El pasado sábado 26 de abril se conoció la noticia de que el Fondo Monetario Internacional decidió poner “bajo estudio” la continuación de la línea de crédito que mantiene con el Estado colombiano. Esta decisión responde a la inestabilidad económica que se avizora en el país, que no es otra cosa que la expresión nacional de la crisis internacional y su profundización cada vez más turbulenta.
Pero también es una muestra de la hipocresía de las reglas monetarias instauradas por el capitalismo, que en última instancia velan por los intereses de la clase dominante internacional. Estas buscan trasladar los efectos de la crisis a los países más pobres, con el objetivo de liberar a las potencias imperialistas de sus consecuencias, mientras dictaminan que sea la clase trabajadora la que pague por la situación económica actual.
Este ataque se combina además con un momento particular en el país, en el que la clase política tradicional —representante de la clase dominante— cierra todas las puertas a las reformas del gobierno. Lo hace imponiéndose sobre los millones de trabajadores que, en su momento, votaron por esos cambios, demostrando que, para ellos, su bolsillo y el de sus socios internacionales es más importante que el bienestar de las clases oprimidas.
Todo esto no hace más que aumentar la presión sobre un gobierno que ya ha agotado todos sus recursos para sacar adelante su programa dentro de los márgenes del sistema actual que está podrido y no tiene nada más que ofrecer. Si bien el llamado a las masas a defender las reformas en las calles es correcto, es evidente que no es suficiente. En el marco de la crisis actual, los ataques aumentarán, y será cada vez más necesario romper completamente con este sistema.
El abismo de la crisis se hace más profundo
Colombia fue uno de los tantos países que, durante la pandemia del COVID-19, recurrió al endeudamiento para mantener a flote su economía. Al menos esa fue la justificación del entonces presidente Iván Duque para hacer uso, por primera vez en la historia del país, de la Línea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI). Es cierto que no fue el único en tomar esa decisión: en ese momento, muchos gobiernos del mundo adoptaron medidas similares. Sin embargo, ese “salvavidas” benefició principalmente a grandes empresas privadas, tanto en Colombia como en el resto del mundo, como lo demostró el escándalo de Avianca a nivel nacional.
El peso de ese dinero — 5.400 millones de dólares, con un plazo de pago de cinco años desde su desembolso que fue septiembre del 2020— se ha convertido en una carga asfixiante para la economía nacional, que en los últimos años ha mostrado señales de estancamiento, agravado por presiones externas. De hecho, el gobierno de Gustavo Petro es el que más deuda pública ha pagado en las últimas dos décadas, buena parte de ella heredada de administraciones anteriores que recurrieron al endeudamiento como respuesta a sus propias crisis
Para colmo, el actual gobierno también ha tenido que aumentar la deuda, que según datos del DANE alcanzó los $74,9 billones en el cuarto trimestre de 2024: 61,3% del PIB a final de año según el FMI. Aunque logró aprobar una reforma tributaria en 2022-2023, el Ejecutivo se encontró con estas y otras bombas fiscales heredadas: como el hueco del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, el vencimiento de numerosos títulos de deuda pública, y una baja ejecución en proyectos de infraestructura, todo lo cual ha generado fuertes presiones presupuestarias.
En efecto, una parte importante del trabajo del gobierno ha consistido en administrar la crisis fiscal heredada, con márgenes muy estrechos para desplegar de manera plena su programa de transformaciones sociales. Esto ha obligado al Ejecutivo a asumir nuevas obligaciones financieras, tanto para cumplir con la regla fiscal como para sacar adelante parte de sus compromisos políticos.
El resultado ha sido una combinación de ingresos fiscales por debajo de lo esperado, incremento de la deuda —en particular a nivel interno—, aumento del endeudamiento del Gobierno Central y una serie de “rezagos presupuestales”, que no son otra cosa que mecanismos contables para aplazar pagos estatales. En ese contexto, el Gobierno tomó la decisión de adelantar el cobro de retenciones a las corporaciones para este año, lo que en términos simples significa exigir a las empresas el pago anticipado de impuestos antes del plazo originalmente fijado. Esto permite obtener recursos inmediatos, pero compromete la sostenibilidad del gasto público en años posteriores, y acelera aún más el ritmo de endeudamiento. De hecho, ya se habla de una posible violación de la llamada “regla fiscal”, que establece que la deuda pública no debe superar el 70% del PIB
Es precisamente este punto el que el Fondo Monetario Internacional ha puesto bajo observación. Según el organismo, la disponibilidad de la línea de crédito con Colombia está “en evaluación”, y su renovación dependerá de los resultados de una revisión en curso bajo el Acuerdo del Artículo IV, lo que implica una supervisión directa de las finanzas del país y de sus compromisos fiscales.
