El PSOE y los independentistas catalanes de Junts han alcanzado finalmente un acuerdo para asegurar la investidura de Pedro Sánchez y sostener a su gobierno durante toda la legislatura. El punto fuerte del acuerdo es la ley de amnistía para los condenados y encausados por el proceso independentista desde 2012 en adelante, que está siendo respondida por la derecha y el aparato del Estado de manera histérica y violenta.
Movilización reaccionaria de la derecha
Llama la atención que el abundante arsenal represivo del Código Penal y de la Ley Mordaza, tan generoso con los activistas de izquierda, los obreros en huelga y los independentistas –y que el gobierno “progresista” no quiso tocar– se muestre extremadamente tímido con las manifestaciones “ilegales” y disturbios callejeros; así como con los insultos, amenazas, agresiones, y llamadas veladas a un golpe de Estado, que llevan realizando desde una semana los cachorros del capital contra Sánchez, el gobierno, los independentistas, y la izquierda en general. No nos puede sorprender, ya que toda la casta judicial y los sindicatos y mandos policiales de la policía y la Guardia Civil; en suma, todo el aparato del Estado, heredado casi intacto del franquismo, es parte de la misma masa social y de clase de las derechas, con su base de pijos millonarios y pequeños burgueses histéricos y reaccionarios.
Abascal, de Vox, fue tan lejos como para pedir a la policía que desobedezca las órdenes de sus superiores. Y un conjunto de mandos de la Guardia Civil declaró que sólo atenderán los mandatos que reciban de jueces y tribunales, una abierta declaración de rebeldía, y dicen que defenderán la Constitución “hasta la última gota de su sangre”. Contra estos llamamientos abiertos a la rebeldía contra el gobierno y a la amenaza del golpe de Estado no ha actuado, por supuesto, la Fiscalía del Tribunal Supremo ni la de la Audiencia Nacional. Pero, menos que nadie lo han hecho los acobardados Ministro del Interior, Grande-Marlaska y el Fiscal General del Estado, salvo abrir un par de expedientes. Es esta cobardía del gobierno, con la que el aparato del Estado está familiarizada, la que estimula a la reacción, aún más, en sus acciones provocadoras y en sus planes desestabilizadores.
Por no faltar, se ha sumado a la fiesta la Santa Madre Iglesia –la misma que acumula cerca de medio millón de violaciones y abusos sexuales, según se estima, durante 70 años; la que no paga impuestos y está subvencionada por el Estado, y la que se ha apropiado por la cara durante décadas de miles de propiedades e inmuebles que no le pertenecen. También está la patronal CEOE que prefiere tener en el gobierno a los suyos de toda la vida antes que dejar caer unas pocas migajas de su mesa con el gobierno actual, como le suplican Sánchez y Yolanda Díaz.
Hay que responder ya con movilizaciones
Todos los enemigos declarados de la clase obrera, todo lo que hay de atrasado, opresivo, oscuro y reaccionario en la sociedad española se ha movilizado para tratar, no sólo de echar para atrás la amnistía, sino de aplastar moralmente al llamado “bloque de la investidura” y forzar una repetición de elecciones, que están seguros de poder ganar. Al mismo tiempo, tratan de crear un clima de miedo y reacción, patriotero y cuartelero en la sociedad, para aislar al activismo de izquierda, obrero y popular. No es casualidad que grupos abiertamente fascistas se hayan destacado en estas movilizaciones.
Las movilizaciones de la derecha y la ultraderecha, y los movimientos desestabilizadores desde el aparato del Estado, no deben tomarse a la ligera. Suponen una grave amenaza a nuestros derechos democráticos. Pero sería un error mayor sobreestimar la fuerza que tiene esta caterva de reaccionarios. Su fuerza parece grande sólo porque la izquierda y las masas de la clase obrera que apoyan al llamado bloque de la investidura, con mayor o menor entusiasmo, está pasiva por la negativa de sus dirigentes a movilizarla. Un caso típico es el PCE, cuando su secretario general, Enrique Santiago, declaró el pasado 7 de noviembre: «Llamamos a toda la sociedad a mantener la calma y la tranquilidad frente al intento de desestabilizar la democracia de la derecha. Son los que nunca han dudado en acabar con ella cuando han visto amenazado su poder y sus privilegios». Pero es justamente la calma y la tranquilidad lo último que hay que proclamar. Si, como reconoce Santiago, la derecha pretende “desestabilizar la democracia” y “nunca ha dudado en acabar con ella”, lo que se necesita es oponerle una movilización mayor y multiplicar por dos los números que la derecha pone en la calle. Aunque es mucho lo que nos separa políticamente de este gobierno y de los demás grupos del bloque de investidura, y hemos criticado duramente muchas de las políticas del gobierno por ceder a los intereses de la clase dominante y del imperialismo, reconocemos que nuestra base social es la misma –la clase obrera, la juventud y demás capas oprimidas– y es ésta la que va a ser objeto de los fascistas y reaccionarios, y nos atacarán por igual a unos y a otros. Es, por tanto, la hora de un frente único amplio para movilizarse contra la reacción, marchando separados, pero golpeando juntos.
