El día 23 de mayo la jueza 41 de conocimiento de Bogotá negó la segunda solicitud que hizo la Fiscalía para archivar definitivamente el caso contra Álvaro Uribe Vélez por presuntamente manipular testigos y fraude procesal. Esta decisión mantiene el caso abierto, poniéndo al expresidente en riesgo de ir a juicio. La Fiscalía General y su máximo representante, Francisco Barbosa, se encuentran una vez más en la palestra pública. En este caso, por beneficiar a Uribe tratando de liberarlo del caso en vez de investigarlo. Sería un escándalo más de corrupción para Barbosa, amigo íntimo del expresidente Iván Duque, quien bajo su desastrosa administración ha demostrado ser una ficha de la ultraderecha.
Aunque la Fiscalía y la defensa de Uribe apelaron la decisión de la jueza, lo cierto es que este es un golpe más a la popularidad de Uribe y socava su liderazgo que cada vez está más debilitado, como lo demuestra la encuesta de octubre de 2022 donde obtuvo un un 63 % de imagen desfavorable. Sus contactos dentro de los estamentos del estado siguen vivos pero se le están acabando y ya es más que evidente que para la oligarquía liberal estos elementos de extrema derecha se les están volviendo incómodos por lo inoperantes que resultan. Hace unos días también se conoció la noticia de que Daniel Garcia Aristazabaleta, preso por el caso de Odebrecht cuando hacía campaña por el senado bajo la bandera del Centro Democrático, aceptaba cargos y presentaba pruebas en audios donde el excandidato presidencial del uribismo Óscar Iván Zuluaga acepta conocer del soborno de la multinacional brasileña.
Este también es el resultado del movimiento generado por las declaraciones de Mancuso ante la JEP que se hicieron muy sonadas y dejaron más que clara la participación de Uribe y su camarilla en asuntos del paramilitarismo. A estas alturas, la única conclusión lógica es relacionar al expresidente con las autodefensas.
Artimañas legales
No obstante, como demuestra la audiencia de apelación del día 24 de mayo, esta decisión de la jueza no significa que Uribe vaya a ir pronto a juicio para pagar por sus crímenes o que se acerque una purga que cambie la situación de corrupción dentro de las instituciones colombianas. Más bien, lo que se evidencia es que las leyes colombianas pueden ser manipuladas en favor de los intereses de criminales del tamaño de Uribe cuando se tienen los contactos y el dinero.
Con la apelación, la Fiscalía y la defensa buscan quemar tiempo para lograr una victoria por prescripción del proceso, una posibilidad real dado que el límite para ello se está acercando, por lo que a partir de aquí es una cuenta contrarreloj. Con este recurso el caso pasaría al Tribunal Superior de Bogotá que puede tardar entre tres y nueve meses en decidir la apelación. Pero también el recurso de preclusión es algo en lo que insisten para buscar un nuevo juez que asuma el caso, así hasta encontrar el que les sirva. Todos estos beneficios no los tienen los miles de presos hacinados hoy en cárceles por delitos muchas veces menores y mucho menos las víctimas del expresidente.
Tanto lo de Mancuso como la injerencia de la Fiscalía, que actúa como defensa cuando no debería, marcan precedentes que generan desconfianza en la institucionalidad y las supuestas bondades de la democracia. La podredumbre dentro de las instituciones estatales colombianas es profundamente amplia y ensucia a todo el entramado burocrático. Esto también resquebraja las bases del gobierno actual y hace más inestable la situación general del país, pues el presidente Gustavo Petro insiste constantemente en la necesidad de seguir las reglas del estado dictadas por la constitución, como lo establece un Estado Social de Derecho, pero la realidad cotidiana es otra.
El verdadero origen de la corrupción
Para la izquierda nacional lo declarado por la jueza el día 23 de mayo es un triunfo y lo usan como ejemplo para demostrar que con paciencia la ley llega. Algunos expresaban con respecto a las declaraciones de Mancuso que esa información debía manejarse con cuidado sin señalar mucho a los responsables para evitar desestabilizar las cosas. Sin embargo, cuando Uribe logre salirse con la suya por vencimiento de términos o por beneficios dados por la justicia sobre su figura —como en 2020, cuando hizo uso de todas las artimañas posibles para librarse de la cárcel y terminó preso en casa por cárcel dentro de su amplia hacienda con miles de hectáreas y finalmente salió en libertad dos meses después— el discurso reformista en favor del sistema y la reconciliación quedará vacío y las mayorías decepcionadas en busca de respuestas.
Esto puede verse en el caso de Angelica Monsalve, fiscal perseguida por querer hacer de manera honesta su trabajo y buscar condenar a integrantes de la burguesía nacional por crímenes contra el Estado, en un ejemplo claro del fracaso de la “institucionalidad” de la democracia burguesa. Dicha fiscal ha sufrido persecución desde la Fiscalía y a pesar de su buen actuar legal han pasado por sobre ella por defender intereses de clase. Desde su postura liberal e idealista ella propone que con una Reforma a la justicia, cambiando los malos por los buenos, las cosas se solucionarían. Sin duda hace falta un cambio pero ninguno de estos casos tienen que ver con el ideal de justicia sino con los intereses económicos y políticos en riesgo detrás de ellos.
La corrupción no es un asunto exclusivo y exótico de la justicia colombiana, de hecho es propio del sistema capitalista. Las leyes están hechas sólo para mediar en la lucha de clases pero en momentos de tensión se inclinan a favor de los intereses de la clase dominante. También le sirve a esta clase para balancear o limpiar los problemas que ella misma ha creado, pero en general las instituciones represivas del estado son un factor de control para las clases oprimidas por lo que son ellas las que suelen recibir todo el peso de la ley sin clemencia alguna.
El camino a seguir
Por esta razón se debe dar una lucha política contra criminales como Uribe exigiendo desde las calles el fin de las condiciones que el uribismo ha creado así como el rápido actuar de la justicia para que lo lleven a él y a todos los integrantes de la oligarquía nacional que acolitaron sus acciones a la cárcel. Sin embargo, estos eventos demuestran que al estado burgués no le interesa llevar las cosas hasta su conclusión final. Ya que realmente no pretenden arrancar por completo al ala uribista de la oligarquía.
Puede ser que existan periodos en los que se encuentren en contravía del gobierno, pero siempre estarán conectados a él pues “el gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa” <fn> [ Marx y Engels, Manifiesto del Partido Comunista, 1848, pg 33. ] </fn>. La única manera de tener una verdadera justicia en la sociedad no es con reformas manejadas por arriba sino derrocando de una vez por todas el estado burgués a través de una revolución socialista.
No obstante, un movimiento de esas características necesita de un liderazgo decidido que no tenga miedo de enfrentar la podredumbre del sistema y que sobre todo comprenda la necesidad de la lucha más allá de los muros legales, con la acción consciente de las masas. La construcción de un partido de la clase trabajadora guiado por las ideas del marxismo cuyo objetivo sea liderar a las masas en búsqueda del socialismo puede garantizar ese resultado. La alternativa a Uribe y sus cómplices es la dictadura del proletariado. No hay otra opción históricamente viable.
