El estado de conmoción debido a los eventos en el Catatumbo es un punto de giro significativo para la política de paz total promovida por el gobierno de Gustavo Petro, el primer gobierno reformista de la historia de Colombia. El 17 de enero, el presidente suspendió negociaciones de paz con el ELN y la fiscalía hizo lo propio con la revocación de las órdenes de captura de “Antonio García” (pseudónimo del máximo dirigente del ELN, Eliécer Chamorro). Como consecuencia más de 40000 personas han sido desplazadas de la región, principalmente trabajadores y campesinos pobres, quienes se han repartido entre Cúcuta, Ocaña y poblaciones cercanas, incluidas algunas ciudades venezolanas, desatando así una grave crisis humanitaria.
Todo esto sucede al noroeste de Colombia y expone el nível de degeneración política del grupo guerrillero así como el callejón sin salida de la política de la “paz total” de Petro. Sin embargo, la oligarquía colombiana es también responsable debido al papel rastrero que ha jugado desde la firma de los acuerdos de paz en 2016. Esta concatenación de fuerzas demuestra que el capitalismo colombiano es simplemente incapaz de resolver los problemas que funcionan como raíz del conflicto armado.
El mayor exportador de cocaína en el mundo
El país ha incrementado su producción de cocaína a través de los últimos años, llegando a las 2600 toneladas que salen al mercado mundial. De acuerdo a Bloomberg: “los ingresos por exportaciones de cocaína aumentaron a US$18.200 millones en 2022, no muy lejos de las exportaciones de petróleo por US$19.100 millones del año pasado (2021)”. De acuerdo a la ONUDD (Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas), Colombia tiene dos tercios del área de producción de cocaína en el planeta. El Catatumbo es una región clave en este sentido, debido a que contiene 43000 hectáreas de las 229000 hectáreas que se usan en el país para el cultivo de coca.
La base material del narcotráfico tiene dos grandes pilares: el atraso de la economía agrícola colombiana y la demanda de Estados Unidos y Europa que consumen alrededor del 52% de la cocaína producida en el mundo. La baja rentabilidad del resto de los cultivos comerciales fuerza a campesinos de todo tipo de categorías de ingreso a integrarse al narcotráfico. El precio del kilo de cocaína puede llegar a los 5.200.000 de pesos colombianos (equivalente a 1238 USD) en el mercado local y puede costar hasta $69000 USD en Estados Unidos, de acuerdo al reporte de la ONUDD del 2023. El precio más alto para el café (la mayor exportación legal agrícola colombiana) es equivalente a 17 USD.
La degeneración de las guerrillas
Este mercado lucrativo ha atraído a las guerrillas durante las últimas tres décadas, ya que la financiación de la clandestinidad y la compra de armas requiere cantidades monumentales de dinero, especialmente para confrontar un aparato estatal armado por el imperialismo estadounidense. No obstante, la entrada de ese flujo de dinero constante reforzó una lógica mafiosa dentro de los militantes de la guerrilla que se mueven sólo por el lucro personal y el control territorial.
En ese sentido el Catatumbo es clave, debido al cultivo de cocaína y a su posición estratégica en la frontera con Venezuela lo que facilita el tráfico de drogas y migrantes.
Esa es la razón que impulsó la toma de este territorio y que, de acuerdo a las Naciones Unidas: “ha generado un desplazamiento sin precedentes en la región, con 51.938 personas forzadas a huir de sus territorios, en lo que constituye el mayor desplazamiento masivo registrado en los últimos 28 años”. Si bien se han confirmado 80 muertos, es muy probable que hayan cientos, de acuerdo a The Economist.
Si alguna vez el ELN tuvo un norte político, estas acciones demuestran que lo han perdido. Están completamente aislados de la clase obrera y el campesinado al que declaran representar. Esta guerrilla ha sido desde hace un tiempo una empresa criminal que se presenta como defensores de la revolución bolivariana. Su financiamiento a través del control de territorio y represión de los campesinos, su reclutamiento forzado y sus vínculos con el narcotráfico y el gobierno anti-obrero de Maduro demuestran que el movimiento guerrillero, como método de organización, sólo puede acabar en la degeneración política debido al ciclo vicioso de aislamiento político que generan las necesidades de financiar semejante aparato.
