Repostamos este articulo escrito por Rob Lyon con respecto a la situación en Canada del descubrimiento de los crimines del colonialismo en Canada.
A finales de mayo se descubrió una fosa común con los restos de 215 niños, algunos de tan solo tres años, en los alrededores del antiguo internado indio de Kamloops, en la Columbia Británica (Canadá). El espeluznante descubrimiento, fruto de una búsqueda organizada por la Nación Originaria Tk’emlúps te Secwépemc y llevada a cabo con un georadar, confirma lo que los supervivientes y las familias de las víctimas del sistema de internados saben desde hace años: que muchos de los niños que fueron obligados a ir a esas escuelas nunca volvieron a casa.
Los crímenes de la colonización no pueden permanecer enterrados para siempre
Como es lógico, el descubrimiento de la fosa común ha sido recibido con ira, dolor e indignación. La respuesta del gobierno canadiense, con sus típicas lágrimas de cocodrilo y vagas promesas, no hace más que empeorar la situación.
El internado de Kamloops se fundó en 1890 y fue gestionado por la Iglesia católica hasta 1969, cuando pasó a manos del gobierno federal hasta su cierre definitivo en 1978. Los abusos eran constantes en el centro. Las muertes de estos niños no estaban documentadas. Por ello, y por el hecho de que aún hay que investigar el resto del terreno del internado de Kamloops, es muy posible que se encuentren más fosas y cadáveres.
Aunque la fosa común del internado de Kamloops es el mayor descubrimiento de este tipo hasta la fecha, no es la primera fosa sin marcar que se ha encontrado en el recinto de los antiguos internados. A lo largo de las décadas, se han hallado tumbas y cementerios sin marcar, por ejemplo, en o cerca de las ciudades de Regina y Battleford, en la provincia de Saskatchewan, y cerca de la ciudad de Cranbrook, en Columbia Británica.
El gobierno federal no ha establecido nunca una política oficial para encarar las muertes de los niños en los internados. La única política que se aplicaba era que la Oficina de Asuntos Indígenas se negaba a enviar a casa los cuerpos de los niños debido a los costes. En consecuencia, se enterraba a los que morían en el recinto del internado o en los alrededores.
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), creada en 2008 como parte del Convenio de los Internados Indios (el mayor acuerdo de demanda colectiva de la historia de Canadá), concluyó su informe de 2015 afirmando que “es probable que muchos, si no la mayoría, de los miles de niños que murieron en los internados estén enterrados en tumbas sin marcar y sin atender”.
Como informó The Globe and Mail: “la comisión utilizó imágenes y mapas por satélite sobre una muestra de centros escolares con el fin de localizar tumbas sin marcar, y encontró una cantidad sorprendente de posibles cementerios. La CVR solicitó hace más de una década 1,5 millones de dólares para buscar fosas en los antiguos internados, pero la petición fue denegada por el gobierno federal de Stephen Harper.
Aunque la CVR pudo confirmar la muerte de 3.200 niños en los internados, las estimaciones sobre el número total de muertos se situaban inicialmente en torno a 6000 o más. El Centro Nacional para la Verdad y la Reconciliación, creado tras la publicación del informe de la CVR, ha confirmado hasta ahora la identidad de 4.117 niños que murieron tras asistir a un internado. Entre las causas de muerte se encuentran las enfermedades (en el 50 % de los casos por tuberculosis), los incendios y el suicidio, además de los que murieron por congelación al intentar escapar.
Sin embargo, estas cifras no reflejan la historia completa. Según el exsenador Murray Sinclair, antiguo presidente de la CVR, el número total de muertes en los internados podría ascender a 15.000. El motivo es que el gobierno canadiense solo permitió que 139 escuelas formaran parte de la CVR, mientras que en realidad había más de 1.300 escuelas, gestionadas por diversas agrupaciones religiosas y por las provincias, además de las gestionadas por el gobierno federal, a las que no se incluyó en la investigación ni en el informe de la CVR.
Es más, en aproximadamente un tercio de las 3.200 muertes confirmadas por la CVR, no constaba el nombre del niño fallecido. En alrededor de una cuarta parte, no había registro del sexo, y en casi la mitad de ellos no figuraba la causa de la muerte. Tan solo entre 1936 y 1944 se destruyeron 200.000 expedientes de Asuntos Indios.