Este círculo vicioso, que parece no tener escapatoria, es producto directo de la lógica del capital y del uso ingenuo —cuando no deliberadamente cómplice— que hacen de sus reglas económicas tanto el liberalismo como el reformismo. Ambos enfoques aceptan como “naturales” e “inviolables” normas que en realidad sirven para garantizar la reproducción del sistema en beneficio de unos pocos.
La deuda, en este contexto, no es un simple resultado de una mala administración, sino una manifestación concreta de la crisis estructural del capitalismo: una crisis de sobreproducción. Cuando los mercados comienzan a saturarse y las tasas de ganancia amenazan con caer, el sistema se aferra a la deuda como tabla de salvación, inyectando capital ficticio para sostener artificialmente la acumulación. Pero lo hace sin un respaldo material sólido, generando así las condiciones para crisis aún más profundas y frecuentes.
Como bien advertía Rosa Luxemburgo en Reforma o Revolución, el crédito —lejos de ser una solución a las crisis— se convierte en una herramienta que las facilita y agrava:
“Vemos que el crédito en lugar de servir de instrumento para suprimir o paliar las crisis es, por el contrario, una herramienta singularmente potente para la formación de crisis. No puede ser de otra manera. El crédito elimina lo que quedaba de rigidez en las relaciones capitalistas. Introduce en todas partes la mayor elasticidad posible. Vuelve a todas las fuerzas capitalistas extensibles, relativas, y sensibles entre ellas al máximo. Esto facilita y agrava las crisis, que no son sino choques periódicos entre las fuerzas contradictorias de la economía capitalista.”
La Hipocresía del capital
A pesar de toda la parafernalia técnica que acompañó el reciente pronunciamiento del FMI, lo cierto es que este movimiento ha generado una fuerte desconfianza tanto en el mercado nacional como internacional. El mensaje que se transmite es claro: hay problemas serios y un manejo administrativo deficiente por parte del gobierno. La reacción de los mercados lo confirmó: los títulos de deuda del Estado (TES) sufrieron una caída considerable, la Bolsa de Valores de Colombia registró descensos en los precios de las acciones, y el peso colombiano se depreció frente al dólar estadounidense.
La respuesta política no se hizo esperar. Como de costumbre, lo más rancio de la oposición y del establecimiento reaccionó con gritos de alarma, culpando al actual gobierno del supuesto “mal manejo económico” y acusando a la izquierda de dañar la confianza internacional y cerrar las puertas a nuevas fuentes de financiación. Exministros, periodistas, académicos, opositores y demás representantes del viejo régimen no tardaron en salir con su receta de siempre para mantener una buena relación con el FMI: más austeridad.
Sin embargo, todo este escándalo mediático resulta profundamente hipócrita. Ignora deliberadamente las causas estructurales de la crisis que vive el país y la responsabilidad directa de quienes gobernaron en los últimos 20 años. Para personajes como Vicky Dávila, lo que ocurre hoy es un fenómeno aislado, sin relación alguna con los gobiernos de Uribe, Santos y Duque —a los que ha defendido abierta o veladamente—, ni con su familia política, implicada en múltiples escándalos y beneficiada directamente de los créditos adquiridos durante la pandemia en 2020.
Tampoco se menciona que la presión de la economía mundial está afectando a todos los países, y que la deuda externa impuesta por organismos internacionales como el FMI funciona como un mecanismo de control del capital financiero extranjero. Su propósito no es otro que facilitar el saqueo de nuestros recursos y la explotación de nuestra clase trabajadora a bajo costo, al tiempo que se obstaculiza cualquier intento serio de desarrollo nacional. Esto no es nuevo. Nuestra clase dominante ha cumplido su rol de intermediaria servil, defendiendo con fervor los intereses del imperialismo, aceptando sin condiciones sus exigencias, mientras para el pueblo sólo ofrece violencia y miseria.
Un ejemplo reciente de esta actitud lo vemos en el sabotaje contra la Reforma Laboral. Ocho senadores decidieron bloquear una iniciativa respaldada por más de diez millones de votantes, demostrando una vez más que esta clase no tiene ningún interés en la supuesta democracia sino que, por el contrario, la usa a su favor para evitar una afectación a su bolsillo.
La realidad es que esta élite no tiene nada que ofrecer más allá de ataques sistemáticos contra la clase trabajadora, el campesinado y la juventud. Su bancarrota es total. No logra conectar con las masas porque no tiene proyecto ni legitimidad. Hoy, su única herramienta política sigue siendo las instituciones corruptas de la llamada “democracia” colombiana.
Crisis de la democracia burguesa
Pero nuestras élites son sólo el reflejo de lo que es la clase burguesa internacional. Hoy está cada vez más acorralada y cada nuevo movimiento que hace para mantener una estabilidad sólo le lleva a provocar más profundas turbulencias que se reflejan en ataques a la clase trabajadora y su calidad de vida.