La pequeña burguesía reaccionaria, que es la base que puede movilizar la derecha con cierta masividad, se muestra muy entusiasta cuando se siente que va en la cresta de la ola, y no encuentra ningún obstáculo en su camino. Pero, una vez la clase obrera y la juventud sea movilizada enérgicamente por cientos de miles en defensa de sus derechos democráticos, toda la bravuconería de esta chusma reaccionaria se disiparía rápidamente. Más bien, la clase dominante, temiendo una radicalización mayor por la izquierda, sin duda ordenaría a la derecha que parase, por miedo a una desestabilización que se volvería en contra de sus intereses. Hay que emplazar fuertemente, por tanto, a los sindicatos, y al llamado bloque de la investidura, a que lancen una convocatoria seria de manifestaciones en todas las ciudades y pueblos en contra de las maniobras golpistas y desestabilizadoras de la derecha y del aparato del Estado, para cortar de raíz sus provocaciones y discurso entre la opinión pública. De lo contrario, las fuerzas oscuras de la reacción se van a crecer.
Dicho esto, no nos hacemos ilusiones. Sabemos que las acobardadas y “responsables” direcciones de PSOE y SUMAR temen como el agua bendita que la clase dominante y sus periódicos los acusen de desestabilizar la sociedad con movilizaciones, y que sólo una fuerte presión desde abajo les puede obligar a hacerlo. Es por ello que la iniciativa debe partir de aquellos lugares donde la base social de la derecha es más débil y escuálida, claramente Catalunya y Euskal Herria. Si los independentistas catalanes y vascos, los sindicatos, y la izquierda estatal allí presente, convocaran una gran jornada de movilización en sus territorios en defensa de la amnistía y contra el golpismo de la derecha, eso tendría un impacto indudable en el resto del Estado, donde cientos de miles arderían en deseos de sumarse activamente a la lucha.
Nuestra posición sobre el acuerdo
Ya hemos explicado en otra parte nuestra posición sobre la amnistía a los encausados y condenados por el Procés y no vamos a repetir lo que dijimos entonces. Es suficiente con decir que la apoyamos incondicionalmente, igual que apoyamos el derecho democrático de autodeterminación para Catalunya y el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, que fue atacado violentamente por el Estado español. Esto condujo a la supresión de la autonomía catalana, al encarcelamiento y exilio de decenas de altos cargos del gobierno y del Parlament y de activistas independentistas, así como al encausamiento injusto de cientos de personas por participar en diferentes protestas contra la represión en estos años. Todos deben quedar libres de cargo y pena.
Es por eso que nos parecen lamentables las razones vergonzantes esgrimidas por PSOE, SUMAR y el periodismo “progre” para defender la amnistía del procés, al justificarlo simplemente como un mal menor para permitir la investidura del gobierno. Justo eso es lo que alimenta la demagogia de las derechas entre la opinión pública, ya que pueden presentarlo como un simple chalaneo sin principios entre Sánchez y el independentismo catalán. También aquí, la “pata izquierda” del Régimen, representada por las direcciones de PSOE y gran parte de los que se agrupan hoy dentro de SUMAR, como la dirección de IU y otros; están pagando el precio de su alineamiento con la derecha del Régimen en octubre de 2017, cuando apoyaron la suspensión de la autonomía catalana (artículo 155 de la Constitución) o guardaron un silencio cómplice, se sumaron al coro antiindependentista y, en el caso de Sánchez, se pronunciaron abiertamente contra la amnistía.
Es cierto que Sánchez esgrime una razón política más profunda para conceder la amnistía. Y es desactivar el “asunto catalán”, ofreciendo una zanahoria a las direcciones independentistas para que puedan justificar ante sus bases su vuelta al “autonomismo” y su renuncia, en los hechos, a la vía unilateral para la independencia. De hecho, es significativo que en el acuerdo firmado por Sánchez y Puigdemont se haga constar por parte de Junts, su deseo de celebrar tal referéndum tomando como base el artículo 92 de la Constitución; es decir, ¡dentro de la legalidad vigente!