El legado permanente del colonialismo
Ante la noticia de la fosa común de Kamloops, el primer ministro Justin Trudeau calificó el descubrimiento como “un doloroso recordatorio del oscuro y vergonzoso capítulo de la historia de nuestro país”. La hipocresía de Trudeau no tiene límites. El sistema de internados no fue simplemente un capítulo oscuro y vergonzoso de la historia de Canadá. La propia fundación de Canadá se basó en la opresión, la subyugación y la explotación de los pueblos indígenas, lo cual continúa hasta el día de hoy. Este “capítulo” de la historia canadiense nunca se cerró. Basta con mirar las luchas de Baffinland, la de los defensores de la tierra de Land Back Lane en 1492, la de los Mi’kmaq y sus derechos de pesca, y la de los Wet’suwet’en, para darse cuenta de ello.
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación calificó el sistema de internados como un genocidio cultural. El espantoso descubrimiento en el terreno del internado de Kamloops es probablemente solo la punta del iceberg. Como dijo el jefe nacional de la Asamblea de las Naciones Originarias, Perry Bellegarde, “Kamloops es una escuela. Ya he dicho antes que el sistema de internados fue un genocidio contra los pueblos de las Naciones Originarias, los pueblos indígenas. Aquí están las pruebas. Nadie puede negarlo”.
De hecho, el sistema de internados formó parte de un conjunto más amplio de políticas de genocidio de los pueblos indígenas en los siglos de la colonización, no solo en Canadá sino en todo el continente. Se calcula que entre 1492 y 1900 hubo aproximadamente un exceso de 175 millones de muertes de indígenas en América, lo que supuso una reducción del 95 % de su población durante ese periodo. El historiador David Stannard ha explicado que los pueblos indígenas de las Américas sufrieron el “peor holocausto humano que el mundo haya presenciado jamás, el cual arrasó dos continentes durante cuatro siglos y acabó con las vidas de millones de personas”.
El objetivo de los internados
Aunque el descubrimiento de la fosa común en Kamloops es horrible, desgarrador y enfurecedor, no debería sorprender a nadie. La existencia de estas fosas comunes ha sido un secreto a voces durante décadas. Las comunidades indígenas sabían que muchos de sus hijos no volverían a casa. Los supervivientes denunciaron los abusos sistemáticos y las muertes en las escuelas, pero no se hizo nada. El gobierno federal de la época sabía que los niños morían a un ritmo alarmante y, a partir de cierto punto, comenzó a pagar algunos de los entierros.
Entre 1870 y el cierre de la última escuela en 1996, al menos 150.000 niños de las Naciones Originarias, niños métis e inuit, asistieron a internados en Canadá. A partir de 1894, la asistencia era obligatoria para los niños de las Primeras Naciones. El objetivo de las escuelas no era educar, sino romper el vínculo de los niños indígenas con su cultura e identidad. Por ello, la CVR concluyó que el sistema de internados equivalía a un genocidio cultural.
En un discurso ante el Parlamento en 1883, el Primer Ministro de Canadá y Padre de la Confederación, John A. Macdonald, dijo:
“Cuando la escuela está en la reserva, el niño vive con sus padres, que son salvajes. Está rodeado de salvajes, y aunque aprenda a leer y a escribir, sus hábitos, su formación y su modo de pensar son indios. Es simplemente un salvaje que sabe leer y escribir. Se me ha insistido mucho, como jefe del Departamento, en que los niños indios deben ser retirados en lo posible de la influencia paterna, y la única manera de hacerlo es ponerlos en escuelas industriales de formación central donde adquirirán los hábitos y la manera de pensar de los hombres blancos”.
Al romper el vínculo de los niños con su cultura y sus tradiciones, esperaban convertirlos en maleables trabajadores asalariados al graduarse, y así evitar que confiaran en sus formas tradicionales de supervivencia. Muchas de las escuelas estaban diseñadas específicamente para obligar a los niños indígenas a realizar trabajos agrícolas y mecánicos, y a menudo se las denominaba “escuelas de trabajo manual e industrial”. Debido a la grave falta de financiación, los internados solían depender del trabajo forzado de los niños que asistían para su reparación y mantenimiento. Este trabajo forzado era a menudo brutal, interfería con cualquier aprendizaje real y se presentaba como algo positivo, una “formación laboral”.
