Recientemente, la Oficina de Intercambio de Títulos (“Security Exchange Commission”) abreviada como SEC, equivalente a la Superfinanciera, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciaron un acuerdo de postergación de juicio con Corficolombiana, empresa parte del Grupo Aval, en el que esta entidad acepta el pago de una multa de USD 40 millones (rebajada del monto original de USD 80 millones). En resumen, la entidad acepta que ingresó dinero ilícito proveniente de sobornos en el sistema financiero estadounidense y a la vez acepta colaborar con la justicia norteamericana para que se cierre la persecución penal contra la entidad y su casa matriz. Todo esto para proteger a las cabezas del Grupo, Luis Carlos Sarmiento Angulo y su hijo.
Pagar por el pecado, sin perder el gozo del pecado
Una de las causas de la Reforma Protestante del siglo XVI, era la crítica al sistema de indulgencias de la Iglesia Católica. Este sistema consistía en que una persona pagaba a la Iglesia por “borrar” los pecados de sus seres queridos fallecidos para que llegaran al Paraíso, fuera desde el Purgatorio o el Infierno.
Pues el Grupo Aval prácticamente ha aceptado una indulgencia a través de su multa. El procesamiento diferido, aunque no es totalmente público, tiene detalles de la podredumbre de las “prácticas empresariales” de Sarmiento Angulo. De hecho, no solo se acepta la responsabilidad en los sobornos ya probados en la investigación de Odebrecht que ha llevado la Fiscalía General de Colombia, al parecer también se acepta que hubo otro pago por USD 3.4 millones a un funcionario del gobierno de Juan Manuel Santos.
Sin embargo, los medios de comunicación colombianos en su mayoría siguieron un vergonzoso patrón de mostrar que el Grupo Aval había quedado “absuelto” ante la Justicia. Por ejemplo Caracol Radio, El Tiempo (propiedad de Sarmiento Angulo) y Revista Semana, amplificaron esta idea de la absolución. Otros medios como Cambio, La Silla Vacía y otros minoritarios trataron de mostrar la verdad de este proceso, pero siempre como resultado de la “cultura de corrupción”.
Esto se expresa mejor con el señalamiento de estos últimos medios a la Fiscalía General de Barbosa, quién cerró los canales para profundizar la investigación contra Odebrecht. Por no mencionar el rol criminal de su predecesor, Nestor Humberto Martínez, que era un antiguo empleado fiel de Sarmiento Angulo e incluso terminó inmiscuido en la muerte no esclarecida de Jorge Pizano, responsable financiero del Grupo Aval que actuó como uno de los denunciantes iniciales del caso.
Una bestia de muchas cabezas
Aquí vemos de manera nítida como los intereses del gran empresariado están atados por miles de hilos a los intereses del estado y la prensa “libre” que se supone los hace responsables. Cuando el hombre más rico del país recibe dinero ilícito, primero negocia y acuerda recibir un acuerdo condicional antes que pisar una cárcel, y su reputación es protegida por los medios de comunicación más poderosos del país.
Como marxistas, somos conscientes que este tipo de casos de corrupción muestran la decadencia y barbarie del sistema capitalista. No hay que recordar más allá de los Pandora Papers del 2021 que también implican a Sarmiento Angulo. La ficción de igualdad ante un “Estado de Derecho” muere frente al poder del capital. Los mismos que justifican por estos días al empresario solapan a personajes como Nayib Bukele o Diego Molano que proponen medidas autoritarias de seguridad para “acabar con la delincuencia”.
¿En qué se diferencia robar un celular de 3 millones de pesos contra un soborno de 3 millones de dólares?, ¿En qué se diferencia un homicidio por extorsión contra malversar fondos para construir un puente defectuoso como el de Chirajara? La respuesta es simple: el poder de capital y la lucha de clases. Todo se justifica para el enriquecimiento de la oligarquía a cualquier costo.
Su persecución de los criminales de poca monta que apenas logran sobrevivir el día a día está enteramente diseñada para perpetuar su enriquecimiento, no solo como distracción de la verdadera fuente de sus riquezas, sino también como método de enriquecimiento en sí mismo (en otras palabras, la venta de armas, equipo de protección, vehículos a la policía, etc.). En última instancia, la riqueza de la oligarquía colombiana convive con la miseria, el atraso y la inseguridad, pues “la concentración de riqueza se explica por la acumulación de miseria en el otro sector”.
La excepción confirma la regla
El poder del capital y su lógica de explotación no riñe con la corrupción. De hecho, mientras sea funcional, la corrupción convivirá tranquilamente con las prácticas corporativas. Y eso es verdad en todas partes, desde los más “prístinos” como Alemania (el caso de las emisiones de Volkswagen), o Estados Unidos (el caso de la familia Sackler y su rol en los opiáceos), hasta llegar al caso Odebrecht en América Latina. Al final, para un capitalista, mantener sobornos no es malo a menos que lo atrapen. Incluso la pérdida de prestigio es un mal menor cuando ya se cometió el crimen y no hay una fuerza que obligue a reponer el daño.