La propuesta de Sánchez es inteligente desde el punto de vista de la estabilidad del régimen, una vez constatada la rendición de los dirigentes de ERC y Junts ante el autonomismo. Sectores inteligentes de la clase dominante, como el agrupado alrededor del diario El País, tras muchas reticencias, han terminado apoyando la iniciativa, lo mismo que sectores de la patronal catalana y hasta del capital internacional, como el Financial Times. Pero el grueso de la burguesía española, la derecha y su aparato de Estado, son tan estrechos de miras, tan reaccionarios y rencorosos, se sentirían tan humillados al ver perdonados a enemigos que considera mortales (¡separatistas y republicanos!), a quienes le hicieron un referéndum delante de sus narices, que están dispuestos a incendiar el país y Catalunya antes que permitir que pase la amnistía.
Aparte de que lo circunscribe todo a respetar la antidemocrática Constitución, tenemos una discrepancia significativa con el proyecto de ley de amnistía, que acaba de presentar el PSOE, y es la desimputacion de los policías implicados en la brutal y sádica represión a miles de ciudadanos pacíficos que se limitaron a defender con sus cuerpos las urnas y su derecho a votar, algunos resultando gravemente heridos. Está claro que, con esto, tanto PSOE como Junts y ERC pretenden “endulzar” la amnistía y hacerla más aceptable para la derecha y el aparato represivo. Pero se equivocan al pensar así. Nada reconciliará a esta gente con la amnistía a los independentistas.
Otros acuerdos
El acuerdo incluye, además, la quita del 20% de la deuda catalana del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), unos 15.000 millones de euros, que fue contraída con el Estado por la mayoría de las autonomías durante el peor período de la crisis de 2008-2012. El gobierno añade que las demás comunidades autónomas que se acogieron al FLA también pueden solicitar la misma quita, si bien la catalana es la de mayor cuantía. Esto ha sido utilizado demagógicamente por la derecha, para afirmar que el resto del Estado financiará a Cataluña esa deuda, no importa que el conjunto de las autonomías que gobierna el PP podrían beneficiarse con otra quita de 21.000 millones de euros por el mismo mecanismo, y que también sería financiado por el Estado. Estos granujas, mientras eliminan o rebajan impuestos a los ricos en las comunidades donde gobiernan (IRPF, sucesiones, impuestos al patrimonio), desfinanciándolas, se quejan ahora de agravios comparativos por falta de financiación.
El gobierno también se abre a discutir una nueva fiscalidad para Catalunya, y para las demás autonomías, y a reintroducir la definición de Catalunya como “nación” en el Estatut catalán que fue calificado de inconstitucional por el Tribunal Constitucional, en manos del PP, en 2010; y que fue el pistoletazo de salida que dio origen al Procés. También se acordó el traspaso de los trenes de cercanías (Rodalies), que ha levantado ampollas entre los trabajadores por miedo a perder derechos, con la convocatoria de varios días de huelga, que apoyamos. Nosotros defendemos la unidad de clase de los ferroviarios de todo el Estado, más allá de que la tutela de la compañía la ejerza la Generalitat en Catalunya, con el mismo convenio, condiciones laborales y salariales del resto, igual que ahora.
Un asunto que ha levantado polvareda ha sido la propuesta que incluye el acuerdo de investigar vía parlamentaria decisiones judiciales tomadas contra el independentismo por los altos tribunales por motivaciones políticas (lawfare), algo que puede constatar hasta un niño de 5 años que haya seguido superficialmente la política española. El aparato de Estado ha sido utilizado amplia y desvergonzadamente todos estos años contra los adversarios políticos del PP y del Régimen (claramente en los casos de Podemos y los independentistas catalanes, como en el pasado se utilizaba contra la izquierda abertzale). Ya el año pasado, el Tribunal Constitucional anterior tuvo el desparpajo de prohibir sesionar, por primera vez en la historia española, al Congreso de los Diputados, cuando éste, haciendo uso de sus competencias, se proponía cambiar el método de elección de dicho Tribunal, cuyos integrantes tenían el mandato caducado y se negaban a dimitir de sus puestos, bloqueando su renovación. Querían evitar que la izquierda parlamentaria nombrase una mayoría de jueces, de entrada, «progresistas». Para no ir más lejos, la semana pasada, el juez de la Audiencia Nacional, el recalcitrante reaccionario derechista, Manuel García Castellón, decidió encausar ¡por terrorismo! a Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por los desórdenes públicos que se produjeron tras conocerse la sentencia del Procés en noviembre de 2019, en protestas convocadas por la plataforma Tsunami Democràtic. Claramente, García-Castellón, pretendía dinamitar el acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts.
