizaciones dadas desde 2019, como lo demuestra el desplome de la favorabilidad de las fuerzas militares en 2020 que llegó hasta el 85% y su empeoramiento después del Paro Nacional del 2021. Descrédito que va de la mano al de la clase dominante, en decadencia desde los gobiernos de Uribe, Santos y Duque. No es raro entonces que tanto en el caso Montoya como en el de Tierralta se evidencie la respuesta a este rechazo en un intento desesperado de la institución por limpiar su nombre pero solo con soluciones superficiales. 

No obstante, este comportamiento es el paradigma de la división que vive la misma clase dominante al quemar su única herramienta de dominio y estar huérfana de un liderazgo efectivo. Aún así usa todos los métodos a su alcance para mantener su poder económico y la izquierda reformista no brinda una opción diferente a seguir confiando en el sistema y las maniobras de las elites, mientras frena la participación activa de las masas. 

Dos caras de una moneda

En entrevista con Semana, Ingrid Betancour hacía un llamado a su clase para revivir el Frente Nacional, esa tregua política criminal que se dió entre la oligarquía como conclusión a todo lo que había generado el Bogotazo y que consistía en una transición de poder entre los Liberales y Conservadores cada cuatro años. En su palabras llamaba a superar las divisiones para combatir el gobierno de Gustavo Petro y buscar, lo que ella llama, una “Colombia mejor”. Recurrir a un periodo semejante ratifica la fractura en la cúpula del poder y su costumbre de unirse en contra de las clases oprimidas para mantenerse de manera autoritaria en el poder. 

Cada movimiento de la derecha para querer mostrarse como opción solo le divide más y aumenta su descrédito. Los mandos altos de las instituciones repiten este comportamiento generando más problemas. Sin embargo, la oligarquía  es la clase más consciente de su lugar en la sociedad como clase dominante  e insiste en buscar solución a su problema por medio de la unión y aumentando su ataque a sus contrincantes. Aunque ninguno se ha hecho efectivo y los enfrentamientos generan sabotajes internos esto no quiere decir que pronto vaya a existir una crisis profunda en el poder establecido o que el capitalismo colombiano se vaya a derrotar a sí mismo.   

Y aunque previo a los años cincuenta habían hecho uniones y continuaron haciéndolo después, la situación política, económica y social del país y el mundo es diferente hoy.  El despertar político y consciente después de las movilizaciones de 2019, 2020 y 2021 complicó las cosas para la elite en cualquiera de sus facciones. Según encuesta de Cifras y Conceptos para agosto de 2022 el 27% de las personas se consideran de izquierda, el 48% de centro y el 25% de derecha. Aunque las cifras son del año pasado y entre derecha e izquierda hay una escasa distancia se refleja con claridad un aumento de cuatro puntos en la opción de la izquierda con relación al año 2020 cuando hicieron la misma pregunta. Esto quiere decir que hay una mayor radicalización y que, como nos muestra la realidad, la apatía crece.  ¿Cómo aprovechar esto?  

Una clase se prepara para la lucha

En Colombia, la corrupción y la desigualdad económica son problemas arraigados que reflejan las tensiones de la lucha de clases en la sociedad. La élite colombiana, motivada por el beneficio personal y respaldada por el sistema capitalista, utiliza la corrupción y la explotación para mantener su posición de poder. Esto se manifiesta en la corrupción institucionalizada y en la politización de las fuerzas armadas por altos oficiales con intereses de clase.

A pesar de los esfuerzos por cambiar la apariencia superficial de las instituciones, los problemas internos persisten y se reflejan en la inestabilidad en la cúpula del poder. La élite intenta lavar su imagen, pero esto es solo una parte de su verdadero rostro, ya que su supervivencia depende de la explotación de las clases más pobres y de su estrecha relación con los grandes capitales internacionales.

Para arrancar estos problemas de raíz, se requiere una revolución socialista en Colombia. Esta revolución busca establecer un nuevo sistema político y económico que promueva la transparencia y la redistribución equitativa de la riqueza, eliminando la corrupción y el abuso de poder que afectan a las minorías sociales. El sistema actual no puede satisfacer estas necesidades, por lo que se necesita un cambio profundo en la sociedad. Y las bases para este cambio existen. 

Como veíamos las capas más jóvenes muestran un descontento que no se conforma ni con las políticas viejas de la derecha ni con las conciliaciones cobardes del reformismo. Según encuesta de Edelman Trust Barometer el 63% de las personas culpan a los más ricos y poderosos de dividir y explotar las diferencias y el 58 % a los gobiernos.  Según esa misma encuesta en Colombia bajó 22 puntos el optimismo económico frente a lo que pueda traer el futuro. 

Esta situación muestra un ambiente propicio para futuras luchas donde la juventud, la clase obrera y el campesinado tendrá un protagonismo fundamental. Es tarea de los marxistas entonces encontrar las vías a esas bases para unirlas a la lucha organizada. La realidad es que la juventud ha demostrado un alto nível de heroísmo durante los últimos cinco años. Estuvieron a la vanguardia de los paros nacionales del 2019 y el 2021, estableciendo la primera línea y los cabildos para organizar la lucha. Sin embargo, el movimiento quedó estancado debido en parte al papel del comité nacional del paro a la hora de detener la lucha y en parte debido a la falta de un vínculo de la clase obrera y el campesinado. 

Nuestra tarea es conectar a la clase obrera, el campesinado y la juventud bajo la bandera de un partido revolucionario que proponga demandas que resuelvan los problemas existenciales de estas clases oprimidas. Tenemos que recordar que los jóvenes son futuros trabajadores que necesitan acceso a educación, salud, vivienda y condiciones de trabajo dignas para poder contribuir a la sociedad. Solo el socialismo puede garantizar estas cosas. 

En el contexto de los casos de Mario Montoya y Tierralta solo semejante partido puede administrar justicia en contra de estos generales. Ciertamente, no buscamos venganza pero las familias de aquellos desaparecidos y asesinados por el estado merecen ser esclarecidos. La realidad es que se requiere más que un general para desaparecer y asesinar a más de seis mil personas. Las confesiones de Salvatore Mancuso también demuestran de manera clara los vínculos de Francisco Santos, Alvaro Uribe, Iván Duque y todo el aparato estatal supuestamente neutro en la represión de jóvenes y sindicalistas por igual. 

El éxito de nuestra campaña de reclutamiento «¿Eres comunista? ¡Organízate!» demuestra cómo un partido revolucionario es una opción verdadera para muchos y muchas alrededor del mundo. No más la semana pasada nuestra sección en Canadá llegó a los 500.. En Colombia hemos doblado números en el último mes, logrando ya tener dos células activas. Es, entonces, nuestra tarea darle dirección a esa energía para lograr el cambio que tanto necesita el país y el mundo entero, cavando con una sociedad en decadencia, su clase asesina y sus instituciones anticuadas y corruptas. 

Si quieres desafiar abiertamente a estos generales y comandantes al igual que la clase dominante que mueve sus hilos, te invitamos a vincularte a nuestra organización. Solo una insurrección de la clase obrera, el campesinado y la juventud puede saldar cuentas con esta oligarquía parasitica que ha sobrevivido a través de los décadas de la explotación y represión de la clase trabajadora y las poblaciones oprimidas. Para lograr que semejante insurrección sea victoriosa, es necesario aventarnos a la tarea de construir un partido que pueda librar esta lucha hasta el final. 

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Rosa Espinoza

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