La Ley India otorgaba a la Oficina de Asuntos Indígenas el poder de sacar a los niños de sus hogares por la fuerza. Muchos niños fueron secuestrados por las autoridades estatales, a menudo por la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), en colaboración con la Iglesia.
La RCMP desempeñó un papel fundamental en el traslado forzoso de niños a los internados. Como relató un superviviente: “Un día [mis padres] estaban recogiendo bayas, y yo estaba jugando con otros dos niños en el patio delantero de la casa, cuando un RCMP, un sacerdote y dos monjas vinieron y me arrastraron fuera del patio y me metieron en un vagón. A eso se le llama secuestro. En aquella época no teníamos derecho a opinar”.
Las prácticas espirituales y culturales estaban prohibidas en los internados y a los niños no se les permitía hablar su propia lengua. También se les sometía a un plan de asimilación forzosa, que eliminaba cualquier afiliación tribal y los derechos reconocidos por los tratados. En la clásica tradición del doble lenguaje burocrático, este proceso se conocía como enfranchisement (emancipación, liberación). En muchas escuelas se referían a ellos con números, lo cual claramente los deshumanizaba.
Los castigos por mala conducta eran a menudo brutales y abusivos. Hay informes de niños a los que azotaron, golpearon, les afeitaron la cabeza, los encerraron en pequeñas celdas de confinamiento durante semanas, les dieron dietas de agua y pan, les bajaron los pantalones y los avergonzaron públicamente. Los abusos físicos y sexuales eran constantes. La falta de atención sanitaria y de nutrición era la norma. Se informó a los funcionarios del gobierno y de la Iglesia de los problemas en numerosas ocasiones y estos jamás hicieron nada para ponerles fin. La razón es que los abusos estaban implícitos y explícitos en el diseño del sistema de internados.
Al volver a casa después de años separados de sus familias e incapaces de hablar el idioma de sus antepasados, los estudiantes se veían ajenos a sus comunidades tradicionales. No recibieron los cuidados que los niños necesitan para desarrollar relaciones sanas en la vida adulta. Esto dio lugar a ciclos de violencia y problemas de salud mental que se transmitieron de generación en generación, creando un trauma intergeneracional que sigue infligiendo dolor a las comunidades indígenas hasta el día de hoy.
Además de los internados, también existió el periodo conocido como Sixties Scoop, que fue una continuación de la política de “matar al indio en el niño”, inspirada por el sistema de internados. Cuando el gobierno canadiense eliminó la obligatoriedad del sistema de internados en los años 50 y 60, introdujo el Scoop. En 1951, los servicios provinciales de protección del menor se ampliaron a los niños indígenas. En lugar de enviarlos a internados desprestigiados, los funcionarios de protección de menores arrebataron a un gran número de niños indígenas. A menudo, para despojarlos de su cultura, los enviaban a hogares de acogida no indígenas, donde los abusos eran comunes.
Lágrimas de cocodrilo
En respuesta al descubrimiento de la fosa común, Trudeau ordenó que las banderas de los edificios federales ondearan a media asta y prometió “acciones concretas”. El gobierno de Trudeau ha prometido un mayor apoyo a los supervivientes de los internados, así como la ayuda del gobierno federal para preservar las sepulturas y encontrar otros lugares de enterramiento sin marcar en los recintos de otros antiguos internados. Como es habitual, estas promesas del gobierno liberal no van acompañadas de ningún detalle concreto.
El gobierno federal ya ha pagado más de 4000 millones de dólares en indemnizaciones a las víctimas del sistema de internados. Para dar una idea del nivel de abusos que se daba ahí, estas reclamaciones implican casi 38 000 casos de agresión sexual o agresión sexual grave entre los 80 000 supervivientes que viven hoy en día. El descubrimiento de más fosas comunes y cementerios y una adecuada investigación forense de estos lugares costará dinero (dinero que el gobierno federal no querrá gastar) y la adecuada identificación de las víctimas dará lugar, con toda probabilidad, a más reclamaciones de indemnización. El gobierno federal ya ha demostrado que está dispuesto a gastar una gran cantidad de dinero para impedir que los supervivientes de los internados pidan indemnizaciones.