Esta denuncia del lawfare ha sido utilizada por todas las asociaciones de jueces, los tribunales superiores de todas las comunidades, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, todos estos en manos de la derecha, para denunciar hipócritamente una violación a “la separación de poderes” y al “Estado de Derecho”. Justamente, la violación de poderes burguesa ha sido perpetrada por todos ellos, deshaciendo a su antojo decisiones tomadas, incluso, por los órganos que se supone representan la soberanía popular, no sólo el Parlament sino también el Congreso de los Diputados. Lo lamentable es que la “progresista” Jueces para la Democracia y la Unión “Progresista” de Fiscales se hayan sumado al carro de la reacción, apoyando sus denuncias, lo que muestra la solidaridad “de casta” de la judicatura, y la cobardía de estos “progresistas” procedentes de la pequeña burguesía.
El PSOE, acobardado, se dio prisa en afirmar que el concepto lawfare se centraría sólo en “comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura” para abordar casos relacionados con las cloacas del Estado y la operación Pegasus, pero es de prever que, dado el revuelo creado, no llegue a tener efectos prácticos. De hecho, no aparece en el proyecto de Ley de Amnistía que ha presentado el PSOE.
Esto también arroja alguna sombra sobre si el actual Tribunal Constitucional, de mayoría “progresista”, será capaz de resistir la formidable presión a la que lo someterá el Régimen, y avalar constitucionalmente la próxima ley de amnistía.
Conclusiones
Ante el proyecto presentado, damos un apoyo crítico a esta ley de amnistía por las razones explicadas a lo largo del artículo, que debe resultar en la desimputación y olvido penal de los más de 3.000 encausados. El acuerdo entre el PSOE y Junts-ERC es una constatación de la renuncia formal de estos últimos a seguir liderando la lucha por la independencia de Catalunya en un enfrentamiento frontal con el régimen, a través de una vía unilateral hacia la independencia, más allá de las frases de rigor a favor de la misma y del derecho de autodeterminación. En realidad, es una vuelta vergonzante hacia el “autonomismo”, lo que ha frustrado a un sector significativo de su base social. Si bien es verdad que tampoco sus críticos, como la CUP o la Assemblea Nacional Catalana, oponen ninguna alternativa. En esta situación, los comunistas debemos defender con más énfasis si cabe, en el conjunto de la clase obrera española, el derecho que asiste al pueblo catalán a decidir su futuro por sí mismo, incluido su derecho a formar un Estado propio, que la antidemocrática Constitución española prohíbe ejercer. Esta es la única manera de establecer lazos de confianza y unidad entre los trabajadores españoles y catalanes. Rechazar este derecho sería entregarse en los brazos de la burguesía española y de su nacionalismo españolista reaccionario.
La reacción ha decidido echar un pulso, no sólo al gobierno actual, sino al conjunto de la clase obrera propagando el chovinismo español imperialista y reaccionario, y la arenga represiva. Y todo ello, capitaneado por el aparato de Estado franquista que pervive casi intacto y animado por la ultraderecha.
Es necesario responder de manera inmediata al pulso que nos echa la reacción, y que va más allá de la investidura de Sánchez. Amenaza también a todos los que nos oponemos, en mayor o menor medida, al Régimen del 78 que sostiene al sistema capitalista español y su monarquía corrupta.
Los sindicatos, el bloque de la investidura, movimientos sociales, etc, deben ya lanzar un plan de movilizaciones en todo el Estado en defensa de nuestros derechos democráticos. Catalunya y Euskal Herria pueden dar el pistoletazo de salida a esta movilización que tendría un eco poderoso en todas partes.
La actual situación constata el régimen semidemocrático que tenemos en el Estado español, que resulta imposible “reformar” los aparatos judicial, policial, militar y de la alta administración del Estado. Son un nido de la reacción que debe ser purgado de fascistas y reaccionarios, y desmantelado. Al final, este aparato de Estado con su monarquía al frente, son sólo el mascarón de proa del régimen capitalista, el aparato represivo para garantizar la explotación de la clase obrera y el dominio de la oligarquía del Ibex 35 y los privilegios de los ricos y poderosos. La lucha por una democracia plena en el Estado español va de la mano, por tanto, con la lucha contra el capitalismo español, la lucha por la transformación socialista de la sociedad.