El mismo presidente del FMI, decía:
“La economía mundial atraviesa una coyuntura crítica. Tras varios años de crecientes preocupaciones acerca del comercio, las tensiones comerciales han aumentado de forma abrupta, dando lugar a una mayor incertidumbre, volatilidad en el mercado y riesgos para el crecimiento y la estabilidad financiera. Se prevé una desaceleración del crecimiento a corto plazo y que la desinflación continúe, aunque a un ritmo más lento. Los riesgos desfavorables más intensos dominan las perspectivas, en un contexto ya de por sí complicado de crecimiento débil y elevados niveles de deuda pública. Las guerras y los conflictos imponen un enorme costo humanitario y económico. Las fuerzas transformativas, como la digitalización y la inteligencia artificial, los cambios demográficos y las transiciones climáticas, presentan oportunidades pero también desafíos.”
No parece una perspectiva muy esperanzadora. Lo cierto es que la guerra de Ucrania, el genocidio en Palestina, el proteccinismo de las naciones y su aceleración por los aranceles de Trump, sólo han empujado al mundo al borde de una recesión y dejado a las clases dominantes sin muchas opciones de maniobra. Al sol de hoy lo que le queda a muchas de ellas es la presión a sus clases trabajadoras para que paguen la crisis. Pero eso significa inestabilidad y lucha de clases. La única manera en que podrían evitarlo o reducirlo sería extendiendo la misma a otros países y para eso necesitan tener gobiernos a su favor, como por ejemplo el de Milei en Argentina. El gobierno de este presidente no va mejor económicamente hablando y aún así recibe apoyo y elogios del FMI.
Es por eso que este movimiento en Colombia, en un momento como el actual en carrera preelectoral, con el gobierno y sus reformas bajo ataque no deja de tener un tinte político evidente. La estructura del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, detrás de los discursos, sirve para mantener la hegemonía económica del imperialismo occidental, y de Estados Unidos en particular. El Fondo afirma que su “disciplina fiscal” nace de la idea de evitar que los ciclos económicos lleven a una “Gran Depresión”, mientras el Banco Mundial busca “ayudar” al desarrollo brindando fondos y asesorías técnicas. En realidad, su “ayuda” está totalmente alineada con los intereses imperialistas, no con las necesidades reales de los Estados receptores.
Hoy el imperialismo internacional necesita más que nunca tener control sobre sus mercados dependientes. Esto porque la única manera en que pueden evitar una crisis en su territorio es exportando a otros la miseria. Esto se traduce en presión política dentro de las fronteras de esos países que de manera directa o indirecta buscan doblegar a sus gobiernos para que activamente ataquen a su clase obrera con todo tipo de recortes.
Sin duda, todo aquello pone en un impasse al gobierno Petro que cada vez se ve más acorralado para llevar a la práctica sus reformas sin atacar directamente la raíz del problema: el capitalismo en su fase imperialista. Cuanto más avance la crisis internacional y se arrecie la turbulencia más clara será la necesidad del reformismo por tomar un bando: el de los trabajadores o el de la clase dominante.
Por las reformas a luchar por la Revolución
El actual programa del gobierno de Petro no ha encontrado el camino para lograr sus reformas, sin embargo el presidente ha comprendido que esta es una lucha que no puede quedarse dentro de los salones del Estado. Por esto ha llamado a sus bases a defender desde la calle, con manifestaciones, su programa y con valentía la clase trabajadora ha respondido en más de una ocasión a estos llamados.
Sin duda, es la calle el lugar donde deben darse estas luchas. Las grandes movilizaciones de este último periodo, incluyendo las del 18 de marzo y el 1ª de mayo son prueba de lo aguerrida que puede ser esta clase que todavía recuerda los días del Paro Nacional del 2021. Su defensa en favor de sus logros democráticos es esencial y como marxistas la apoyamos, acompañamos y defendemos igualmente.
No obstante, creemos importante resaltar el hecho de que lo que esto muestra son los límites de un sistema en crisis que no está dispuesto a dejar en pie ningún derecho de las clases oprimidas. El capitalismo no tiene una solución a los problemas de desigualdad y redistribución. Esto cierra las puertas, a que cualquier cambio sea duradero o a que las clases dirigentes permitan el avance de estos de manera pacífica. Es por eso que se debe intensificar la lucha con campañas de movilización militante, organización sindical en los lugares de trabajo y preparación para huelgas que afecten directamente los intereses económicos de la oligarquía.
Pero sobre todo, comprender que mientras se mantenga el dominio del capital en pie no habrá forma de hacer constantes las victorias de la clase trabajadora y mucho menos se podrá atacar el corazón del capitalismo mundial: el imperialismo que se mantiene con el sufrimiento de nuestros trabajadores. Por eso, para atacar el imperialismo y su hipocresía debemos derrocar a la oligarquía y sus instituciones corruptas en nuestro país, sustituirlas por una auténtica democracia obrera y llevar a cabo la transformación socialista de la sociedad.
