La reciente posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia nos devolvió la ilusión en la Reforma Agraria. Ciertamente saludamos la llegada al poder de un gobierno que tiene un auténtico interés por desarrollar la actividad agrícola y mejorar las condiciones de vida del campesino. La reforma agraria es, ante todo, una deuda histórica de las revoluciones burguesas. Efectivamente fue la reforma agraria en países como Inglaterra y Francia lo que permitió romper el control de la aristocracia sobre el uso de la tierra e iniciar el proceso de acumulación primitiva que dió ímpetu al capitalismo.
El gobierno del Pacto Histórico no sería el primero en intentar crear una reforma agraria en Colombia. Han habido varios intentos a través de la historia del país, desde el principio del Siglo XX. Gobiernos de corte progresista como el de Alfonso Lopez Pumarejo se han encontrado una y otra vez con las barreras de la burguesía, quienes no están interesadas en perder su monopolio sobre el campo que es la fuente de sus riquezas. La defensa de esta monopolización de la industria agrícola y ganadera ha llegado hasta el punto de la defensa paramilitar con todos los horrores conocidos que esta contrae.
El acuerdo de paz de la Habana del 2016 propone como primer punto la “reforma rural integrada” para esquivar el bagaje histórico de la reforma agraria y sus implementaciones fallidas. Es claro para el gobierno de Petro y los obreros y campesinos que votaron por él que hay una necesidad de implementarla. Sin embargo, es importante clarificar sobre la base de qué métodos se puede lograr estas metas.
Análisis del terreno
Durante su campaña el presidente se comprometió, una vez más, a no expropiar. Este verbo (que hace temblar a todo elemento de la clase dominante) es fundamental para llevar a cabo una reforma agraria, sobre todo en un país donde la propiedad de la tierra está fuertemente concentrada: “(…) las 275 propiedades mayores de 10.000 hectáreas del país suponen el 0,02% del total y absorben nada menos que el 40,89% de las tierras.” (J. A. Segrelles S. “La desigualdad en el reparto de la tierra en Colombia”. En: Anales de geografía de la Universidad Complutense, 2018).
No solo esto, sino que el uso de la tierra está favoreciendo a la industria ganadera, con 38 millones de hectáreas siendo usadas para el pastoreo. Esto cuando solo hay 8 millones de hectáreas de vocación ganadera. Para comparar, hay 26 millones de hectáreas de vocación agrícola y solo se usan 6,3 millones de hectáreas (24,2 %) para esta. Es claro que lo que motiva esto son las ganancias del sector ganadero en comparación con el agropecuario. De acuerdo a la UPRA, el 65,8 % del suelo apto del país no se aprovecha.
Después del petróleo, la agricultura representa el 20% de las exportaciones colombianas. Peor aún es que, en el contexto de hambre generalizada en el país, una cuarta parte de los hogares en las ciudades principales del país consume dos o menos comidas al día. 9.000 millones de dólares anuales son gastados en importar alimentos de otros países debido a la inutilización de la tierra con vocación agrícola. Efectivamente esta situación de desigualdad de tierra significa que una minoría de lugartenientes están a cargo de la dirección de uno de los sectores de industria más importantes del país.
La iniciativa del campesinado y la represión del gobierno
Cecilia López, ministra de Agricultura (y del partido liberal), ha dejado claro que la reforma agraria se basará en la jurisprudencia existente. Su primer recurso será la Reforma Rural Integral incluida en el Acuerdo que firmó el Gobierno con las FARC-EP en 2016. Si bien es de resaltar que mira la reforma más allá de otorgarle tierra al campesino e intenta analizar sus necesidades desde el panorama más amplio posible, lo cierto es que no afecta los intereses de la clase dominante. La otra norma es la Ley 160 de 1994 con la que Ernesto Samper despidió su administración. Esta, casualmente sí incluye la expropiación pero deja está en manos del INCODER, una entidad cuya liquidación se decretó en diciembre de 2015.
El 24 de Agosto, este método de MinAgricultura se puso a prueba cuando 150 campesinos tomaron un predio perteneciente a la SAE (Sociedad de Activos Especiales), citando el discurso de la posesión de Petro:
El gobierno nacional respondió con un ultimátum el 2 de septiembre: despejen el área o enviaremos el ESMAD en 48 horas. Los campesinos se mantuvieron en el área y el gobierno, que había prometido reformar al ESMAD, lo envió para remover a los campesinos a la fuerza.. Con una reiteración de su interés en implementar la reforma agraria desde la institucionalidad, Petro dio la cuestión por resuelta antes de este ultimátum
La lucha por la tierra inicia
Como se demostró en el resultado electoral y como se demuestra en los diferentes procesos de base que se adelantan desde el triunfo del Pacto Histórico, la actitud de campesinos y trabajadores con respecto a la política es otra desde el Paro Nacional de 2021, esa gran escuela inaugurada por lo más resuelto y destacado de nuestras juventudes.
Donde antes se buscaba una línea para seguir sin mucho criterio, hoy se plantean preguntas; si antes la actitud hacia los gobiernos se reducían a la confianza o desconfianza en ellos, vemos en estos días que aumenta la consciencia de que la presidencia de Petro sólo será exitosa en la medida en que haya una participación real de las bases en cada proceso político. De hecho, ya hemos visto que algunas decisiones del Gobierno se han revertido por el rechazo popular.Las ocupaciones de predios en Valle del Cauca y Neiva, inspiradas por las consignas del Pacto Histórico, son un ejemplo de la iniciativa del campesinado.
La tarea de la clase obrera es vincularse a esta lucha por la tierra y apoyarla con la única herramienta que tienen: la huelga. Huelgas en empresas con intereses en la producción agrícola y ganadera podrían doblar la rodilla de los lugartenientes que se aferran a sus títulos de tierra para mantener su monopolio por cualquier medio.
A pesar de los deseos del presidente Petro de tranquilizar a la burguesía, la expropiación de los latifundistas es necesaria y contaría con un respaldo mayoritario. Esta debería ir acompañada de un plan de producción socializada que garantice vida digna para el campesino, más allá de ser reconocido como sujeto de derechos. Este será un presupuesto clave para garantizar la seguridad alimentaria y la protección de los recursos naturales, dos objetivos que están en la agenda del presidente desde hace años. Además, este proceso adelantado con el liderazgo de los trabajadores en colaboración estrecha con el campesinado garantizaría un cambio que se beneficiaría del desarrollo de la ciudad.
El cumplimiento de un plan así resolvería varios de los problemas históricos que afectan al campesinado. Por supuesto, no es fácil llegar a esto pero debemos reconocer que no hay nada fácil en un mundo que pasa por la peor de las crisis y en un país dominado por una oligarquía particularmente cruel y sanguinaria. Pero lo cierto es que las dificultades que implica este proceso serán pocas si se las compara con las que han acumulado los oprimidos del campo en los últimos cinco siglos.
Colombia vive la paradoja de que sus escenas más crueles se han vivido en paisajes que superan las fantasías paradisíacas de la vieja Europa y la gastada Norteamérica. Esa sangre no se ha derramado en vano. Esa sangre nos trajo a las ciudades, esa sangre nos hizo obreros. El recuerdo de ella alimenta nuestra indignación contra el sistema que nos oprime, esa indignación sólo puede llevarnos a superar el caos y llegar al orden que nos merecemos: hacer de esta esquina del mundo donde el Caribe y el Pacífico se encuentran con los Andes y el Amazonas nuestro paraíso en la tierra.