Los comunistas no somos moralistas, entendemos que nuestras tácticas y estrategias están vinculadas a la meta de llevar a la clase obrera al poder en Colombia y que estas pueden estar representadas en diferentes formas de luchar. Sin embargo, también comprendemos que esos métodos deben responder a la fuerza y avance de consciencia del movimiento obrero y estar siempre conectado a las raíces del mismo. Nuestro métodos se afianzan en la organización y educación para prepararla a gobernar la sociedad y por eso rechazamos el terrorismo individual.
Para citar a Trotsky:
A nuestro entender el terror individual es inadmisible precisamente porque devalúa el papel de las masas en su propia consciencia, las hace resignarse a su impotencia y volver la mirada hacia un héroe vengador y liberador que esperan llegará un día y cumplirá su misión. Los profetas anarquistas de la “propaganda de la acción” pueden mantener todo lo que quieran a propósito de la influencia exaltadora y estimulante de los actos terroristas sobre las masas. Las consideraciones teóricas y la experiencia política prueban que sucede todo lo contrario. Cuanto más “eficaces” son los actos terroristas y mayor es su impacto, más limitan el interés de las masas por su auto-organización y auto-educación.
Pero la confusión se evapora como el humo, el pánico desaparece, un nuevo ministro ocupa el puesto del asesinado, la vida vuelve a su rutina y la rueda de la explotación capitalista sigue girando como antes; sólo la represión policial se hace más salvaje, segura de sí misma, impúdica. Y, en consecuencia, la desilusión y la apatía reemplazan las esperanzas y la excitación que artificialmente se habían despertado.
El callejón sin salida de “la paz total”
Durante su campaña, Petro declaró que iba a sentarse a negociar con las guerrillas y los carteles de manera simultánea para negociar nuevos acuerdos de paz que pusieran fin al conflicto armado. Esta política de “paz total” iniciaría con negociaciones con el ELN. De hecho en campaña especificaba que después de tres meses, llegaría a un acuerdo de paz con ese grupo armado. Sin embargo, después de dos años, ningún acuerdo se ha podido fijar.
Para que las negociaciones avánzaran se intentó convencer a todos los actores del conflicto armado el no tomarse la oportunidad de las negociaciones para hacerse con más territorios y recursos de aquellos puestos en la negociación. Lo que ha terminado ocurriendo, no obstante, es que el número de conflictos entre estos grupos armados ha aumentado un 40%, de acuerdo a The Economist.
Además el ELN no ha cedido las armas debido a múltiples razones. Una de ellas son sus lazos con el gobierno de Nicólas Maduro con el que en 2021, se acordó operaciones en conjunto para remover a las disidencias de las FARC de la frontera colombo-venezolana. Pero para el 31 de enero, Petro y Maduro anunciaron la “Operación Relámpago” en nombre de resolver la situación en el Catatumbo. Esta operación es un campo minado para ambos gobiernos. Maduro se va en contra de un aliado útil mientras que Petro se arrima al gobierno de Venezuela a pesar del fraude electoral y las medidas antidemocráticas que el PSUV ha tenido que tomar para mantenerse en el poder lo que erosiona la credibilidad de su presidencia en Colombia.
Por otro lado, la federalización de la guerrilla ha facilitado la degeneración de los grupos semi-autónomos. En el caso del Catatumbo, el comandante “Pablito” no obedece a las órdenes de los comandantes que están sentados en la mesa de negociación con el gobierno colombiano.
Mientras que el Clan del Golfo se expande en las ciudades de Medellín y el ELN controla la frontera entre Venezuela y Colombia, el gabinete de Petro solo puede intentar conseguir el dinero suficiente para implementar medidas paliativas a la situación, como “suspender los trámites de otorgamiento de licencias, permisos, concesiones [para] nuevos proyectos en las zonas de la conmoción mientras se definen las condiciones ambientales de la zona” y formalizar el trabajo remoto dentro de lo posible. El margen de maniobra del gobierno se encuentra limitado debido al presupuesto austero del estado a fecha de hoy. Para financiar medidas de respuesta (incluyendo los dos billones de pesos prometidos para el 3 de Febrero), Petro tendrá que buscar nuevos ingresos a través de impuestos.
