El 21 de febrero de 2022, la Corte Constitucional colombiana despenalizó el aborto hasta la semana 24 y a partir de la semana 25 las mujeres pueden acceder a la IVE bajo las 3 causales que había señalado la CC en la sentencia C-355 de 2006: peligro para la vida o salud de la mujer; malformación fetal incompatible con la vida y violación, incesto o inseminación artificial no consentida.
Esta enorme victoria en la lucha por la emancipación de la mujer puso a Colombia a la vanguardia en la cuestión de los derechos reproductivos, cuando se le compara con la despenalización hasta las 16 y 18 semanas en países como Argentina y México, respectivamente.
Después de tres años, sin embargo, parece claro que la despenalización no es suficiente para ponerle fin a la criminalización social del aborto y garantizar el derecho de las mujeres a la autonomía corporal. Las denuncias por el delito de aborto consentido aumentaron en un 13 % en el último año: mientras en 2023 había 110 casos por este delito, en 2024 fueron registrados 124, según cifras dadas por la Fiscalía General. Las organizaciones feministas han luchado en estos tres años para legalizar el aborto y sin embargo, no se ha podido pasar una ley.
Para poder analizar esta situación es importante preguntarse cuáles son las condiciones reales de la salud reproductiva del país y cómo debe proceder el movimiento obrero para romper los obstáculos que evitan que las mujeres tengan autonomía sobre su cuerpo. En última instancia, estos obstáculos son producto del enorme atraso de la economía nacional, el acceso inequitativo a los servicios de salud; así como los intereses y necesidades de la clase dominante colombiana para mantener la fuerza de trabajo.
Un avance legal, pero con retos en la práctica
La despenalización ha logrado ser un avance legal en la garantía del derecho a la salud de las mujeres, la autonomía corporal y los derechos reproductivos. Sin embargo, la brecha de desarrollo en el país evita que la gran mayoría de las mujeres en las áreas más pobres tengan acceso a servicios de salud reproductiva de calidad.
Factores como el conflicto armado, las distancias que deben recorrer las mujeres hacia las cabeceras municipales, el costo del transporte, alimentación y hospedaje en las ciudades principales y finalmente, el desconocimiento del personal de salud en relación con la prestación de servicios de aborto; son condiciones que limitan el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en las zonas rurales y/o los municipios más empobrecidos.
A pesar de que la resolución 051 de 2023 plantea la importancia de garantizar el acceso al aborto de las mujeres, también excluye los abortos de los copagos. Esto significa que las mujeres que deciden ejercer su derecho a interrumpir su embarazo terminan recurriendo a la clandestinidad, con todos los riesgos sanitarios que eso implica.
De acuerdo a “Médicos sin Fronteras”, una ONG francesa que atiende pacientes en zonas de conflicto: «Algunas quisieran interrumpir su embarazo, pero tienen varios obstáculos: para ir de la vereda al pueblo necesitan más de 100 mil pesos, tienen que contar con la autorización del padre o su pareja e incluso con la aprobación moral de sus vecinos porque las pueden juzgar”. Las barreras sociales para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, también limitan la autonomía corporal de las mujeres y amenazan con dar continuidad a embarazos no deseados, aún cuando no existen las condiciones materiales para sostener una hija o hijo.
Las ciudades tampoco son lugares donde la salud reproductiva se garantice de manera universal y con la calidad que estos servicios requieren. De acuerdo a un estudio de Profamilia, ninguna ciudad de Colombia logró llegar a un co-eficiente de 50 (sobre 100) en procedimiento (determinado como “las actividades y acciones relacionadas con la seguridad y eficiencia en la atención del aborto.”) y estructura (“la disponibilidad de recursos físicos, humanos y organizacionales.”).
Hay dos factores jugando en contra del derecho demócratico de las mujeres de tomar decisiones sobre sus cuerpos. Por un lado, está la cultura colombiana, arraigada en la tradición católica, con los doctores y las familias de las consultantes jugando el papel de cancerberos entre las mujeres y su salud sexual y reproductiva. Según un estudio realizado por Oriéntame con base en los datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) revela que el 25,4% de las mujeres no recibió información clara sobre sus opciones al solicitar una IVE. Esto implica una clara violación al derecho a la información y la autonomía corporal, pues impide que las mujeres tomen decisiones informadas sobre su salud reproductiva y su proyecto de vida.
