En las últimas semanas vimos el desarrollo de una tragedia humanitaria en el municipio de Ituango, Antioquia, donde 4099 personas fueron forzadas a desplazarse desde sus hogares hacia el casco urbano del municipio por amenazas de grupos ilegales. El tortuoso trasegar de estas familias no encontró paz en los refugios debido a la inacción del estado a la hora de atender las necesidades de las personas provenientes de las diferentes veredas. La falta de comida, colchonetas, ropa, elementos de higiene, espacios de recreación para la población infantil y otras cosas de primera necesidad reveló la complicidad de los entes institucionales con los grupos ilegales responsables de estas acciones.
Estas fuerzas armadas ilegales se mueven a sus anchas por el territorio matando a líderes sociales, amedrentando y cometiendo masacres sin que ningún actor estatal les detenga. La disputa de la zona por el narcotráfico ha sido histórica y corresponde a varios grupos criminales, aunque en el presente todos parecen responder a los mismos intereses y ser el brazo armado de un único elemento: la minería. La población ha tenido que sufrir el acoso aceptando los abusos más bárbaros, tal como lo reporta el movimiento Ríos Vivos en uno de sus mapas al mostrar que desde 1960 hasta hoy van 275 masacres y 1208 víctimas. Las amenazas son el pan de cada día y durante el resguardo de los desplazados reaparecieron exigiendo el no retorno a las veredas, al mismo tiempo que políticos de derecha se presentaban haciendo promesas para ganar réditos electorales.
También es histórico el abandono del Estado a la zona, donde la falta de servicios es constante a pesar de ser un lugar de interés minero energético importante. Justamente desde el 2009 se construye la represa de Hidroituango, uno de los megaproyectos hidroeléctricos más grandes en el país, cuyo impacto ambiental y social ha sido desastroso afectando al menos a 130.000 personas y generando fenómenos de violencia tan macabros como las 62 masacres en su área de influencia, de las que se recuerdan la de El Aro y La Granja en Ituango, además de desplazamientos, desapariciones forzadas y el reforzamiento de la violencia al permitir el acceso de militares con la construcción de bases que no generan ninguna acción efectiva contra la criminalidad sino que revictimizan a la población afectada.
El control territorial de esta presa, ganado a sangre y fuego, es bastante considerable, 1653,9 hectáreas, repartidas en ocho veredas, y se comparte junto con familias prestantes de la región como la familia Angulo Osorio que posee 2.600 hectáreas y cuyos representantes, los hermanos Jaime Alberto y Francisco Antonio se presentaron como voluntarios ante la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) por sus nexos con el paramilitarismo y complicidad en las dos masacres arriba mencionadas. Dicha familia también parece tener negociados con empresas mineras que intervienen al norte de Antioquia.
Precisamente la minería es otro actor importante en la zona y ocupa el primer lugar en las hipótesis de beneficiados por la actual oleada de desplazamientos, sin campesinos se evitan las consultas a comunidades además del pago de sus predios por las afectaciones ambientales. Según reporta Isabel Zuleta de Ríos Vivos en los últimos años ha habido una variación en las fuerzas reinantes en el territorio que se han afianzado alrededor de los títulos mineros otorgados por el estado y que se han visto reforzados por las milicias de las antiguas FARC y autodefensas que ante el incumplimiento de los acuerdos no han visto más opciones que las de volverse grupos mercenarios al servicio de las multinacionales.
La pelea por la consecución y mantenimiento de esos títulos mineros involucra a muchos como al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, que desde el 2002 ha sido beneficiado con licencias de explotación y contratos de concesión. El actuar criminal de este político durante la crisis actual sometió a más vejámenes a las víctimas que fueron acusadas por la Gobernación de alarmistas por salir corriendo de sus tierras por culpa del voz a voz.
Por último, entre los nuevos actores están las bandas mexicanas que habitan en el Bajo Cauca y Córdoba y que manejan el tráfico de coca. La apropiación violenta de grandes terrenos, para manejar sus negocios ilegales parece ser su sello, además, tienen otras lógicas frente a la comprensión de la riqueza mineral de la tierra, sobre todo en relación al oro. Esto impulsa la minería ilegal que no es otra cosa que un avance de la legal.
Finalmente, después de muchos reclamos, la mayoría de las personas han tenido que volver, impulsadas sobre todo por el desespero. El miedo a perder sus viviendas, a quedar en la quiebra por el daño de su patrimonio, representado en animales y cultivos, o la zozobra por aquellas personas discapacitadas o ancianas que tuvieron que dejar atrás debido a los problemas de accesibilidad, les impulsó a poner en riesgo su vida y retornar el pasado 3 de agosto. No obstante las amenazas han vuelto a aparecer. Queda claro que este no es un problema de soluciones paliativas y que no es un asunto nuevo, el ignorarlo sólo ha generado una evolución y empeoramiento de la situación hasta las cuotas actuales. Es necesario hacer una intervención radical en la zona, pero como lo reconocen los habitantes del lugar, este no puede ser militar pues las lógicas del terreno no lo permiten y la institucionalidad es secuaz de la criminalidad. La acción ante este problema debe provenir de la misma población y estar respaldada por un programa revolucionario que de soluciones efectivas.
Todo este laberinto criminal, que visto por encima parece ser tan complejo, responde en realidad a un único mando y es a la clase alta nacional, una oligarquía acostumbrada a regalar el país por unos pesos a los grandes capitales extranjeros haciendo el trabajo sucio de violencia por medio de sus ya conocidos brazos armados. Este es el resultado del capitalismo atrasado y perezoso de nuestro país sometido al capitalismo internacional necesitado de nuevos territorios de explotación para mantener sus riquezas. No hay ninguna institución capaz de responder con efectividad por los intereses de las mayorías porque de hecho fueron creadas por ese mismo estado con el único propósito de defender los intereses de sus patrones. Las élites están desesperadas por mantener su estatus, por lo que hoy más que nunca presionan para mantenerse allí sin importar las consecuencias ambientales o humanas.
En la crisis actual, cualquier mala decisión que se les permita a estos predadores redundará en muerte y tragedia. No obstante, el tigre no se comerá a sí mismo ni parará de comer carne por voluntad propia, es necesario sacarlos de ahí y dar el poder a las mayorías para defender sus propios intereses. Mientras esto no ocurra, continuaremos viendo estas tragedias y por eso lo que antes parecía ser un fenómeno no tan habitual ahora se presentará con una periodicidad mayor. Ejemplo de esto es Ituango que ha notado un aumento en la frecuencia de los desplazamientos. Mientras el sistema no cambie y continúe en crisis la perspectiva para los menos favorecidos no mejorará.
El cambio es necesario y urgente, sobre todo cuando los efectos del calentamiento global empiezan a notarse y amenazan con empeorar. Las elites dominantes internacionales no harán nada para cambiar esto y por el contrario lo empeorarán en pro de su ambición, para esto hacen uso del servilismo de nuestra oligarquía. Ese cambio debe surgir de manera organizada de los verdaderos afectados: los oprimidos del mundo.
Nosotros opinamos que es momento de construir ese liderazgo capaz de hacer frente a los horrores de nuestro presente, una organización verdaderamente revolucionaria fundamentada en los postulados del marxismo y con un plan de acción que involucre a todos es la única opción para lograr un mejor futuro. Esta organización debe ser liderada por lo más avanzado del proletariado y responder por las necesidades de las clases más necesitadas, como el campesinado pobre. Sólo el socialismo nos librará de la barbarie.