No hay más que ver la situación del agua potable en las comunidades indígenas para comprender el valor de las promesas de Trudeau y del gobierno federal. Trudeau llegó al poder prometiendo poner fin a las alertas de contaminación de aguas en las reservas para marzo de este año. El gobierno se retractó de esta promesa y explicó que las alertas se levantarían “lo antes posible”. Es un escándalo absoluto que no se puedan resolver estas alertas de contaminación de aguas (actualmente hay 52 alertas de larga duración en las reservas de todo el país), y que en algunos casos las comunidades indígenas lleven más de 25 años esperando que se reparen las redes de agua.
En el presupuesto de este año, los liberales prometieron destinar 18.000 millones de dólares en el transcurso de cinco años a las comunidades indígenas. Se trata de un aumento significativo en comparación con los 4.500 millones de dólares anunciados en el presupuesto de 2019. Tras las masivas protestas contra la opresión de los pueblos indígenas, los liberales han decidido intentar comprar la paz social. Sin embargo, ni siquiera esta cantidad los absuelve de su promesa de acabar con las alertas de contaminación de aguas en las reservas. Se han destinado 1.700 millones de dólares a las infraestructuras de las reservas, menos de la mitad de la cantidad necesaria para resolver el escándalo, y no se ha fijado un plazo para que todas las reservas tengan agua potable. Aún más indignante es el hecho de que, mientras el gobierno canadiense sigue negándose a dedicar fondos para suministrar agua potable, estaba más que dispuesto a gastar casi el doble para comprar un oleoducto que han obligado a construir a través de las tierras indígenas.
El Estado canadiense ha demostrado en repetidas ocasiones que no es amigo de las comunidades indígenas. A pesar de décadas de promesas, poco ha hecho para mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas dentro o fuera de la reserva, o para reparar las generaciones de trauma causado por él mismo.
Para hacernos una idea de los niveles de pobreza en las comunidades indígenas, más del 80 % de las reservas tienen un sueldo medio inferior al índice de pobreza, y el sueldo medio de los indígenas tanto dentro como fuera de las reservas es un 30 % inferior al del resto de la población. Alrededor de la mitad de los niños de las Naciones Originarias viven en la pobreza. La tasa de encarcelamiento de los indígenas es 10 veces mayor. Cerca de la mitad de las reservas de Canadá necesitan un colegio nuevo y más del 40 % de las viviendas necesitan reparaciones urgentes.
Los políticos burgueses lloran de vez en cuando lágrimas de cocodrilo por las mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas, por las familias que han perdido a sus seres queridos por suicidio, y ahora por las víctimas de abusos en los internados. Sin embargo, estas mismas personas se cruzan de brazos y no hacen absolutamente nada para abordar la miseria subyacente en las comunidades indígenas causada por el abuso y abandono de ese mismo Estado.
Recordad a los muertos, luchad a muerte por los vivos
La Federación del Trabajo de Ontario (OFL) y la Federación del Trabajo de Alberta (AFL) han hecho un llamamiento por un día de luto nacional y a que se busquen más tumbas en otros antiguos internados. Es importante destacar que la AFL también ha pedido que “se retiren los nombres de los arquitectos del sistema de las escuelas y los edificios públicos, y que se investigue el actual sistema de protección del menor, que sigue separando a los niños indígenas de sus familias y su cultura”.
Estas demandas son un buen punto de partida, pero hay que hacer más. Mientras que el gobierno federal y la mayoría de las iglesias responsables del sistema de internados han ofrecido disculpas formales, la Iglesia Católica se ha negado a presentar una disculpa, que en cualquier caso sólo sería simbólica. Y lo que es más importante, la Iglesia Católica se ha negado a hacer públicos los documentos relacionados con las muertes de niños y las tumbas sin nombre en los antiguos internados. El gobierno federal también tiene documentos que no ha divulgado, y se ha opuesto a la divulgación de documentos en relación con el caso de Saint Anne.
Estos documentos constituyen una parte importante de cualquier investigación sobre las muertes de niños en internados y tienen una relación directa con el caso del internado de Kamloops. Por ejemplo, según Mary Ellen Turpel-Lafond, directora del Centro de Historia y Diálogo de los Internados Indios de la Universidad de la Columbia Británica en Vancouver, cuando la Comisión de la Verdad y la Reconciliación intentó averiguar lo que ocurrió en los internados, se le dijo que en el de Kamloops solo hubo 50 muertos.