Pero el factor principal detrás de la falta de acceso al aborto no es una cuestión de legalización y marcos júridicos sino de la cuestión del funcionamiento del sistema capitalista, que no está dispuesto a invertir en instalaciones y facilitar el acceso al aborto. El mismo estudio de Profamilia concluye explicando que es necesario “fortalecer la infraestructura de salud” y “capacitar a los profesionales de salud”. De acuerdo a Luis Carlos Ortiz Monsalve, director de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, hay 3.655 ginecólogos en Colombia, correspondientes a un poco más del 10% de los 31.000 especialistas en Colombia. Comparando esto con la población femenina del país de 26’100.000 personas, hay un ginecólogo por cada 7.141 mujeres, aproximadamente.
El problema de personal está vinculado a las condiciones de trabajo en la ruralidad, que hacen que muchos especialistas graviten hacia las ciudades, por no decir la incapacidad del sistema de proveer educación y entrenamiento médico a amplias capas de la población. Además, el impacto de los discursos y conductas moralistas llevan a que muchos profesionales de la salud decidan recurrir a la objeción de conciencia (mal aplicada) y/o presionar a las consultantes para cambiar su decisión de interrumpir su embarazo. De estos casos, Oriéntame registra que el 25.2% de las mujeres han sido víctimas de violencia institucional relacionada con la persuasión para no abortar.
A esto se añade, las barreras administrativas que dificultan el acceso oportuno de las mujeres a los servicios de aborto. Pues, muchas entidades han establecido una serie de procesos burocráticos que dilatan la atención de las mujeres y/o las someten a situaciones de sufrimiento emocional y físico, ante la experiencia prolongada de un embarazo no deseado, ni planeado.
La actitud timorata de los reformistas
El problema no solo es de infraestructura y personal, sino también de dirección. La dirección del Pacto Histórico tiene una postura altamente contradictoria al respecto de la cuestión de la autonomía corporal. Por un lado, los miembros femeninos de las altas cúpulas impulsan el movimiento de Causa Justa y luchan abiertamente por el aborto libre. Por otro lado, hay elementos como Alfredo Saade y el propio presidente Gustavo Petro que promueven la posición ambigua de “Aborto cero”. Según ellos, lo que se requiere es una campaña de educación que le permita a las mujeres cortar los embarazos indeseados de raíz a través de la abstinencia. Más allá de esto, vale la pena recordar que Mary Anne Perdomo, representante del Pacto Histórico, también firmó un proyecto de ley anti-aborto.
Estas posturas heterogéneas son el producto de la naturaleza del Pacto Histórico, como una coalición que abandera todos los elementos que se consideran de izquierda sin importar su procedencia. Esta composición causa que en la coalición entren todo tipo de elementos oportunistas que veían en el Pacto Histórico la continuación de su carrera política después de los eventos del 2021.
Paradójicamente, la apertura de la coalición a todo tipo de elementos que se presentan de repente como izquierdistas y progresistas viene con una falta de democracia interna en las estructuras del partido. Las listas cerradas son el mecanismo por el cuál la coalición define quienes son sus candidatos. El criterio de esa definición tiende a ser de carácter oportunista, afianzándose en aquellos elementos que creen que pueden ganar las elecciones, más no basándose en las necesidades concretas del movimiento ni cómo luchar abiertamente por el programa que dicen defender. El epítome de este fenómeno fue la candidatura de Gustavo Bolívar en Bogotá que quedó de tercero en una carrera de dos caballos, perdiendo en un terreno en donde el mismo Presidente Petro es una figura altamente popular.
La respuesta de la derecha
La bancada provida dentro del congreso ha intentado derrogar la decisión de la Corte Constitucional a través de una campaña de solicitudes de nulidad. De las 49 solicitudes que han llegado a la corte, 48 no cumplían con los requerimientos para ser estudiadas, y la única revisada fue denegada. 75 proyectos legales han sido propuestos para prohibir el aborto. Hasta ahora, ninguno ha pasado.