La cuestión central es que los problemas de raíz del Catatumbo no se pueden solucionar con despliegues militares. Esto puede solucionar el problema a corto plazo. Pero la cuestión no es militar sino económica. Si bien Petro ha prometido invertir en escuelas y carreteras desde 2022, cuando llegó a la presidencia, la realidad es que estos proyectos no se han podido concretar y hay que decir que el capitalismo colombiano, que está luchando para financiar el presupuesto del erario en este momento, no podrá resolver estos problemas.
El fin de la pesadilla
En última instancia, la crisis del Catatumbo pone de manifiesto que la clase dominante colombiana no tiene verdaderas soluciones para las ciudades y regiones fuera de Bogotá. Por los últimos cuarenta años, de hecho, ha sido la oligarquía (compuesta de empresarios y latifundistas multimillonarios) quienes se han enriquecido directamente del narcotráfico. Es bastante diciente que Alvaro Uribe Velez, el hijo de Alberto Uribe, asociado del Cartel de Medellín, llegara a la presidencia. Si bien, él es el más prominente, la realidad es que el estado, el latifundio y el empresariado están conectados por miles de hilos.
En este contexto, no es sorprendente que las guerrillas intentaran combatir fuego con fuego, especialmente en la medida en que los paramilitares expandieron la producción de cocaína en los 90s. La lucha para agrandar su control territorial en las regiones donde se pudiera cosechar coca era existencial y necesaria para mantenerse al paso de los paramilitares que contaban con el financiamiento del narco y el apoyo del estado colombiano (por no mencionar a sus socios en Washington).
Esta carrera ha llevado a las guerrillas a un callejón sin salida. El ELN se presenta como un ejército que defiende la revolución bolivariana y lucha para ponerle fin al capitalismo en Colombia, pero ha terminado protegiendo la retaguardia de Nicolás Maduro y los traidores a las ideas de la revolución bolivariana. Mientras que el ELN se apoya en Maduro, Maduro se alía con Petro ya que ambos bandos entienden que necesitan calmar la situación en el Catatumbo para poder preservar la estabilidad económica para el capitalismo internacional que reconoce la riqueza de la región.
La firma de los acuerdos de paz del 2016 se convirtieron en un preámbulo a la reactivación de la lucha de clases en Colombia. Los últimos 9 años han demostrado la sed de lucha de la juventud y la clase obrera, que se ha movilizado bajo la bandera del paro nacional del 2019, las insurrecciones del 2020 en Bogotá y el paro nacional del 2021.
La tarea de los comunistas en este periódo, en donde nuestras ideas gozan del interés de los jóvenes y los obreros que buscan armas ideológicas para luchar contra la oligarquía, es abandonar por completo las tácticas del guerrillismo y el terrorismo individual. La lucha armada sin la movilización de la clase obrera es una receta para el aislamiento de la única clase que puede liderar una revolución en contra de la oligarquía colombiana, la trabajadora.
Solo una revolución socialista puede arrancar de raíz la base del conflicto armado: la monopolización de la tierra y su uso para el narcotráfico a través de la colectivización voluntaria de la tierra y su defensa con armas. Semejante logro pondría a los campesinos del Catatumbo, en conjunto con los campesinos del resto del país, en control de sus propios destinos mientras que son abastecidos con lo mejor en maquinaria y técnica de parte de la clase obrera urbana. Sin embargo, para poder de verdad facilitar y mejorar las condiciones de la vida en la frontera con Venezuela es también necesaria una federación socialista de América Latina que incluya a Colombia y Venezuela y facilite el manejo de recursos al igual que el desarrollo de infraestructura en el Catatumbo.
Este panorama sólo se puede lograr con una economía planificada y haría del conflicto armado que ha azotado a la vida en Colombia por 60 años una memoria trágica en vez de una pesadilla hecha realidad.