El caso del Grupo AVAL revela los lazos que unen la economía colombiana con el mercado internacional y su influencia directa de este en el gobierno nacional. El estado, ese supuesto actor neutral que vela por la estabilidad social, se revela como lo que es: los oficinistas de los grandes millonarios del latifundio colombiano, que dependen enteramente de la inversión extranjera para poder supervisar y mantener la explotación de la clase obrera.
Es tan fuerte la subordinación a los intereses del imperialismo estadounidense que el hecho es que el grupo AVAL y Corficolombiana escaparon de cualquier consecuencia de sus acciones por décadas hasta que la presión del Departamento de Justicia Estadounidense los forzó a confesar. El hombre más rico de Colombia no es nada ante el poderío del estado de la nación más rica del mundo.
La realidad es que este asunto no es una excepción ni a nivel nacional ni a nivel internacional. Esta es la manera en la que la burguesía opera. También demuestra que aquel ganador del Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, quién a día de hoy se presenta como el gran hombre de estado y gestor de la paz, supervisó la entrega de millones de dólares en sobornos que ocurrieron bajo la gestión de hombres de su confianza.
Todo esto se va mostrando cada vez más claro para muchos y muchas que ven cómo, esta misma élite corrupta, ataca con todo su armamento legal a un gobierno progresista por intentar unas reformas sociales en favor de las mayorías, al mismo tiempo que usan esos mismos recursos para esconder su porquería. El descrédito de la política tradicional y la inmovilidad de la izquierda solo exacerban la inestabilidad sin dar solución a los problemas más urgentes de las clases oprimidas. Tarde o temprano esto dará sus propios resultados.
¿Qué sigue?
Todas estas muestras de un sistema senil, caduco y opresor deben despertar el cuestionamiento no de la moralidad, sino de la lógica del sistema capitalista. Sarmiento Angulo no debería de escapar con una multa indulgente, debería de ser expropiado y los medios de producción colocados a disposición de la clase trabajadora explotada a través de su emporio. Esa sería la verdadera justicia, y no un “brochazo” para limpiar su reputación.
El Grupo AVAL reportó ganancias de $425 millones en el semestre anterior. Cuando se hablá de que Colombia no tiene el dinero suficiente para financiar programas que puedan ponerle fin a la pobreza, hay que recordar que esta riqueza existe en la sociedad colombiana, pero que está en las manos de una minoría que vive de la explotación de la mayoría y cuyos crímenes quedan impunes ante la ley. Después de todo, el caso Odebrecht ha involucrado a tres presidentes, varios de sus funcionarios y dos fiscales. Es claro que el estado no está interesado en intervenir.
La tarea le queda entonces a la clase trabajadora. Solo la clase que produce la riqueza en la sociedad (la que construye los puentes y las rutas que Corficolombiana usa para desfalcar el dinero del estado) puede poner a estos barones ladrones en jaque, con la movilización de huelgas y manifestaciones masivas que les ataquen exactamente en donde les duele: en sus bolsillos. Semejantes métodos le darían aliento a la clase para organizarse por fuera de las instituciones y partidos tradicionales que han recibido todos dineros de parte del Grupo AVAL.
Un partido revolucionario, apoyándose sobre la clase trabajadora, podría finalmente saldar cuentas con estos hombres y mujeres que han vivido sumergidos en el lujo a costa de las muertes y la pobreza de los obreros, el campesinado y la juventud colombiana. Un programa de expropiaciones y juicios políticos en donde las cuentas de cada una de las empresas del Grupo AVAL sean expuestas para la discusión de la gente orientarán el uso de estos grandes recursos para el bien social.
Esta es la tarea histórica en frente de la clase obrera. Las medidas que la burguesía colombiana sugerirá, sin embargo, no estarán a la altura. Se esconderán detrás del estado para justificar dejar a estos hombres en libertad mientras que sus negocios se mantienen operando así como están. Lo máximo que sufrirán son multas de cantidades que podrían cambiar la vida de cualquier trabajador promedio, mientras que sus pérdidas se traducen en despidos de sus trabajadores y recortes salariales.
En esencia, a pesar de la asquerosa corrupción de la clase dominante en este caso, los trabajadores serán quienes sufrirán las consecuencias de este caso. Para poder contraatacar contra estos empresarios miserables y el estado que les permite continuar nuestra explotación eternamente, es requerido un partido revolucionario que esté dispuesto a luchar hasta la última instancia para expropiar las altas esferas de la economía para ponerlas bajo el control democratico de la clase trabajadora y así demostrarles de una vez por todas quiénes son las verdaderas fuentes de prosperidad en la sociedad colombiana.