Los crímenes y abusos cometidos en los internados no son agua pasada. La última escuela no cerró hasta 1996 y la de Kamloops, en particular, no lo hizo hasta finales de los años setenta. En primer lugar, las propias comunidades indígenas deben encargarse de todas las investigaciones. Las comunidades indígenas y el movimiento obrero en general deben unirse y exigir la publicación de todos los documentos de la Iglesia católica y de los gobiernos a todos los niveles y exigir que los responsables de estos abusos y crímenes, tanto individuos como instituciones, sean procesados y rindan cuentas.
No podemos limitar nuestra lucha por la justicia y la liberación indígena a la cuestión de los internados. Hay que detener inmediatamente cualquier proyecto de oleoducto, minería y complejo de viviendas que invada las tierras y los derechos indígenas. El dinero gastado en estos proyectos debe utilizarse para poner fin a las alertas por aguas contaminadas y para resolver la profunda crisis de infraestructuras en las comunidades indígenas. Con el dinero gastado en todos los proyectos empresariales se podría pagar la reparación de todas las redes de agua, así como de las viviendas, los centros médicos y las escuelas, todos los cuales están gravemente infrafinanciados en las comunidades indígenas.
Los territorios tradicionales no cedidos deben ser reconocidos y devueltos a las comunidades indígenas correspondientes de forma inmediata. En casos como el de la lucha de los Haudenosaunee, debemos luchar por el fin del acoso policial de 1492 Landback Lane. Todas estas tierras robadas y prometidas deben ser devueltas a los Haudenosaunee y a todas las demás comunidades en disputas territoriales similares.
La solidaridad de los trabajadores de la Corporación de Minas de Hierro de Baffinland con sus hermanos y hermanas indígenas nos muestra el camino a seguir. El movimiento obrero debe seguir desarrollando estos sentimientos de solidaridad con la lucha indígena, la cual es innatamente anticapitalista y una parte inherente de la lucha de clases en Canadá. Todas las luchas que hemos presenciado en los últimos años han sido acciones indígenas contra una empresa privada que invade sus tierras. Estos son los mismos capitalistas contra los que lucha la clase obrera en general. Cualquier acción del movimiento obrero contra los desarrollos empresariales reforzará la lucha contra la explotación y opresión continua de los pueblos indígenas. Para que esto sea una realidad, el movimiento obrero debe vincularse firmemente con la lucha que aquellos llevan a cabo.
El Estado capitalista no puede permitir que se produzca ninguna reconciliación significativa, ya que esto socavaría fundamentalmente los intereses de la clase capitalista. Los pequeños gestos y las disculpas llorosas no pueden reconciliar a los pueblos indígenas con todo lo que se les ha arrebatado. Aunque las apariencias de la clase capitalista cambien, la realidad sigue siendo la misma. Como ha demostrado Trudeau en repetidas ocasiones, la reconciliación no es más que una distracción mientras siguen pisoteando los derechos indígenas y se siguen obteniendo enormes beneficios.
Mientras el Estado canadiense permanezca bajo el control de los capitalistas, continuará su implacable afán de lucro con la explotación de la tierra y los recursos de Canadá. El desprecio de los derechos de los indígenas a la tierra y a los tratados representa una contradicción irreconciliable entre el Estado canadiense y los pueblos indígenas. Dicho Estado capitalista debe ser derrocado. Es el mismo que reprime no solo a los pueblos indígenas, sino a todos los trabajadores y oprimidos de Canadá. La unidad de los trabajadores y los oprimidos es un componente clave para derrocar al Estado capitalista. Mediante la unidad de los trabajadores indígenas y no indígenas y el respeto a la soberanía indígena, a la tierra y a los derechos sobre los recursos, los pueblos indígenas tendrían por fin el poder de determinar democráticamente su propio destino. Juntos, podríamos construir una sociedad socialista basada en el control democrático desde abajo para la satisfacción de las necesidades humanas en lugar de la explotación, el beneficio y la destrucción del medio ambiente que trae consigo el capitalismo.
Tras siglos de explotación, genocidio y abusos, no hay posibilidad de reconciliación entre los pueblos indígenas y sus explotadores: los capitalistas y su Estado. Mientras el capitalismo siga gobernando la tierra, estos crímenes continuarán. El camino hacia la auténtica liberación de los pueblos indígenas es la unidad de clase y la lucha por un futuro socialista. Si nos mantenemos firmes en nuestra unidad de clase y si nos comprometemos a recordar a los muertos y a luchar a muerte por los vivos, podemos derrocar este sistema podrido.