Sin embargo, la bancada provida está compuesta por los partidos clásicos de la oligarquía colombiana, desde el Centro Democrático (la corriente política alrededor de Álvaro Uribe Vélez, representando a los terratenientes antioqueños) y el Partido Conservador (el partido histórico de los empresarios colombianos). La razón por la que han podido intentar estas medidas legales a través de los últimos dos años es porque tienen los recursos y el apoyo de las instituciones ideológicas clave del país, como la Iglesia.
En esta, y en muchas otras cuestiones, se ve la importancia de un partido independiente de clase. El Pacto Histórico sólo podrá luchar de manera contundente por los derechos de las mujeres en la medida en que se desligue de los terratenientes y el capital financiero que dirige a los partidos tradicionales.
En última instancia, la oligarquía colombiana depende enormemente de la lucha contra el aborto por un par de motivos concretos. Necesitan forzar a las mujeres obreras a tener hijas ya que esto facilita su esclavitud asalariada (para las madres solteras) y su esclavitud dómestica (para las madres forzadas en muchos casos a mantenerse con sus esposos).
Por el otro, la lucha contra el aborto es una arista en la guerra cultural cuyo verdadero proposito es distraer a la clase obrera de la lucha de clases. Al recetar soluciones misóginas en pro de la familia pueden presentar el problema del declive del capitalismo como una pérdida de valores tradicionales y poner a hombres y mujeres en contra.
La realidad es que los intereses materiales de los hombres y las mujeres obreras están íntimamente ligados. Ambos son explotados por la patronal y la liberación de los dos depende de la expropiación de los banqueros y los empresarios que se benefician directamente de la explotación de los obreros. La tarea de los comunistas es exponer esta verdad a como dé lugar.
Para poder liberar a la mujer de la opresión del hombre es necesario liberar a los hombres y las mujeres de la opresión del capital.
¡Por la legalización completa del aborto!
Como marxistas, luchamos por la autonomía corporal de las mujeres y personas con posibilidad de gestar, sin importar su género, explicando que es un derecho democrático fundamental. En ese sentido, es claro que la lucha por la despenalización del aborto sin condiciones es la única consigna que reconoce plenamente este derecho fundamental.
Sin embargo, como hemos explicado anteriormente, el problema del aborto no se puede resolver en el papel. Es necesaria una fundamental transformación de la sociedad que permita el entrenamiento de doctores, la expansión de la infraestructura del sector salud, la producción de anticonceptivos, la educación de todas las personas en cuidado reproductivo y el acceso de las mujeres a métodos anticonceptivos, entre otras muchas cosas. Todo esto requiere remover el lucro de las altas esferas de la economía.
Ciertamente, las concesiones legales en este caso son importantes. Para iniciar, son el producto de la lucha de cientos de miles de jóvenes a través de todo el país que sacrificaron tiempo, dinero y recursos para presionar al aparato estatal. Sin embargo, es claro que este sistema no puede implementar los derechos democráticos más básicos en la medida en que estos choquen con las ganancias de la oligarquía colombiana.
La verdadera legalización del aborto pasa primero y ante todo por la lucha por el poder de la clase obrera. Ciertamente, una revolución socialista no eliminará de la noche a la mañana los prejuicios de nuestra sociedad. Pero eliminará los cimientos sobre los que estos están construidos. Los problemas culturales que este sistema engendra (la misoginia y la transfobia) podrán ser combatidos por hombres y mujeres libres del capital.
No podemos prescribir exactamente como la sociedad colombiana cambiará después de una revolución socialista. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que la base detrás de la opresión de la mujer (así como la opresión de los afrodescendientes, los indígenas y todos los grupos económicos) es económica. Una revolución socialista le pondría fin a estas opresiones a largo plazo, permitiendo a todas las comunidades oprimidas trabajar como pares por primera vez con el resto de la sociedad. Lo que tenemos que ganar trabajando juntos (toda la riqueza que producimos como sociedad, administrada de manera planificada y democrática) es mucho más grande que las migas de pan que se nos ofrecen para dividirnos.
Sobre la base de una economía planificada, todas las mujeres podrían finalmente acceder a los recursos necesarios para de verdad tomar control de sus destinos sin ser forzadas a ser madres contra su voluntad.
Nuestra consigna es simple: Mujeres libres de los hombres, ambos libres del capital
